Argentina y la línea del derecho a la propiedad

El gobierno de Cristina Fernández ha corrido un poco más la cerca que deslinda la intervención del Estado en la actividad privada.



En efecto, su decisión de levantar el límite de 5% a su participación en los directorios de las empresas en que tiene presencia (42 en total, a las cuales ingresó a resultas de la nacionalización del sistema de jubilaciones privadas en octubre de 2008), ha abierto un espacio de incertidumbre y polémica en la vecina nación.

Ayer, y muy en el estilo de no dejar pasar ningún reproche, inmediatamente el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió al paso y advirtió que la decisión no sólo se mantiene a firme, sino que además supone que el Estado no será un “socio bobo” en esas compañías.

El punto de fondo es qué se entiende por socio “no bobo”. Si significa, como ocurre con los inversionistas institucionales, como las AFP chilenas, que se nombrará directores profesionales e independientes que velen por el desempeño de la empresas, no habría problema. Pero si supone que el Estado, y en definitiva la autoridad política, avasallará a los legítimos accionistas e impondrá una agenda propia, se estaría vulnerando de manera grave el derecho a la propiedad.