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REGÍSTRATE AQUÍEl gobierno de Cristina Fernández ha corrido un poco más la cerca que deslinda la intervención del Estado en la actividad privada...
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 15 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.
El gobierno de Cristina Fernández ha corrido un poco más la cerca que deslinda la intervención del Estado en la actividad privada.
En efecto, su decisión de levantar el límite de 5% a su participación en los directorios de las empresas en que tiene presencia (42 en total, a las cuales ingresó a resultas de la nacionalización del sistema de jubilaciones privadas en octubre de 2008), ha abierto un espacio de incertidumbre y polémica en la vecina nación.
Ayer, y muy en el estilo de no dejar pasar ningún reproche, inmediatamente el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió al paso y advirtió que la decisión no sólo se mantiene a firme, sino que además supone que el Estado no será un “socio bobo” en esas compañías.
El punto de fondo es qué se entiende por socio “no bobo”. Si significa, como ocurre con los inversionistas institucionales, como las AFP chilenas, que se nombrará directores profesionales e independientes que velen por el desempeño de la empresas, no habría problema. Pero si supone que el Estado, y en definitiva la autoridad política, avasallará a los legítimos accionistas e impondrá una agenda propia, se estaría vulnerando de manera grave el derecho a la propiedad.
La dirigente de la asociación que agrupa a grandes multinacionales de esta industria en Chile sostuvo que se debe rediseñar el fondo para medicamentos de alto costo para adaptarlo a las realidades del sector salud.
Un análisis del Estudio La Firma, integrada por exasesores del Ministerio del Trabajo, estimó que las modificaciones al diseño original de la iniciativa podrían reducir en cerca de 26% su potencial de creación de empleo femenino.