En Arica y Parinacota, el nombre Quiborax es sinónimo de empleo. La compañía minera dedicada a la extracción de ulexita y ácido bórico da trabajo directo e indirecto a alrededor de 2 mil personas en la región y se estima que aporta entre 7% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
“No queremos un Huachipato aquí en el norte", dijo el gobernador regional Diego Paco Mamani, en referencia a la crisis de la industria siderúrgica que ha impactado al Biobío, al tiempo que emplazaba al Presidente Gabriel Boric, exigiendo la presencia urgente de autoridades del Gobierno central en terreno.
Origen del conflicto
El caso estalló en 2022, cuando la Corporación Nacional Forestal (Conaf) denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente que Quiborax operaba sin una evaluación ambiental vigente dentro del Monumento Natural Salar de Surire, hábitat de diferentes tipos de flamencos. La denuncia derivó en una investigación publicada por CIPER, que reveló correos internos y documentos donde se discutían fórmulas para flexibilizar los límites de explotación.
Pero el conflicto se agudizó tras el anuncio de Conaf de que no tiene facultades para cerrar directamente su operación, lo que generó incertidumbre sobre la vía regulatoria. Según fuentes regionales, existía un acuerdo técnico entre la empresa y Conaf que estaba avanzado y buscaba compatibilizar producción y conservación; sin embargo, tras un cambio en la dirección nacional de la corporación, las conversaciones se detuvieron y el caso fue remitido al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia del Medio Ambiente. Los informes técnicos elaborados por Conaf y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) constataron alteraciones visibles en el paisaje del Salar de Surire, atribuibles a la actividad de la minera.
Entre los hallazgos se identificaron caminos no regulados dentro del área protegida, extracción de material a mayor profundidad de la permitida y la formación de lagunas artificiales, situaciones que habrían modificado el hábitat de los flamencos altoandinos y reducido su disponibilidad de alimento.
Desde septiembre de 2024, la faena de Quiborax se mantiene paralizada por orden del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que decretó medidas cautelares tras acoger una acción presentada por el Consejo de Defensa del Estado. El organismo acusó a la minera de provocar daño ambiental en el Salar de Surire, dentro de un área protegida que constituye el principal hábitat de tres especies de flamencos altoandinos que utilizan este ecosistema para reproducirse: el flamenco de James, el andino y el chileno. De acuerdo con antecedentes técnicos incorporados en la causa, durante la temporada 2022-2023 no se registró reproducción de estas especies en el Salar, pese a que anteriormente se habían identificado más de veinte sectores con actividad de nidificación.
La empresa, por su parte, sostiene que la acusación aplica criterios retroactivos sobre operaciones históricas, legalmente autorizadas desde 1984.
La situación escaló en los últimos días con protestas de trabajadores que han bloqueado la Ruta 11-CH a la altura del kilómetro 62, vía que conecta Arica con Bolivia. La movilización respondió a la incertidumbre sobre el futuro de las operaciones de Quiborax, ante el inminente vencimiento de las medidas cautelares ambientales, que mantienen paralizadas las actividades de la compañía en el Salar de Surire. Hoy, sólo se autoriza el retiro de material acumulado.
"Nuestra región atraviesa momentos difíciles y no vemos desde el Gobierno Central la atención que esta crisis merece. Nuevamente nos dejarán solos como región. No queremos un Huachipato aquí en el norte”, señaló el gobernador.
Desde el mundo laboral, los dirigentes han expresado su preocupación por el impacto que la paralización de la faena podría tener en el empleo y la estabilidad de cientos de familias. Frente a la falta de certezas, insisten en la necesidad de que se restablezca el diálogo entre la empresa y las autoridades para evitar un colapso productivo en la región.
Crisis de alcance regional
Quiborax es una de las pocas empresas industriales instaladas en Arica, lo que ha llevado a las autoridades a considerarla estratégica para la ciudad nortina.
El senador José Durana (UDI) advirtió que la situación podría escalar hacia una crisis social y económica de alcance regional, ante la falta de alternativas laborales en Arica. A su juicio, el cierre de Quiborax representaría un golpe severo para la zona. “Arica no puede pagar los costos de decisiones tomadas desde Santiago. Debemos cuidar las fuentes laborales”, subrayó.
Ahora, trabajadores y autoridades regionales piden una mesa de trabajo con participación del Gobierno para buscar una pronta salida que resguarde empleos y a la vez, proteja el medio ambiente. “El Consejo de Defensa del Estado aplica retroactividad cuando la empresa opera legalmente desde hace décadas”, declaró Nicole Tirado, dirigenta del Sindicato N° 2 de Quiborax. En tanto, Samuel Apaza, dirigente del Salar de Surire, señaló que “detrás de cada trabajador hay una familia; no queremos más desempleo ni improvisación”.
¿Se repite la historia?
El caso de Quiborax vuelve a poner sobre la mesa el debate entre sustentabilidad y desarrollo regional y un reclamo eterno de las regiones: el centralismo. Para los trabajadores es una crisis que amenaza con repetir la historia de Huachipato: una industria estratégica que se apaga por decisiones tomadas lejos del territorio.
La principal diferencia, sin embargo, es que mientras la industria siderúrgica nacional sufrió los golpes de la competencia desleal del dumping chino, que inundó el mercado global con acero barato, los problemas de la minera tienen un origen local, relacionado a la normativa medioambiental.
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