Finalmente, serán cinco las empresas que este martes darán el vamos a la Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas: BAT Chile, Duracell, Empresas SB, L’Oréal Groupe Chile y Penguin Random House Grupo Editorial. La entidad estará presidida por el abogado Arturo Alessandri. Y, aunque AB InBev figuraba originalmente entre sus impulsores, la compañía se restó por razones internas, sin entrar en más detalles.
Pero los objetivos de la iniciativa se mantienen intactos, según sus impulsores: entregar una respuesta urgente y práctica a las empresas frente a una realidad cada vez más compleja, aseguran. Más aún si se considera que “el comercio ilícito dejó de ser un simple problema de competencia desleal o de empleo y hoy es el brazo financiero y la caja chica del crimen organizado transnacional”, acusó Alessandri.
Precisamente para enfrentar estas economías, que mueven alrededor de US$ 5.700 millones al año, varias de las firmas afectadas decidieron reunirse, convencidas de que el sector privado debe asumir lo que han denominado una “corresponsabilidad corporativa frente a la crisis de seguridad”.
¿Cómo? Según Alessandri, mediante una acción conjunta entre entidades públicas y privadas que reúna a los distintos sectores impactados por la piratería, la falsificación y el contrabando, y que han visto cómo este fenómeno aumenta año tras año de manera preocupante.
Para graficarlo, Alessandri expuso varios ejemplos. “En el caso de los libros que se suben directamente a la web, de acuerdo con Link-Busters, se pasó de más de 7 millones de enlaces ilegales eliminados en 2023 a más de 22 millones retirados durante 2025. A esto se suman más de 77 millones de enlaces removidos de motores de búsqueda”.
En el caso de las pilas, también existen cifras dramáticas. En el mercado chileno se comercializan aproximadamente 110 millones de unidades al año, de las cuales 53 millones corresponden a la marca Duracell. Además, se estima que más de 5 millones de pilas falsificadas se venden bajo dicha marca. Sin embargo, hay un caso fuera de todo rango: el consumo de cigarrillos ilegales ya representa el 60% del total nacional. Y así, suma y sigue.
Por ello, Alessandri detalla varias líneas de acción que serán abordadas por la agrupación. La más importante es impulsar la creación de un Sistema Nacional de Información Interinstitucional que actúe de manera independiente y oriente los esfuerzos públicos y privados. A ello se suma la propuesta de unificar el discurso público sobre las economías ilícitas, con el objetivo de contar con una definición, una narrativa y acciones congruentes que terminen con la romantización y la tolerancia frente a este fenómeno, especialmente en el comercio.
Finalmente, la agrupación plantea implementar un sistema eficiente para la gestión de bienes incautados, que permita aplicar la destrucción temprana o la reutilización social de los bienes decomisados. El objetivo es liberar capacidad operativa en bodegas, juzgados y aduanas, un problema que, a juicio de Alessandri, hoy es complejo de enfrentar y termina restando foco y urgencia a la fiscalización.
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