Pesquera Alimentos Marinos S.A. (Alimar) presentó una demanda contra el Estado de Chile en la que exige una compensación superior a los US$ 140 millones. La acción judicial responde a los efectos patrimoniales generados por la aplicación de la Ley N° 21.752 de Fraccionamiento Pesquero, normativa que modificó anticipadamente las reglas del sector y redujo la participación industrial en el acceso a recursos marinos.
La compañía, con presencia operativa en Lota, Coronel y Talcahuano, sustenta su exigencia económica en la pérdida de utilidades futuras proyectadas y en la afectación directa al valor de sus licencias. Las materias primas de Alimar corresponden principalmente a jurel, sardina común y anchoveta, destinadas a la elaboración comercial de congelados, harinas y aceites.
Según los antecedentes, la empresa ingresó al sistema de Licencias Transables de Pesca (LTP) promovido por el Estado en 2013, renunciando a sus permisos indefinidos a cambio de garantías de operación. No obstante, el nuevo esquema redistribuyó las cuotas de captura entre los sectores industrial y el artesanal antes de lo pactado.
“Alimar renunció a sus permisos de pesca indefinidos y aceptó una rebaja inmediata de sus derechos a cambio de una participación que el Estado garantizó por ley al menos hasta 2032. Esa participación se redujo antes de ese plazo y sin compensación. Es como pagar por una concesión a plazo fijo y que te quiten parte de lo concedido antes de que venza”, detalló el abogado experto en derecho de Libre Competencia, Tomás Menchaca, representante legal de la compañía.
A juicio de la pesquera, la disminución de cuotas sin indemnización transgrede su derecho de propiedad al suprimir el valor económico de las licencias. “La discusión que se abre con esta acción judicial no es sólo sectorial; también aborda cómo el país entrega certezas para desarrollar inversiones de largo plazo y cómo se equilibran los cambios regulatorios con la confianza legítima de quienes operan bajo reglas previamente establecidas y que otorgaban derechos plenamente incorporados a su patrimonio”, sostuvo Menchaca.
Respuesta de la industria
La acción judicial interpuesta por Alimar se suma a medidas de las mismas características de otras compañías pesqueras que también buscan proteger su patrimonio y operaciones ante la Ley de Fraccionamiento.
Así, empresas del sector como Camanchaca (US$ 100 millones), Landes (US$ 70 millones), FoodCorp (US$ 100 millones), Fríosur (US$ 46.600 millones) y Blumar (US$ 216 millones) han apelado a criterios similares en sus ofensivas legales.
Respecto a la demanda de Blumar, en abril, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) desestimó la acción de la compañía, argumentando que las modificaciones introducidas por la normativa, no fueron constitutivas de una “expropiación regulatoria” sobre las Licencias Transables de Pesca de la empresa.
Bajo ese contexto, el abogado Menchaca comentó que las demandas interpuestas son viables porque el daño al patrimonio de las pesqueras se produjo frente al cambio en las condiciones para el ejercicio de la actividad productiva.
En ese sentido, comentó que “desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho, es fundamental que, si a un particular se le priva de parte de sus derechos adquiridos legítimamente, eso debe ser indemnizado, pues si no se va a dar una muy mala señal en los mercados. La inversión se basa en expectativas y si las expectativas son inciertas, acerca de si se van a afectar o no los derechos que el Estado concede, puede afectar gravemente la inversión y el crecimiento de nuestro país”, declaró finalmente.
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