El distrito minero de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, uno de los principales polos de la minería chilena, enfrenta hoy una disyuntiva regulatoria que podría marcar un precedente para el sector. Hace más de un año, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró un decreto supremo para declarar a la comuna como zona saturada por material particulado respirable (MP10).
El informe técnico que sustenta esa decisión concluyó que la norma fue superada, tanto en su estándar diario como anual, entre 2021 y 2023, en todas las estaciones de monitoreo evaluadas. Sin embargo, pese a estar redactado desde enero de 2025, el decreto aún no ha sido firmado por el Presidente de la República ni remitido a la Contraloría General para su toma de razón, manteniendo su destino abierto y alimentando las expectativas sobre una eventual salida negociado con las grandes mineras.
Dilación de la firma
La declaración de zona saturada se activa cuando las estaciones de monitoreo registran de forma reiterada niveles de contaminantes que superan las normas de calidad ambiental vigentes. En el caso de Sierra Gorda, los antecedentes técnicos del Ministerio del Medio Ambiente dan cuenta de excedencias sostenidas de MP10 en los últimos años, lo que dio origen a la elaboración del decreto.
Una vez declarada zona saturada, la comuna debe someterse a un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), instrumento que suele implicar exigencias más estrictas para las fuentes emisoras. Asimismo, la legislación contempla medidas provisionales mientras se dictan estos planes, imponiendo mayores restricciones a proyectos nuevos o a modificaciones de los existentes durante su evaluación ambiental. En el sector minero, esto se traduce en mayores plazos de aprobación, inversiones adicionales y mayores complejidades para el desarrollo de iniciativas productivas.
En ese marco, la abogada Marcela Klein, consultora y excoordinadora legal y jefa de proyectos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), explica que “para toda empresa minera, el hecho de que se declare saturada el área donde se desarrolla su proyecto implica un mayor nivel de exigencias y, por ende, de costos. Mayores costos para cualquiera de estas empresas conlleva una posible afectación de sus niveles de producción, impactando además los cronogramas preestablecidos para el desarrollo de los proyectos. Estas medidas son, evidentemente, una complejidad adicional para la inversión”.
Pese a ello, y aunque el decreto se encontraría listo para su firma desde los primeros meses de 2025, su tramitación se ha mantenido en suspenso, abriendo espacio a interpretaciones sobre la voluntad del Ejecutivo de avanzar por una vía alternativa.
“Se genera la posibilidad de que este gobierno dilate la declaración y lo deje para un análisis del próximo gobierno, considerando que ha habido un esfuerzo concreto de las empresas del sector por implementar medidas tendientes a mejorar la calidad del aire mediante un Acuerdo de Producción Limpia”, señala Klein.
Acuerdo de producción limpia
En paralelo, las tres principales compañías que operan en el territorio, Spence, de BHP; Centinela, del grupo Antofagasta Minerals; y Sierra Gorda SCM suscribieron con el sector público un Acuerdo de Producción Limpia (APL), orientado a mejorar la calidad del aire a través de compromisos concretos de mitigación, estudios técnicos y coordinación con el Estado, como alternativa a un plan de descontaminación tradicional.
Para la industria, este enfoque permitiría abordar la problemática ambiental con mayor flexibilidad regulatoria. Al respecto, Klein explica que los APL “son acuerdos público-privados donde se establece la posibilidad de que las empresas implementen medidas que ayuden a mejorar la calidad del aire del sector”, subrayando que se trata de un mecanismo que opera en paralelo al proceso normativo. “Estos acuerdos, que se adoptan al alero de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, no tienen incidencia en el proceso de declaración de saturación del área ni en el eventual plan de descontaminación”, precisa.
El pacto, considerado inédito en la minería chilena por su carácter colaborativo, fue presentado como una herramienta para anticipar medidas ambientales mientras el decreto de zona saturada sigue sin firmarse. En esa línea, la ministra de Minería, Aurora Williams, señaló en su momento que “lo que hace este acuerdo es establecer medidas concordadas por las empresas para anticiparse al decreto de zona saturada, pero una cosa no excluye la otra”, recalcando que el proceso regulatorio formal continúa vigente y que la eventual declaración sigue siendo una atribución del Ejecutivo.
Posibles razones de la demora
El contexto de mercado también aparece como un factor en el análisis. El desempeño del cobre ha sido particularmente sólido: el metal no solo superó su récord histórico, alcanzando los US$ 12 mil por tonelada, sino que acumula un alza cercana a 40% en 2025. En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre se transa en torno a los US $5,57 la libra, reflejando un escenario de precios excepcional que refuerza la presión por resguardar la continuidad productiva y las inversiones del sector.
Sin embargo, esta lectura no es compartida de forma unánime. Para Klein, el escenario también puede interpretarse en sentido contrario. “Si el precio del cobre está tan bueno, hay más recursos para implementar medidas. Al contrario, debiera significar que el gobierno tenga más incentivos para declararlo saturado, porque las empresas cuentan con mayor holgura financiera para desarrollar las medidas necesarias”, plantea.
¿Señal política o simple retraso?
La falta de firma presidencial abre interrogantes en la industria sobre si se trata de una señal política deliberada o de un simple retraso administrativo. Para el sector, la eventual validación del Acuerdo de Producción Limpia podría leerse como una señal pro inversión en la recta final del gobierno, sin desatender las exigencias ambientales. De concretarse, el mecanismo podría sentar un precedente replicable en otras zonas productivas con conflictos ambientales latentes.
No obstante, mientras el decreto de zona saturada permanezca sin firmarse, el escenario regulatorio de Sierra Gorda seguirá abierto, con un grado de incertidumbre tanto para las empresas como para las comunidades locales respecto de las reglas que regirán en el mediano y largo plazo.
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