Finalmente, en medio de la polémica y resistencia de los vecinos del sector, el inicio del cobro del TAG para los vehículos que circulen por el Puente Industrial de Concepción, ya tiene fecha. El Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria anunciaron este martes que a partir del lunes 24 de noviembre se comenzará a hacer efectivo el cobro del peaje electrónico sobre el viaducto. Esto, pese a la molestia de un grupo de usuarios, que habían presentado un recurso ante la justicia para evitar el inicio de la tarifa hasta que no se entregara la totalidad de la obra completada.
Otro detractor de la medida ha sido el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, que tras el anuncio de la medida, y tal como ya había anticipado, presentó una propuesta económica y operativa al MOP que evite el pago de la totalidad del valor.
En vez del cobro íntegro del peaje de $ 737 para autos y $ 2.211y $ 3.685 para camiones con y sin carga, respectivamente, la autoridad regional propone implementar un pago progresivo de sólo un tercio del valor a los usuarios livianos, que representan 85,7% del flujo, junto con restringir el paso de camiones por el Puente Llacolén.
El objetivo, explica, es generar incentivos que promuevan la continuación del cruce por el viaducto y evitar que los automovilistas retornen a las rutas antiguas para eludir el peaje. Su propuesta contempla tres fases de pago, proporcionales al avance de las obras pendientes. Así, planeta que, a partir de diciembre el cobro sea de un tercio del valor total; de dos tercios a septiembre de 2026 y la tarifa completa cuando esté totalmente finalizada.
Para compensar financieramente a la concesionaria, planteó además extender la restricción de camiones de más de dos ejes en el Puente Llacolén entre las 07:00 a 21:00 horas, forzando al transporte de carga a utilizar el Puente Industrial, donde la tarifa es más alta.
Tribunal acoge recurso
Las propuestas de Giacaman fueron respaldadas por los alcaldes de San Pedro de la Paz y Hualpén, quienes han sumado críticas a la postura del MOP. Definición con la que también están en desacuerdo un grupo de sampedrinos, quienes presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, que fue admitido por el tribunal y se encuentra en tramitación.
Tal como declaró hace unos días a Diario Financiero el alcalde sampedrino, Juan Pablo Spoerer, el municipio prepara sus propias acciones judiciales, distanciándose del recurso vecinal. "No compartimos la presentación de recursos ante la Corte de Apelaciones solamente para la foto. Nosotros realmente queremos lograr objetivos concretos". Medida que a la fecha no se habría concretado.
Más duro fue el tono de Miguel Rivera, alcalde de Hualpén, quien denunció que el sector de la península y la calle Finlandia se han convertido en una "trampa mortal" y un caos vial debido a que las obras de mitigación comprometidas (paneles acústicos, semaforización y seguridad vial) no se han ejecutado. "No sé en qué parte del mundo se empieza a cobrar por algo que ni siquiera se ha terminado de construir como corresponde".
Dijo además que duda de los plazos de la ministra Jessica López y mantuvo en pie su advertencia de movilización social si no hay soluciones antes de fin de año: "Si la ministra no cumple, voy a ir a tomarme el puente en un 100%".
La apertura del nuevo puente sobre el Biobío, a inicios de septiembre, ha permitido descomprimir el históricamente “punto de congestión más grande de Chile”, en el acceso norte a la Ruta 160, justo en el ingreso al Puente Industrial por San Pedro de la Paz. De acuerdo con estimaciones de la concesionaria, la obra ha contribuido a reducir los tiempos de traslado en hasta 30 minutos.
El que usa paga
Sin embargo y pese a los beneficios viales, el gobernador Giacaman considera "inadecuado" y de una "arrogancia importante" por parte de la ministra la decisión de iniciar este lunes, tal como lo establece el contrato con la concesionaria.
Pese a la arremetida regional, desde la sociedad concesionaria confirmaron que el cobro comienza el lunes, argumentando que el contrato de establece el derecho al cobro bajo el principio de "quien usa, paga", permitiendo financiar la operación y mantenimiento.
La empresa destaca que, durante los dos meses de marcha blanca, más de 850 mil conductores han experimentado una reducción de tiempos de viaje de hasta 30 minutos y advirtió que más del 60% de los dispositivos gratuitos no han sido reclamados, lo que se traduce en un riesgo de pagar una tarifa más elevada de este primer pórtico de telepeaje en regiones.
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