Cerrar el cerco a la intencionalidad y terminar con la impunidad en los incendios forestales es el objetivo que se ha trazado la Fiscalía Regional del Biobío al activar un inédito protocolo de investigación criminal que, por primera vez, sienta en la misma mesa operativa a las policías, las Fuerzas Armadas y al sector privado a través de Corma. La medida busca blindar la evidencia y agilizar la persecución penal en una zona donde más de la mitad de los siniestros son provocados.
La fiscal regional, Marcela Cartagena, explicó que el instrumento nace de la necesidad de ordenar el flujo de información entre las distintas agencias para evitar la dispersión de evidencia. “Hicimos un compendio de las buenas prácticas y las experiencias de los años anteriores para concretar un protocolo que establece cómo nos vamos a desenvolver para investigar incendios forestales, interactuando con las instituciones que hemos convocado”, señaló la persecutora. El protocolo define entre otras medidas a quiénes actuarán como coordinadores operativos, la activación de canales de denuncia y las normas para el resguardo del sitio del suceso.
Desde el sector privado, la iniciativa fue recibida como una señal de certeza necesaria. Margarita Celis, gerenta general de Corma Biobío-Ñuble, enfatizó el rol de la industria en la entrega de antecedentes técnicos. “Las empresas forestales nos ponemos a disposición de este trabajo porque sabemos la urgencia y necesidad de realizar investigaciones oportunas, teniendo mayor acceso a las pruebas e información que nosotros obtenemos, de tal manera que estén a disposición para que esas indagaciones logren llegar a los culpables”, afirmó.
Estado de Excepción
La coordinación también integra el despliegue militar vigente en la zona desde que se decretó hace tres años el Estado de Excepción en la macrozona sur.
El contraalmirante Arturo Oxley, jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío, aclaró el rol de las Fuerzas Armadas en este esquema colaborativo. “Nosotros privilegiamos aquellos incendios forestales que tengan afectación respecto de la población. Esa es nuestra prioridad. Pero también, en una condición de Estado de Excepción (...) custodiamos a los brigadistas cuando ellos están atacando el incendio”.
El protocolo cobra especial relevancia ante las cifras entregadas por Conaf, cuyo director regional, Esteban Krause, advirtió que en el Biobío "más del 50% de los incendios son intencionales", lo que exige una respuesta coordinada para determinar responsabilidades penales. El plan incluye capacitaciones inmediatas y se verá reforzado por la PDI mediante su Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema).
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