El Consorcio Buspay será el encargado de implementar y operar el sistema de pago electrónico en el trasporte público del Gran Concepción, luego que la compañía tecnológica se adjudicara la licitación del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) por una inversión de $ 750 millones anuales.
El nuevo sistema de pago abarcará una flota de 1.800 máquinas que operan en 11 comunas de la metrópolis penquista como Concepción, Penco, Chiguayante, Hualqui, Hualpén, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé, Lota y Coronel. Además, marcará un hito a nivel nacional al incorporar el servicio de conectividad de Santa Juana, siendo el primer servicio rural del país en operar con esta tecnología.
En conversación con DF Regiones, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, destacó la envergadura del proyecto y los impactos que tendrá en los más de 700 mil usuarios que diariamente utilizan en transporte público en esta zona del Biobío. "Estamos dando un paso fundamental para el mejoramiento y modernización del sistema, logrando sumar un nuevo hito en una gestión que incluye buses de alto estándar y mejor infraestructura", destacó Daza.
Evasión debería bajar
El cambio es visto por los operadores locales como un punto de inflexión para la rentabilidad y seguridad del negocio. Según explicó Alejandro Riquelme, presidente de la Asociación de Taxibuses del Gran Concepción, la digitalización permitirá tener certeza respecto al flujo real de dinero que se mueve en el transporte público local y por ende, la verdadera producción de este sector económico.
"Vamos a transparentar la recaudación real de los buses. Cuando está la intermediaria del conductor, hay una caja, hay gente y hay evasión; no sabemos cuánto es lo que produce realmente la industria", explicó el dirigente gremial. Riquelme proyecta que la evasión debería bajar, tal como ha ocurrido en experiencias similares en Chillán y Temuco.
Seguridad para conductores
La modernización no sólo apunta a la experiencia del usuario, sino que es vista por Daza como una herramienta de formalización laboral y seguridad pública. Al eliminar el efectivo de los buses, se busca reducir los asaltos y permitir que los operarios se enfoquen exclusivamente en la conducción.
Este nuevo método de cobro apunta a “darle una tranquilidad a los choferes, en el sentido de que a partir de la instalación del recaudo electrónico sólo se tienen que preocupar de la conducción del vehículo y así también aumentar las condiciones de seguridad vial para los viajes que para nosotros como Ministerio también es muy importante”.
Riquelme y Daza coincidieron en que éste será el mayor activo del sistema, sobre todo en sectores que el gremio ha identificado como críticos. "Hay lugares emblemáticos como Candelaria, Boca Sur o la población Emergencia en Hualpén, donde esperaban a los conductores para robarles la recaudación. Al no tener efectivo, ya no deberían haber asaltos", detalló Riquelme.
El Subsecretario agregó que además con este cambio, deberá establecerse una relación contractual diferente. "A partir de la instalación del recaudo, tiene que haber una conversación distinta entre las empresas y sus trabajadores. Nosotros estamos por la formalización de las condiciones laborales y esta es una herramienta clave para ello", explicó el subsecretario, aludiendo al fin del "corte de boleto" como incentivo salarial.
Asimismo, el dirigente valoró el impacto en el clima laboral durante los recorridos, pues "Los conductores están contentos porque se termina esa interacción conflictiva con el estudiante o el adulto mayor por la tarifa. Ahora cada usuario acerca su tarjeta y paga".
Modelo de negocio
La firma adjudicataria, Buspay, ya cuenta con experiencia operando el recaudo electrónico en los buses eléctricos de Antofagasta, además de sistemas en Europa y Latinoamérica, y su implementación en Biobío será integralmente con recursos fiscales.
“La inversión que está haciendo el ministerio de Transportes es de alrededor de $ 750 millones al año, durante el plazo que dure la licitación”, enfatizó el subsecretario Daza. El modelo de financiamiento es celebrado por los operadores del transporte público local. "No ha significado ningún costo (para nosotros) porque esta fue una licitación del Gobierno. Todo el sistema lo paga el Estado", aclaró, confirmando además que la tarifa de $ 580 para el usuario se mantendrá inalterada.
El nuevo sistema destaca por la diversificación de los medios de pago, permitiendo el uso de tarjetas bancarias y códigos QR vía celular, además de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y un nuevo plástico dedicado que lucirá el icónico Campanil de la UdeC. Para el despliegue de la red de carga, se habilitarán cinco centros de atención y cerca de 500 puntos en la intercomuna.
En términos comerciales, si bien la tarjeta tendrá un costo de mercado cercano a los $ 1.550, el plan considera una partida inicial gratuita de 29 mil unidades, asegurando además la continuidad de los subsidios tarifarios vigentes para estudiantes y el descuento del 50% para adultos mayores a través de un dispositivo especializado.
El cronograma trazado por la cartera establece que, tras la firma del contrato en las próximas semanas, comenzará la instalación de los validadores a bordo entre abril y mayo. La marcha blanca se proyecta para el tercer trimestre, periodo en el que convivirán el pago con tarjeta y el efectivo por cerca de tres meses y "hacia finales de 2026 esperamos tener el 100% del sistema funcionando y que comience el pago exclusivamente con recaudo electrónico", proyectó el Subsecretario.
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