La empresa generadora Colbún S.A. presentó ante el Consejo Regional de Los Lagos su Plan de Reparación por Daño Ambiental para el ecosistema del lago Chapo. La iniciativa, que se encuentra en etapa de elaboración y debe ser aprobada por el Tercer Tribunal Ambiental, está orientada a mitigar los impactos derivados de la operación de la Central Hidroeléctrica Canutillar.
Su formulación preliminar responde a un proceso legal iniciado 2022 tras una demanda y que en enero de 2026, enfrenta la ratificación de la Corte Suprema del fallo que previamente había entregado el Tercer Tribunal Ambiental, que responsabilizó a la empresa por el deterioro del entorno, producto de las operaciones de la central que provocaron "fluctuaciones perjudiciales en el ecosistema".
La sanción obliga a la firma a someterse a la institucionalidad ambiental de manera retroactiva, lo que constituye un caso de referencia a nivel nacional sobre las responsabilidades corporativas y los actuales estándares de reparación exigidos a la gran industria.
Ingreso al SEIA
Luego de la inédita exigencia de evaluar las operaciones bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Pedro Pablo Silva, gerente de Sistemas de Gestión de Energía de Colbún y coordinador del Plan de Reparación del Lago Chapo, detalló que la compañía se encuentra analizando los posibles mecanismos de ingreso en conformidad con la normativa ambiental vigente.
“La definición del mecanismo de ingreso estará determinada por los resultados de los estudios contemplados (…) que servirán para fundar técnica y científicamente las mejores medidas para controlar los procesos erosivos y contribuir a la recuperación de atributos del paisaje”, comentó el ejecutivo.
Aunque Colbún reconoce que no es posible anticipar aún todas las consecuencias de la implementación, pues requiere de la revisión del Tribunal Ambiental, adelanta que hasta ahora, “el único cambio de operación concreto es la exigencia de operar con una cota mínima de 231 metros sobre el nivel del mar (MSNM), similar a la implementada en acuerdo con la comunidad en 2018”, cuando se pactó que el límite estaría en 230 MSNM”, relató Silva.
En esa línea, advirtió que la central Canutillar cumple un rol relevante en el suministro eléctrico del sur del país. "Cualquier eventual ajuste operativo deberá compatibilizar la sostenibilidad ambiental de la cuenca con las necesidades del sistema eléctrico”, sentenció el ejecutivo.
El Plan
La propuesta de Colbún, que establece cuatro dimensiones enfocadas en la recuperación de los ecosistemas que habitan el lago Chapo, fue analizada en una comisión conjunta integrada por autoridades regionales y vecinos del sector.
Además de la restricción en la cota hídrica, el plan incluye medidas para controlar los procesos erosivos evidenciados en las riberas y recuperar el entorno natural, evaluar nuevas variables de operación según definiciones del SEIA y fortalecer su socialización con las comunidades locales.
Cabe consignar que Canutillar fue construida por el Estado e inició su operación en 1990 al alero de Endesa, en un contexto normativo, ambiental y climático distinto al actual. Colbún adquirió el activo en 2005 "con todo en regla” y desde 2018, “la compañía adoptó voluntariamente medidas ambientales preventivas, entre ellas el establecimiento de una cota mínima de operación acordada con la comunidad (de 230 MSNM), monitoreos ambientales permanentes de calidad de agua y fauna, y la creación voluntaria de áreas de conservación como Rincón del Sur. Estas acciones se adoptaron con anterioridad al fallo judicial”, comentó Silva.
Costos de implementación
Consultado sobre las medidas económicas específicas que permitan garantizar el financiamiento de las mitigaciones y rentabilicen la operación, Colbún aclaró que los montos de inversión aún no están cuantificados.
Silva aseguró que la ejecución fue asumida como una prioridad institucional, pero precisó que "no existe aún una estimación económica, ya que el costo final del plan dependerá del alcance de las medidas que se definan, sobre la base de los estudios en curso y sobre todo, de la aprobación de la autoridad competente". Los estudios dicen relación con la caracterización física, hidrológica y ecológica del ecosistema.
No obstante, la empresa especificó que el enfoque del plan no apunta a soluciones industriales o de alta complejidad tecnológica, sino más bien a criterios técnicos basados en evidencia científica y en soluciones compatibles con el entorno natural; por ejemplo, técnicas de bioingeniería con vegetación nativa y elementos naturales existentes en el entorno, orientadas al control de la erosión y a la recuperación gradual de riberas, tal como lo establece la sentencia del Tribunal Ambiental.
Compensaciones económicas
Respecto a compensaciones económicas para otras actividades productivas afectadas por los cambios en el ecosistema del lago Chapo, como el turismo en el Parque Alerce Andino o Cochamó, Silva fue categórico al aclarar que “la sentencia del Tribunal Ambiental no contempla mitigaciones pecuniarias ni para el demandante ni para la comunidad”.
El ejecutivo recordó que con anterioridad a la demanda y la sentencia, Colbún ha venido desarrollando programas de “inversión social y trabajo conjunto con las comunidades, independientes del Plan de Reparación Ambiental, como el apoyo sostenido al turismo local, la Mesa de Turismo y Desarrollo Productivo, el paseo costero y la Casa Lago Chapo”.
Estas iniciativas, explicó, “no se conciben como compensaciones económicas, sino como parte de una estrategia de relacionamiento territorial de largo plazo, al igual que en todas nuestras centrales”.
El Tribunal otorgó un plazo de 120 días hábiles, con posibilidad de ampliación, para presentar el documento definitivo, lo que ocurriría durante el segundo semestre. La fecha de inicio para implementarlo dependerá exclusivamente del tiempo que tomen las autoridades en revisar y aprobar el expediente propuesto.
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