La entrada en vigencia el año pasado de la Ley de Royalty Minero ha implicado la mayor inyección histórica de recursos para el sistema de financiamiento municipal y regional: más de $ 670 mil millones entre 2024 y 2025 (unos US$ 700 millones). Y ahora enfrenta su desafío más importante: traducirse en beneficios con impacto social.
El royalty financia dos fondos comunales -el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI)-; y uno regional, el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD).
Los GORE deben informar semestralmente sobre los gastos que se efectúen con cargo a los recursos del Fondo. En el caso de las comunas, su rendición será en marzo de 2026.
En 2024, la Ley de Presupuesto adelantó parte de los recursos que se repartirían desde 2025. A través de los Fondos Puente se distribuyeron $ 93.646 millones a 307 comunas, con un promedio de $ 235 millones para cada una en el caso del FET y $ 532 millones por comuna por el FCMI. Adicionalmente se entregaron $ 139 mil millones a los gobiernos regionales, vía FRPD.
¿Qué se hizo con esos recursos? Todos los municipios que reciben estas asignaciones están obligados a reportar su inversión a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Ya informaron respecto del Fondo Puente, a comienzos de este año. Era clave hacerlo, porque era prerrequisito para la recepción de los fondos 2025, explicó la titular de la Subdere, Francisca Perales. “Una parte importante de los recursos se está distribuyendo en obras y agendas que impactan directamente a las personas”, afirmó.
Los recursos son de libre disposición, es decir los municipios pueden utilizarlos en lo que estimen conveniente, con acuerdo del Concejo Municipal. Según la información reportada, un 34% de los recursos del Fondo de Equidad Territorial correspondió a iniciativas de inversión, como primera opción de gasto, con $ 23.245 millones. En el Fondo de Comunas Mineras también fue la alternativa más usada, con 49% y por un monto de $ 10.677 millones.
Según la subsecretaria, estas inversiones apuntan a mejoramiento de infraestructura pública, “lo que tiene un impacto social importante, pues genera empleo (...) y se mejora el entorno”. También destacó el gasto en bienes y servicios de consumo ($ 21.295 millones entre ambos fondos) para el funcionamiento de los municipios, y transferencias corrientes “que normalmente son iniciativas que corresponden a programas sociales”, por un total de $ 16.215 millones.
Lo pendiente
Hay diversas iniciativas y proyectos de los municipios presentados como ejemplos en los informes oficiales. Van desde becas estudiantiles y vehículos de seguridad (Lanco), hasta mejoras de infraestructura (liceos en Laja, veredas en Lo Prado y bomberos en Puente Alto), además de obras específicas como lomos de toro (Victoria) y proyectos de agua potable e innovación (San Juan de la Costa). Pero, aunque el detalle del gasto de los fondos del royalty minero es riguroso, la fase de evaluación de impacto es incipiente. Hasta ahora, no se han implementado indicadores.
Este es uno de los desafíos que el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, cree necesario abordar. Planteó que se debe “fortalecer la evaluación de impacto social y territorial de los recursos, para asegurar que este instrumento cumpla plenamente su propósito redistributivo y contribuya a mejorar la calidad de vida en las comunas más postergadas del país”.
Otro tema relevante para la asociación es avanzar hacia una mayor previsibilidad y rapidez en los traspasos. “La operación ha sido positiva, aunque en la etapa inicial hubo demoras en la transferencia de recursos, las que se han ido corrigiendo en coordinación con la Subdere”, afirmó.
La transparencia hacia la ciudadanía también está al debe. La información sobre el gasto está, pero no con el suficiente nivel de detalle. Al menos eso concluyó el Consejo para la Transparencia en la fiscalización extraordinaria que hizo a la “Publicidad de fondos royalty minero 2024”.
Los problemas en la reportabilidad y la transparencia también han sido detectados por el Ejecutivo. La subsecretaria Perales mencionó que “es muy relevante que la gente conozca y entienda cómo se usan los recursos”.
Las platas del año
Los municipios ya recibieron este año $ 218.615 millones. De eso, $ 165.905 millones corresponden al FET para 301 comunas de las 16 regiones del país, y $ 52.700 millones al FCMI, para 44 comunas de seis regiones mineras.
La información más actualizada sobre la distribución considera el primer semestre y fue informada por la Tesorería General de la República. En ese lapso, la suma de estos nuevos aportes ($ 109.313 millones) subió 8,5% los recursos para municipios. Además, los primeros lugares, Puente Alto y Calama, se mantienen si se compara con la distribución del Fondo Puente en 2024 (ver infografía).
La distribución de los recursos del royalty responde a dos lógicas: una, orientada a la equidad territorial; y, otra, a la compensación por actividad extractiva minera. Ambas utilizan las variables de asignación que se usan para el Fondo Común Municipal, pero con ponderaciones que difieren: mientras en el FET se busca equilibrar las diferencias entre comunas, en el FCMI se apunta a reconocer el impacto directo de la minería en los territorios.
En el FCMI, las 20 comunas que más recursos reciben concentran el 50% del total asignado. En el FET, las 20 principales receptoras se quedan sólo con el 25%. ¿La razón? Criterios de distribución distintos.
¿Y los GORE?
Las asignaciones del FRPD a los gobiernos regionales las hace Hacienda a través de la Ley de Presupuestos. La directriz es la misma que se usa para la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), esto es, teniendo presente la población en condiciones de vulnerabilidad social y las características territoriales.
Según la Dirección de Presupuestos, este año se distribuyeron $ 221.461 millones, con la Región Metropolitana liderando los aportes, seguida de La Araucanía. Para 2026, el proyecto de Presupuestos supone un alza de 2,9% a $ 227.860 millones.
A diferencia de los fondos que van a las comunas, el uso del FRPD no es discrecional. El decreto de Hacienda N° 669 de junio establece que no se podrán usar los recursos en planes y programas “que no tengan por objeto directo el fomento de actividades productivas, de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica”. Esta es una de las críticas de los gobernadores.
El presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Pablo Silva, afirmó que la implementación del sistema “no ha sido lo que esperamos”. A diferencia de lo que ocurre con los municipios, “es un ítem presupuestario restringido, porque no podemos redestinar dichos recursos a otras necesidades que tienen las regiones” y agregó que “por un lado, nos agregan recursos royalty, pero por otro nos quitan en otros fondos de inversión, lo que finalmente nos desfavorece”.
La ejecución y rendición “en régimen” del royalty recién comienza. Los gobiernos regionales deben informar semestralmente sobre los gastos que se efectúen con cargo a los recursos del Fondo. En el caso de las comunas, su rendición será en marzo de 2026. Ahí se podrá saber y evaluar en qué se utilizaron los más de $ 440 mil millones asignados este año a municipios y gobiernos regionales.
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