“Los estados financieros y operativos de la institución siguen viéndose severamente afectados por los graves problemas que se arrastraban de años anteriores”. Así comenzaba el primer análisis razonado de Clínica Las Condes (CLC) bajo la gestión de EuroAmerica e Indisa, quienes desde su llegada en enero de este año han debido “enfrentar una etapa de profundos cambios y reparaciones”.
Ocho meses después, el mercado ha recibido con buenos ojos el plan de los nuevos accionistas. Desde entonces, el precio de sus acciones se ha disparado un 85%, la tasa de sus bonos ha caído y la clasificadora de riesgo ICR mejoró su perspectiva.
Pese a esos avances y al espaldarazo del mercado, la herencia de la administración liderada por Alejandro Gil como presidente no ha sido fácil de dejar atrás para los nuevos dueños. Al desplome económico y operacional —con ingresos reales reducidos a la mitad, ocupación 50% menor y millonarias pérdidas durante los cinco años de su gestión— también se suma el frente judicial y tributario, donde los actuales accionistas han tenido que dedicar esfuerzos especiales para transparentar el estado de la compañía.
Herencia de batallas legales
Según la entrega de resultados a marzo de este año, CLC informó que enfrenta 256 juicios laborales, 109 civiles, cuatro arbitrajes y ocho disputas con el Servicio de Impuestos Internos (SII). La cifra representa la suma de los conflictos que enfrenta tanto la matriz como sus filiales Seguros CLC, Inmobiliaria CLC, Servicio de Salud Integrado y Nueva SSI.
Pero los datos en esta materia no son un estándar en la historia de la institución. Cuando Gil asumió el mando en 2019 -tras la OPA lanzada por la empresaria Cecilia Karlezi para tomar el control de la institución de salud-, la clínica reportaba públicamente a la CMF apenas un 4% de los juicios laborales que hoy enfrenta (diez casos), la mitad de causas civiles (57) y ninguna contingencia arbitral ni tributaria.
En ese sentido, la suma de cientos de aristas judiciales no solo ha golpeado la reputación de la clínica, sino también sus resultados. En marzo, la nueva administración tuvo que elevar drásticamente su proyección de gastos legales. Las provisiones judiciales saltaron de $1.630 millones a $8.850 millones entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, multiplicándose por 5,5 veces.
Fuentes cercanas a la compañía explican que uno de los principales desafíos de la actual administración ha sido justamente ir cerrando los frentes legales. Pese a que los avances que han logrado se revelarán el próximo jueves cuando la compañía informe sus resultados a la CMF, en los últimos meses la administración liderada por el gerente general, Pablo Yarmuch, anota los primeros hitos.
En junio pasado, CLC informó a la CMF el término del conflicto judicial y arbitral que sostenía con las isapres Banmédica y Vida Tres. El entendimiento contempló un nuevo convenio comercial que permitirá la atención de pacientes afiliados a ambas isapres en modalidad de libre elección como atención preferente. Mientras que en lo financiero, el impacto ya se sintió justamente a través del aumento de las provisiones por juicios que ejecutó la nueva administración.
Y un segundo hito se alcanzó en el frente de los conflictos con los exmédicos por impago de honorarios al cerrar un acuerdo extrajudicial con un grupo de 20 facultativos que interpusieron querellas por una apropiación indebida contra CLC. (Ver recuadro)
Un largo camino por recorrer
Pese a los avances, las tramas judiciales aún tienen camino por recorrer. Según la última información pública —presentada en mayo—, CLC enfrenta 181 casos en que Fonasa rechazó cubrir gastos bajo la Ley de Urgencia, lo cual le generó una deuda impaga con el Estado por $1.423 millones.
Pero los casos van más allá de lo médico. Paralelo a los otros casos, la operadora de estacionamientos Saba demandó a la filial inmobiliaria de la clínica, Inmobiliaria CLC, por diferencias contractuales entre las partes. Pese a que la institución de salud respondió con una contrademanda, la última información disponible es que Inmobiliaria CLC solicitó el cambio de árbitro y aún no existe una resolución definitiva.
Desde el otro lado de las disputas, la nueva administración también ha tenido que revisar las causas donde es demandante. Uno de los principales aspectos trata sobre los $43.000 millones que los antiguos controladores le exigieron al Fisco para recuperar costos derivados del estado de excepción durante la pandemia. En ese caso, el nuevo equipo legal de CLC sinceró que la clínica tiene escasas probabilidades de éxito, por lo que asumió la totalidad de la pérdida.
En las disputas con médicos, la nueva administración también detalló en marzo que se mantiene en etapa de conciliación con el doctor Ignacio Corvalán, a quien demandó por deudas pendientes.
La arista tributaria
Pero hoy, otro de los principales contrincantes legales de la clínica es el Servicio de Impuestos Internos (SII). Desde hace años, el organismo viene rechazando gastos y detectando diferencias tributarias heredadas de la administración anterior.
En simple, el SII expresa que la clínica ha registrado gastos “no justificados”, disminuyendo los impuestos que debía pagar. La diferencia no es menor. La exposición para CLC podría bordear los $10 mil millones en pagos directos al fisco, más la pérdida de cerca de millones en futuros beneficios tributarios.
En el ámbito tributario, el caso más complejo —hasta ahora— corresponde a la filial Servicio de Salud Integrado (SSI). La sociedad arriesga el pago de $9.560 millones por diversas irregularidades tales como descuentos incorrectos aplicados en consultas y exámenes ambulatorios, intereses cargados a la matriz improcedentes como gasto, y rechazo de servicios facturados.
A lo anterior se suma la corrección hecha el año pasado a los estados financieros. En esa ocasión, el SII acusó que las pérdidas tributarias declaradas en 2021 eran de $60 mil millones y no $71 mil millones, diferencia de $11 mil millones que implica menores beneficios tributarios para adelante.
Fuentes al interior de la firma explican que las millonarias disputas tributarias también han registrado avances desde la última entrega de resultados. Por el lado del impacto financiero, los desacuerdos con el SII pueden tardar años en generar desembolsos para CLC.
“Mientras no se dicte sentencia definitiva de primera instancia, el SII no puede emitir los giros asociados. En caso de que la sentencia sea total o parcialmente desfavorable, y se presenten recursos de apelación y/o casación, la ley permite solicitar la suspensión del cobro de los giros tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema hasta que se dicte una sentencia firme”, explicó el abogado de Fischer y Cía., Patricio Casas.
“El cobro efectivo podría iniciarse en cinco años o más”, agregó Casas.
Una transacción compleja
El reconocimiento de mayores gastos por aristas judiciales no es el único cambio de criterio que ha tenido la nueva administración. Tras la transacción que significó un desembolso de US$ 40 millones, la renovada gerencia tuvo que reformular los estados financieros por errores de la gestión anterior. Además de las provisiones por juicios, se reconocieron nuevas provisiones de indemnizaciones, costos mensuales, honorarios médicos, gastos en períodos anteriores, entre otras.
Fuentes cercanas a la compañía coinciden en que las “revisiones de los datos continúan” y que “siguen saliendo sorpresas”. Por eso mismo, el próximo jueves 11 de septiembre es una fecha clave. La clínica presentará sus resultados del primer semestre, y el mercado estará atento no solo al desempeño del negocio, sino también a los ajustes contables y la evolución de los casos judiciales y tributarios.
El primer acuerdo en la arista penal con los exmédicos de CLC
Las acciones legales interpuestas por exmédicos de su planta es uno de los frentes judiciales más complejos para la actual administración de CLC, especialmente en la arista penal con las querellas en reclamo del pago de honorarios profesionales adeudados a más de 40 facultativos, que partió en 2022 acusando a la institución del eventual delito de apropiación indebida como persona jurídica y que luego se extendieron a Alejandro Gil, añadiendo luego cargos por administración desleal.
Un paso clave en el desenlace de esta causa ante el 4.º juzgado Garantía de Santiago se concretó hace una semana, cuando un grupo de 20 exmédicos –que sumaban montos impagos por más de $ 2.000 millones- se desistió de la querella contra CLC tras alcanzar un acuerdo extrajudicial. “Tras la venta de CLC a EuroAmerica–Indisa, ellos se acercaron con la idea de solucionar en parte el perjuicio generado en la administración anterior, y después de varios meses de negociaciones, finalmente los médicos que represento aceptaron un acuerdo extrajudicial. La seriedad con que la nueva administración afrontó este tema llevó a mis representados a aceptar el acuerdo que, si bien no cubre todos los conceptos que se podrían haber considerado, reconoce a lo menos los montos nominales, y es bastante aceptable para sus intereses”, dijo el abogado Patricio Fernández, socio de Healthlegal-Advisors.
Eso sí, los facultativos mantienen la querella contra Alejandro Gil, actualmente formalizado en este caso que está en fase de investigación.
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