Desde que la Contraloría reveló la semana pasada que 25.000 funcionarios salieron del país entre 2023 y 2024 estando con licencia médica, el escándalo no ha parado de crecer.
Hasta el lunes, según informó Hacienda y la Dipres, en el Gobierno Central se habían iniciado sumarios a 6.592 funcionarios pertenecientes a un total de 131 servicios públicos.
Los abusos volvieron a poner sobre la mesa la necesidad reformar el empleo público y modernizar el estatuto administrativo que establece la normativa laboral del sector. Con ello, en los últimos días también se aceleró el trabajo que venía realizando el Gobierno en ese sentido para presentar al Congreso un proyecto de ley.
Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) comentaron que dentro de los compromisos del Ejecutivo con la Mesa del Sector Público, en el marco de la negociación del último reajuste, “consideramos la presentación de un proyecto de ley de reforma al empleo público”.
Asimismo, destacan, en el protocolo de acuerdo firmado entre el Gobierno y la Anef en septiembre de 2024, se definió establecer una mesa de trabajo para abordar los sistemas de ingreso a la administración pública, desarrollo de capacidades, movilidad en el Estado, confianza legítima, además de distinguir funcionarios permanentes y personal de confianza política.
“Recogiendo lo ya acordado, la propuesta que estamos preparando para ingresar próximamente al Congreso contempla diversos temas, entre los que se encuentra los regímenes laborales -como aquellos relacionados al personal a contrata- y los mecanismos de egreso de la administración”, detallaron desde la Dipres.
El objetivo, dicen, es lograr “un sistema de empleo público más moderno y adecuado a la realidad de nuestro país”.
El proyecto también considera medidas específicas para abordar el uso fraudulento de licencias médicas, lo que constituirá una causal de destitución especial para funcionarios a contrata y de planta, para lo que se establecerá un procedimiento breve de investigación, más expedito que un sumario administrativo.
"La propuesta que estamos preparando para ingresar próximamente al Congreso contempla diversos temas, entre los que se encuentra los regímenes laborales -como aquellos relacionados al personal a contrata- y los mecanismos de egreso de la administración" Dirección de Presupuesto
Un tema de fondo
Para algunos expertos, el “caso licencias” reveló el problema de fondo: la necesidad de modernizar la función pública y el Estatuto Administrativo que rige desde 1989.
“El empleo público se ha rigidizado en extremo para despedir funcionarios y se ha flexibilizado para que entren más personas al Estado”, dice Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes. “Lo que necesitamos son servidores públicos que sepan que su trabajo es importante y que su ausencia e ineficacia significa que menos chilenos podrán tener acceso a servicios públicos”, agrega.
Según los últimos datos de la Dipres, a septiembre de 2024, el personal disponible del sector público -incluyendo al Gobierno central, municipalidades, empresas públicas y universidades, entre otras entidades- llegaba a 929.552 trabajadores, con un incremento de 99.894 personas respecto de fines de 2022. En la administración central sumaban 454.318 funcionarios, con un aumento de 28.756 personas en dos años, mientras que el mayor incremento se observa en las municipalidades, donde llegaron a 343.790, tras un avance de 65.117 puestos.
El aumento de funcionarios públicos implica una carga cada vez más pesada para Fisco. En 2023 el gasto en personal del Gobierno General -incluyendo Gobierno central y municipalidades- totalizó a US$ 23.909 millones, equivalente a 7,1% del PIB, mientras que en 2010 llegaba a 5,7% del Producto.
Por otra parte, según el documento Radiografía del Ausentismo Laboral en el Sector Público, elaborado el año pasado por la Dipres, en 2006 el ausentismo de los funcionarios alcanzaba a 17,3 días en promedio al año, mientras que en 2023 había escalado a 31,8 días. El estudio señala que en el sector público general (Gobierno y municipalidades) se tramitan alrededor de 3,1 licencias por cotizante al año, más que duplicando al sector privad, que no llega a 1,3 licencias en promedio.
Desde el centro de estudios Horizontal también han abogado por una reforma que ataque al problema de fondo. “El Estatuto Administrativo tiene serios problemas, que exceden el caso de las licencias médicas, que impiden una adecuada gestión del Estado y que este tenga mecanismos de reacción expedita cuando hay fraudes masivos. Efectivamente sería positivo que este caso sirva para que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley para reformarlo, tanto para prevenir estos, como otros abusos”, señala Alfonso España, investigador de Horizontal.
Los cambios, plantea, deben establecer una diferenciación entre funcionarios de carrera y asesores de Gobierno, mejorar los mecanismos de ingreso al Estado y perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública, de tal forma que el ciclo electoral no influya demasiado sobre las funciones permanentes del Estado. “Esta mayor autonomía en el sector público sí ayudaría a reducir este tipo de casos, al priorizar la imparcialidad de las decisiones e investigaciones de los mismos servicios”, dice España.
En Pivotes, en tanto, en los próximos días también presentarán su propuesta. Coinciden en la necesidad de distinguir entre los cargos que son propiamente de carrera, que no cambian con cada gobierno, de aquellos que son políticos que dependerán del resultado de las elecciones. “La propuesta regula la selección basada en el mérito, una mayor movilidad entre servicios públicos, una evaluación permanente del desempeño y la posibilidad de desvincular a aquellos que le fallan a los chilenos”, plantea Galli.
“Sumarios serán muy complejos”
Para la exdirectora de Dipres y actual directora del Centro de Políticas Públicas USS, Cristina Torres, el caso licencias no tiene que ver con el actual Estatuto Administrativo sino con un tema de probidad. Sin embargo, aclara que “sí hubiera sido positivo tener un sistema laboral más flexible, acorde al siglo XXI”. Señala que “los sumarios serán muy complejos, y con dificultades prácticas, por ejemplo, en la Junji que tiene más de 2.000 casos y hay que verlos uno a uno. Desde el punto de vista del debido proceso es correcto que haya una investigación caso a caso, pero en la práctica, la Administración no tiene incentivos reales para concluir todos esos sumarios”, plantea.
Tampoco está claro, dice Torres, la recuperación de recursos. A diferencia del sector privado, en el sector público, en caso de tener licencia, el servicio empleador le sigue pagando su sueldo al funcionario, sin topes. Luego es el servicio el que debe recuperar esos recursos de la Isapre o Fonasa. Por lo tanto, si se hizo esa recuperación, serían las Isapres y Fonasa las que debieran reclamar los recursos en caso de que los sumarios determinen que las licencias fueron fraudulentas y se rechacen ahora, dos años después. Pero agrega que también podría haber casos en que la licencia sí fue otorgada por enfermedad, pero el trabajador no cumplió con el reposo. “Esto habrá que verlo caso a caso. Y dado el número de denuncias y los engorroso que es hacer un sumario, esto no será nada fácil”, dice Torres.
Tema de campaña
Los expertos celebran que el Gobierno esté preparando una reforma al empleo público, pero, dado que le queda menos de un año, se ve difícil que se alcance a aprobar durante esta administración. Porque es un tema políticamente complejo, que toca a un porcentaje no menor de trabajadores, y la búsqueda de acuerdos será fundamental.
“A diferencia del pasado, cuando algunos grupos de presión lograban evitar los cambios, o cuando pequeños intereses hacían del Estado una fuente de captura o botín, existe hoy una oportunidad para hacer de esta reforma un cambio necesario que venza esas inercias gremiales”, dice Galli.
Así, este será un tema que también se tomará por estos días la agenda de las campañas presidenciales. El próximo lunes el candidato de Republicanos, José Antonio Kast, presentará su propuesta para reformar el empleo público. También lo tiene en su programa la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuyo equipo ha estado trabajando la materia, con el apoyo de Horizontal y tomando como base el proyecto que el expresidente Sebastián Piñera presentó el último día de su segundo mandato.
A su vez, en las propuestas que presentó al Servel para las primarias la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, plantea que en su eventual Gobierno se abordarán “las modalidades de contratación en el sector público, enfrentando decididamente el problema de la precarización y estableciendo mecanismos que resguarden adecuadamente la estabilidad de la gestión pública”. Y en modernización del Estado propone una “modificación de estatuto de los funcionarios municipales para facilitar la movilidad entre municipios, ampliando las posibilidades de carrera y desarrollo profesional”.
En cambio, nada se dice sobre esto en la plataforma programática que presentó la candidata del PC, Jeannette Jara, ni en las propuestas del candidato del FA, Gonzalo Winter.
Ejecutivo avanza en reforma al SIL
Además, de ajustes al empleo público, el Gobierno también está trabajando en otro proyecto que contribuiría a reducir el uso de licencias médicas: una reforma al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).
Se trata de un beneficio económico que reemplaza total o parcialmente la remuneración que deja de percibir un trabajador durante períodos de incapacidad temporal para trabajar debido a enfermedad común o accidente no laboral. Según afirman de la Dipres, “actualmente el sistema tiene incentivos que distorsionan el uso de licencias médicas para un efectivo ejercicio del derecho a descanso”.
Hacienda se comprometió a enviar el proyecto de cambios al SIL en la tramitación legislativa del Presupuesto 2025 y luego lo incluyó en las medidas correctivas para reordenar las finanzas públicas tras el déficit del año pasado, ya que, al reducir el ausentismo laboral, generaría ingresos adicionales entre $243.804 millones y casi $360.000 millones anuales entre 2025 y 2029.
“Este es un proyecto de ley que se encuentra en su etapa final de diseño legislativo. Este proyecto incluirá ajuste de parámetros técnicos del Subsidio de Incapacidad Laboral, con el fin de corregir y ajustar los incentivos de su diseño, sin perder el norte de la protección social de los trabajadores durante sus procesos de recuperación de salud”, señala la Dipres.
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