Esta semana estuvo marcada por la presentación del proyecto de ley de Presupuestos 2026, la última que prepara esta administración y la primera que le tocará ejecutar a la que asuma La Moneda el 11 de marzo.
La directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, fue una de las protagonistas del diseño y presentación del erario, que incluye un alza del gasto de 1,7%, el fin de la glosa republicana que la administración saliente le hereda a la entrante, y un empeoramiento de la proyección del déficit estructural, desde 1,6% del PIB a 2,2%.
Ingeniera civil en minas de la UC y máster en Ciencia Política de NYU, Martínez hace frente a las críticas, a la vez que defiende lo que considera es un Presupuesto "responsable fiscal y socialmente".
"Lo que estamos viendo en el desvío de la meta fiscal se debe a dos grandes temas: uno, las acciones correctivas que se han ido atrasando, que representan un 0,3% del PIB; y, lo otro, depende de efectos puntuales en materia de cobre, principalmente por el accidente en El Teniente".
-¿Es un Presupuesto austero? Porque si se compara la proyección de gasto con la ejecución esperada para este año, el crecimiento del gasto sería 3,3%. E, incluso, si se consideran las medidas correctivas, el crecimiento podría ser 4%.
-El cálculo del crecimiento se hace en función del Presupuesto, más la ley de reajuste y otras leyes especiales. Es la metodología estándar de cómo se mide, lo hemos hecho así todos los años.
Lo que se hace es comparar siempre las leyes iniciales y no la ley inicial versus lo ejecutado. Sin embargo, ese tipo de análisis uno los puede hacer como complementarios.
-Ahora, este año han hecho muchos recortes y reasignaciones. La ley de Presupuestos que ingresó hace un año es muy distinta a la que hoy se está ejecutando.
-El 1,7% permite hacer la comparación más exacta al comparar peras con peras y manzanas con manzanas.
-¿Cuánto realmente costó hacer cuadrar el Presupuesto? El discurso es que se crece poco, pero que se hacen cargo de prioridades sociales.
-Si uno se fija cómo pasamos del déficit estructural que teníamos en el último IFP a este, finalmente se cuadra por dos razones: una, porque hicimos una reasignación o una rebaja de gasto para financiar otro tipo de gasto del orden de US$ 2.800 millones. Y, por otra parte, por los mejores parámetros que se estimaron por parte de los comités de expertos, tanto de PIB no minero tendencial como del cobre de largo plazo. Esas son las dos razones de fondo que permiten la expansión presupuestaria, que si bien es acotada, es una expansión.
"Las medidas correctivas legislativas materialmente no se alcanzan a ejecutar. Por eso no están dentro de la proyección de déficit".
-¿Hay un esfuerzo de reordenamiento mucho mayor?
-Exacto. Nosotros, en cada una de las leyes de Presupuesto, hemos tenido un porcentaje alto de reasignación; y de todas las leyes que hemos hecho, este es el que tiene el porcentaje más alto de reasignación. Son US$ 2.800 millones de reasignación.
-¿Esto no demuestra que se puede hacer más pero con la misma plata?
-El mensaje es que se puede gastar mejor. Por ejemplo, estamos rebajando US$ 150 millones en programas que estaban mal evaluados o que tenían algún hallazgo; y, en la mayoría de veces, eso permite en los mismos ministerios financiar otro tipo de gasto, que a nuestro juicio es un mejor gasto, que tiene un mayor impacto positivo en la población.
Entonces, efectivamente uno puede ir dando vueltas y mejorando el gasto público, pero eso tiene un límite.
-¿Cuál?
-Por un lado, por las leyes permanentes, ya que nuestro Presupuesto se ha ido rigidizando de manera importante, lo cual es consecuencia también de quizás una noticia buena, de que el país tiene mayores beneficios garantizados a la población. Pero, como contraparte, tiene una mayor rigidez del gasto. Entonces, siempre existe esa brecha y, por eso, hemos puesto énfasis en las acciones correctivas.
-¿Se cortó grasa en el Estado para este Presupuesto?
-¿A qué se refiere con grasa?
-Gasto que quizá se puede destinar a pagar beneficios, en lugar de gastos en bienes y servicios o contrataciones, por ejemplo.
-El Presupuesto tiene algunas mejoras de eficiencia. Los ministerios en general tuvieron que formular su presupuesto al 98%. Ellos mismos tuvieron que revisar aquello. Y, lo segundo, hay mejoras a nivel de la oferta programática.
-El discurso es que hay gasto relevante destinado a reactivación económica, ¿pero cómo conversa eso con el recorte de 16,4% en el Ministerio de Obras Públicas?
-Esto tiene que ver con una recomendación de la comisión asesora. Si bien existe una baja, aun así el presupuesto inicial es más alto que lo histórico que ha ejecutado el Ministerio de Obras Públicas. Más bien se reconoce la verdadera capacidad de ejecución.
Cuando ingresamos a la administración pusimos un impulso fiscal en inversión pública muy importante. Hicimos espacio para que eso ocurriera. Hoy hay varias obras que ya terminaron; pero, por otro lado, se ajusta el presupuesto del MOP por arriba de lo que ha ejecutado históricamente.
-Ahora, algo que ha resonado mucho estos días es que nuevamente habrá un incumplimiento de la meta fiscal. Se pasó del doble de lo que se esperaba hace un año, de -1,1% a 2,2% del PIB. ¿Por qué empeoraron tanto las proyecciones?
-El desvío de la meta fiscal del año pasado nos llevó a hacer nuevas estimaciones con la nueva metodología del FMI, incluida para el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre. En ese momento -aplicando las nuevas metodologías y, sobre todo, ajustando también las proyecciones que se tenían de la depreciación instantánea que se había legislado a fines de 2021- hicimos un reconocimiento de menores ingresos.
Lo que estamos viendo en el desvío de la meta fiscal se debe a dos grandes temas: uno, las acciones correctivas que se han ido atrasando, que representan un 0,3% del PIB. ,Y lo otro, depende de efectos puntuales en materia de cobre, principalmente por el accidente en El Teniente.
Pero acá se ha dicho mucho que los ingresos de nuevo no se están cumpliendo. Pero cuando uno ve la proyección del IFP del primer trimestre con el actual, por ejemplo, en materia de impuestos a la renta de contribuyentes no mineros, que es donde estuvo el principal desvío, estamos muy en línea con la ejecución. El acumulado a agosto de este año es de un 6,6% de crecimiento y nuestra proyección para este año es de 6%. En el fondo, nuestra proyección es peor que lo que hemos ejecutado hoy, porque sabemos que esto se va a ralentizar en lo que queda del año por efecto del fin de la Operación Renta.
-Ahora, si uno compara el IFP con el que se elaboró este Presupuesto, el crecimiento de ingresos totales era de 8,5% y ahora proyectan 6,8%. ¿No es eso justamente un desvío en las estimaciones?
-Pero eso fue a partir del cambio metodológico que se hizo.
-Independiente de aquello, nuevamente no se cumple la meta de balance estructural este año.
-Este año nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta, pero sabemos que está más difícil. Las mejores proyecciones son las que mostramos para el IFP.
-¿Pero siguen creyendo que se puede lograr la meta de déficit de 1,6% este año?
-Los esfuerzos siempre están por el cumplimiento de la meta, pero hoy día es más difícil.
-¿Puede asegurar que se puede cumplir la meta?
-Es más complejo.
-¿Pero usted cómo se toma que de nuevo no se vaya a cumplir la meta? El exministro Marcel decía que era el primero y más preocupado por aquello.
-Las metas obviamente están para cumplirlas. Por una parte, tenemos satisfacción al ver que los modelos de ingresos están siendo mejorados. El incumplimiento de la meta pasa por situaciones muy poco predecibles de cambios de la producción minera en el país. Y, por otra parte, cuando hicimos la meta de -1,6% del PIB, presentamos los proyectos de ley y las indicaciones respecto a las acciones correctivas.
-Pero en este informe ya no consideran el efecto de las acciones correctivas.
-No, no se consideran. Pero hacemos el análisis complementario de qué pasaría si se consideraran esas medidas.
-¿No hace una autocrítica de que se apostó a medidas correctivas que muchas de ellas debían pasar por el Congreso? En un año electoral es más complicado pasar leyes.
-Es que hay una convicción técnica ahí. El gasto no se podía seguir bajando en 0,3% del PIB sin medidas que requieren legislación.
-¿Pero no cree que fue un error igual haber puesto esfuerzo en medidas que no estaban aseguradas?
-De nuevo, hay una convicción técnica de lo que había que hacer para que un recorte de esa magnitud no empezara a afectar la continuidad de servicios y beneficios que llegan a la población.
-Ahora, directora, para alcanzar la meta del 1,6%, ¿qué debiera ocurrir?
-Todavía queda un trimestre. Tenemos que seguir viendo la última ejecución de los ingresos este año y revisando también cómo va a cerrar el gasto.
-¿Pero seguirán empujando las medidas correctivas?
-Las medidas correctivas legislativas materialmente no se alcanzan a ejecutar. Por eso, no están dentro de la proyección de déficit.
Además, si uno revisa la ejecución a agosto, el déficit efectivo es de -1,6% del PIB. Ahora, para llegar al déficit de -2,2%, estamos proyectando dos cosas: que las acciones correctivas no van a ocurrir; y que se va a concretar una caída de producción minera que va a impactar los ingresos. Pero hoy estamos con un déficit efectivo de -1,6% del PIB, que es distinta a la situación de hace un año, cuando el déficit era peor. Entonces, la situación es bien distinta.
-¿El tener nuevamente que corregir la proyección de déficit estructural, al final del día no erosiona la credibilidad de las finanzas públicas?
-A ver… con respecto al déficit estructural, la institucionalidad chilena ha tenido dos avances importantes en transparencia. El primero, fue tener estos Informes de Finanzas Públicas cada trimestre. Entonces, antes no teníamos esta actualización trimestral que mostraba esas variaciones. Y, lo segundo, es que tenemos una institucionalidad, a partir agosto del 2024, que pone un nivel de accountability y rendición de cuentas a los incumplimientos, que no los teníamos antes.
Entonces, hoy día tenemos una institucionalidad fiscal que logra visibilizar aún más los desvíos de la meta fiscal. Y antes el Gobierno no tenía que ir a rendir cuentas ni con el CFA ni con el Congreso. Entonces, tenemos un estándar distinto. 
"La política fiscal del próximo Gobierno no se juega por la glosa republicana, aunque es un debate pertinente"
-¿Ve mérito en la discusión sobre reponer la glosa republicana?
-Siempre es bienvenido el debate y será un tema en la comisión mixta. Y el miércoles también lo dijo el ministro Grau: estamos muy abiertos a propuestas que pueda haber al respecto, siempre respetando el límite de gasto que tiene el Presupuesto.
Este Gobierno recibió US$ 300 millones, más la posibilidad de reasignar US$ 300 millones, más US$ 200 millones. Lo que estamos transformando es un mayor gasto en posibilidad de reasignar, pero no es que hayamos tenido US$ 700 millones de libre disposición. Y, por otra parte, el Presupuesto sí tiene provisiones para contingencias, como por ejemplo para proyectos en tramitación.
Entonces, no es que la flexibilidad del Presupuesto esté absolutamente acotada a la glosa republicana, sino que hay otras formas de tener disponibilidad.
La mayor movilidad que tiene el Gobierno es que va a tener una política fiscal de acuerdo a sus prioridades para fijar las metas de balance y fijar una meta de deuda. Entonces, la política fiscal del próximo Gobierno no se juega por la glosa republicana, aunque es un debate muy pertinente de dar.
-¿Se puede hacer un recorte de gasto de US$ 6.000 millones en 18 meses como plantea José Antonio Kast? A ustedes les ha tocado tener la guitarra en mano y hacer recortes y reasignaciones.
-Es complejo hacer un recorte de esa magnitud, sobre todo si es un recorte total de gasto, porque una cosa es hacer una reasignación de gasto -que es lo que nosotros hemos hecho-; y, otra cosa, es hacer un recorte neto de gasto.
Uno tiene que ver las propuestas y ahí analizar si es posible o no, pero solamente por el número lo veo muy complejo.
-¿A cuánto asciende el recorte de gasto que han realizado en esta administración? Para poner datos sobre la mesa para el debate.
-El primer año hubo un recorte del 20%, que tenía una PGU que no estaba en el Presupuesto cuando se legisló. Luego tuvimos el 2023 una contención del gasto porque tuvimos emergencias y los Juegos Panamericanos, que venían atrasadas las obras por la pandemia. Luego tuvimos el año 2024, que fue el ajuste mayor de gasto, de US$ 1.500 millones de gasto primario.
La comisión asesora, solo en esfuerzos de recorte, encontró del orden de US$ 2.000 millones, diferenciando en medidas de corto plazo y de largo plazo.
-¿Cuánto le preocupa la situación de los proveedores en Salud y Vivienda?
-Ahí tenemos una mesa de trabajo constante con los servicios, especialmente con Educación, Vivienda y Salud, que son servicios descentralizados, como los Serviu, los SLEP y los Sersal. Entonces, es un trabajo permanente. Pero también quiero decir que este es un debate que ha sido con muy poca evidencia. Para poner como conceptos en común de lo que estábamos hablando, esto no se trata de deuda, no se trata de deuda flotante, no se trata de deuda de arrastre, se trata de cuentas por pagar que pueden estar dentro del proceso de pago o de los 30 días legales de pago, pero no es un problema presupuestario el que hoy existe, hasta lo que hemos revisado, por lo menos con las cifras oficiales que tenemos del Sistema de Gestión Financiera del Estado, donde sale la factura y cuando se paga o no esa factura. No vemos que sea un problema presupuestario.
No estoy diciendo que no haya ningún problema específico, solo que nosotros no hemos tenido acceso a algo específico para entender la situación, porque ha sido un debate sin tanta evidencia.
-¿Usted descarta que los Serviu no tengan presupuesto para pagar a la industria?
-Presupuestariamente y en términos de liquidez, tienen marco presupuestario, incluso los que tienen hoy día mayor ejecución y tienen la liquidez de acuerdo a ese marco presupuestario.
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