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Publicado: Sábado 24 de agosto de 2024 a las 04:00 hrs.
En estas semanas la atención ha estado puesta en los cortes del suministro eléctrico, la reposición y las compensaciones. Pero ahora que las empresas comienzan a salir de la crisis, entran en escena los equipos legales de las compañías y los abogados externos que los asesorarán.
En el caso de la firma de capitales italianos está liderando la estrategia legal para enfrentar las distintas aristas que se pueden abrir (penal, civil y administrativa) el fiscal de Enel Chile, Domingo Valdés, quien está trabajando codo a codo con el fiscal de Enel Distribución, Horacio Aránguiz.
Ambos trabajan con los equipos legales internos, ad más de los abogados externos: Cristián Muga y Ramiro Mendoza.
Enel tendrá que idear una estrategia para ver si se puede armar algún tipo de responsabilidad producto de casos particulares.
Todavía no se ha logrado levantar en ninguna de las empresas involucradas si producto de este episodio, que internamente califican de fuerza mayor, hubo clientes afectados personalmente, con perjuicios de salud o daños materiales producto de la caída de los tendidos o en sus intentos por reponer el servicio.
Por tanto, este es el gran desafío ahora, determinar el número de contingencias de personas afectadas -no sólo en la falta de suministro eléctrico-, ya que esto podría abrir una arista penal si los afectados deciden querellarse. A cargo de este tema está el abogado Cristián Muga. Por su parte, Mendoza fue fichado para llevar el tema de las compensaciones del Sernac.
También está la arista regulatoria, la que está siendo llevada por el equipo interno y lo que busca es probar que la distribuidora estaba estructurada de acuerdo a la empresa modelo y sus exigencias. Este asunto lo está viendo por ahora la fiscalía de Enel Distribución.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
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