Esta semana quiero utilizar este espacio para poner la mirada en un mercado fuera de Estados Unidos. Por dos razones. La primera, aún no tenemos una actualización completa del calendario de estadísticas de la principal potencia del mundo. Se publicarán algunas cifras de septiembre y octubre la próxima semana, pero el cronograma puede cambiar hasta última hora a medida que las mayores agencias responsables de los datos van actualizando sus agendas paulatinamente.
La segunda, el debate crecimiento vs. ajuste fiscal está ganando urgencia para los gobiernos tanto de países desarrollados como emergentes.
Uno de ellos es Reino Unido. El próximo 26 de noviembre, la canciller (ministra de Finanzas) Rachel Reeves presentará su segundo presupuesto. El evento promete provocar importantes movimientos en los bonos británicos (gilts) y la libra esterlina. Pero también haría bien en captar la atención de analistas y políticos fuera de la isla británica.
Reeves ya ha preparado el terreno. Todo apunta a que, por segunda vez, traicionará las promesas del Gobierno laborista y presentará un Presupuesto que incluye alzas de tributos. No será un alza al impuesto a la renta directamente, se especula de gravámenes a las viviendas de mayor valor, y la modificación de las bandas de categorías tributarias. Lo que no se espera que contenga el erario son recortes fiscales, a pesar de que se estima un déficit de US$ 26.000 millones entre el gasto público y las reglas fiscales.
Junto con su par francés, no hay otro Gobierno que grafique mejor el costo político de años de indisciplina fiscal.
La deuda pública alcanza el 101% del PIB, y el déficit se ubica en 5%. Goldman Sachs proyecta que, para estabilizar la deuda, el Gobierno debe no solo reducir el déficit, sino lograr un superávit primario de 1% del PIB.
Pero el intento del primer ministro Keir Starmer de reducir el gasto fiscal en su Presupuesto anterior provocó una rebelión entre las filas del Partido Laborista, que no ha hecho más que crecer y ahora pone en riesgo su continuidad en el poder. Mientras, decisiones como gravar con el IVA a la educación privada golpeó la confianza de la clase media en el gobierno, que hoy tiene apenas 20% de aprobación.
El deterioro fiscal comenzó previo a la pandemia y se agravó después de esta, bajo tres gobiernos del Partido Conservador. Pero la estrategia de culpar a la administración anterior tiene un alcance limitado. En el caso de Reino Unido se ha agotado.
Cuando prometió no elevar impuestos, Reeves explicó que reducirían el gasto fiscal a través de mayor crecimiento, que impulsarían con políticas y gasto público. La debilidad de las arcas fiscales impide desplegar un programa de política industrial siguiendo los pasos de EEUU. Mientras, la economía sigue estancada, y los “giros en U” en materia fiscal han golpeado la confianza de empresas e inversionistas.
En una lección para otros gobiernos, Starmer y Reeves están descubriendo que no es fácil eliminar subsidios y programas públicos, y que no basta con prometer a los empresarios que el crecimiento será una prioridad, si no se dan pasos concretos para facilitar e incentivar las inversiones.
El principal problema de Starmer es que está secuestrado por su propio partido. Su elección supuso la salida de la extrema izquierda del Partido Laborista, con Jeremy Corbyn ahora intentando fundar su propio partido. Pero las presiones del ala progresista del oficialismo son suficiente para boicotear cualquier intento del Gobierno por poner la casa en orden.
Mientras la urgencia es impulsar el crecimiento, la bancada laborista hace del aumento de ayudas sociales por hijo la prioridad, una medida que consume recursos y no necesariamente impulsa la productividad. Hay resistencia a revisar el oneroso sistema de subsidios al desempleo por discapacidad, que consume al menos 2% del PIB, en lo que se sospecha son evaluaciones laxas y sobrediagnósticos. El mismo sector se opone a revisar la carga tributaria que enfrentan las empresas, pese a que la inversión lleva años estancada y las tasas efectivas en el Reino Unido son elevadas en comparación con otras economías desarrolladas. Presionados por los gobiernos locales y sindicatos, los legisladores laboristas incluso amenazan con sacar a Starmer del cargo, si es que insiste en medidas para flexibilizar las contrataciones o modificar el rígido sistema de planificación urbana.
Otra lección importante para otros gobiernos, a veces la mayor presión no llega de los bloques más radicales de los partidos, sino de sus sectores medios, usualmente más numerosos.
También en Brasil
Con algo más de impacto para los mercados regionales, el 26 de noviembre será una fecha importante en Brasil. El presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva se apresta a lanzar –informalmente- su campaña por la reelección con la presentación de cambios al impuesto a la renta.
Está previsto que en esa fecha Lula da Silva firme la ley que exime del impuesto a la renta a los trabajadores que ganan hasta 5 mil reales al mes (unos 870.000 pesos chilenos). Desde el Gobierno esperan que la medida suponga una inyección de liquidez al mercado que permite acelerar el crecimiento, mientras desde lo político la reducción impositiva es considerada uno de los caballos de batalla para la campaña electoral del próximo año.
Sin embargo, en el mercado hay preocupación que la inyección de liquidez aumente las presiones inflacionarias y obligue al banco central a postergar un esperado recorte de tasas de interés. 
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Marcela Vélez-Plickert
