La comisión de Sistema Político aprobó ayer en general sus propuestas de normas transitorias para la puesta en marcha de los cambios que establece la nueva Constitución y que dan forma a un nuevo parlamento asimétrico, conformado por un Congreso de Diputados y una Cámara de Regiones; y un presidencialismo atenuado, cambios que partirían desde 2026, es decir, al término de casi todos los mandatos de las autoridades vigentes.
Ahora las normas pasaron a su análisis en particular a la comisión de Normas Transitorias -que inicia su trabajo el lunes 16 de mayo-, la que podría ratificar o modificar, antes de ser sometidas al pleno.
“El Tribunal Constitucional se entenderá suprimido de pleno derecho al cabo de seis meses de vigencia de la Constitución”, sostiene norma transitoria aprobada en general.
Se propone que los artículos referidos al Poder Legislativo entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026 y lo mismo sobre las referencias al Presidente de la Republica.
La disposición establecida sobre reelección del cargo de Presidente por única vez, no le será aplicable al actual mandatario.
Se sugirió, además, que dentro de dos años desde la potencial aprobación de la nueva Constitución se dictará una ley que introducirá todas las modificaciones necesarias en las normas electorales para que sean elegidos los escaños reservados para los pueblos indígenas.
Según explicó, los diputados terminarían su periodo de cuatro años y luego se elegiría el nuevo Congreso; mientras que la mitad del Senado va a cumplir sus cuatro años y la otra quedaría con cuatro pendientes.
A continuación se describen algunos de las otras normas transitorias principales emanadas ayer desde las comisiones de la Convención.
Sistema de Salud
En la comisión de Derechos fundamentales se dio luz verde a una norma que plantea que el Presidente deberá presentar un proyecto de ley que tenga por objeto la creación e implementación del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la integración a la red de prestadores públicos a los hospitales y centros médicos vigentes de las Fuerzas Armadas y de Orden, en el plazo de dos años desde la vigencia de la Constitución.
Expropiación
Otra norma acordada establece que mientras no se dicte una nueva ley que regule lo dispuesto en la nueva Constitución relativas a un pago a precio justo, las expropiaciones se regirán por la normativa vigente al momento en que entre en vigor esta Constitución.
Las expropiaciones en trámite, así como las reclamaciones respecto de ellas y todas las gestiones pendientes continuarán su tramitación, según lo establecido en las normas vigentes.
Trabajo decente
También se propone que el Presidente deberá presentar un proyecto que tenga por objeto adecuar la normativa sobre el trabajo decente y otro sobre libertad sindical, en el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución.
Lo mismo para adecuaciones a la Dirección del Trabajo.
Cárceles concesionadas
La comisión de Justicia y Órganos Autónomos envió a la comisión de normas transitorias una propuesta que señala que los establecimientos penitenciarios privativos de libertad que se encontraren funcionando con alguno de sus servicios concesionados, éstos deberán ser asumidos luego de haberse vencido el término de la concesión, por Gendarmería.
Consejeros del B. Central
Los nuevos consejeros del Banco Central (el pleno debe resolver propuesta de elevar de 5 a 7 sus integrantes este viernes) deberán ser designados dentro del plazo de 30 días, contado desde la entrada en vigencia de la Constitución.
Los actuales miembros del consejo permanecerán en sus cargos por el término para el cual fueron designados. Los nuevos miembros serán designados por las autoridades que establece la Constitución.
Tribunales ambientales
Los Tribunales Ambientales serán creados por el Estado en un máximo de 2 años desde la entrada en vigencia de la Constitución en aquellas regiones en que no existan.
Naturaleza y el SEIA
En el plazo de dos años el Congreso Plurinacional deberá tramitar la ley orgánica que regule la organización y funcionamiento de la Defensoría de la Naturaleza, La Agencia de Evaluación Ambiental reemplazará al SEIA, el que se entenderá suprimido en el plazo que establezca la ley, la cual deberá dictarse en un máximo de dos años desde vigencia de la Constitución.
Tribunales tributarios
Los Tribunales Tributarios y Aduaneros, juzgado de cuentas, tribunal de contratación pública y tribunal de propiedad industrial, serán fusionados en los Tribunales Administrativos, como salas especializadas de los mismos, mediante la ley que regule los tribunales administrativos y su procedimiento.
Desnotarización
El legislativo, en el plazo de dos años, deberá aprobar una ley que se encargará de avanzar en una progresiva “desnotarización” y simplificación de todo tipo de trámites; y, en el mismo plazo, se convocará a concursos públicos para los servicios notariales y registrales, de conformidad con el nuevo marco constitucional.
El sucesor del TC
La Corte Constitucional, que reemplazará al Tribunal Constitucional, deberá quedar instalada dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución.
Con todo, podrá instalarse y comenzar a funcionar con, a lo menos, dos tercios de sus integrantes.
El Tribunal Constitucional se entenderá suprimido de pleno derecho al cabo de seis meses de vigencia de la Constitución.
Las causas radicadas en el Tribunal Constitucional, al momento de la entrada en vigencia de la presente Constitución, seguirán siendo conocidas por éste hasta su sentencia de término.
Vencido un plazo a determinar, serán traspasadas a la Corte Constitucional, que asumirá su tramitación en conformidad al procedimiento vigente al momento de su iniciación.
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