Ad portas del inicio de un nuevo gobierno, donde naturalmente existen muchas expectativas de lo ofrecido y de lo que realmente se vaya a concretar, es fundamental definir y consolidar las herramientas de gestión y evaluación, para medir los avances o retrocesos en el camino. Una de esas herramientas es el saber que tan eficientes somos en cada peso gastado e invertido ante nuevos desafíos como el que nos plantea el cambio climático. Por ello, con la aprobación de la ley de cambio climático se otorgaría un marco institucional al ejercicio de medición del gasto e inversión climática en Chile que ya es liderada por la dirección de presupuestos y el ministerio de Hacienda.
Se espera que, hasta marzo, el actual congreso apruebe la Ley de Marco Climático. Una ley que, pandemia de por medio, ya cuenta en su haber con más de 800 indicaciones en su tramitación y está casi lista para promulgarse. En su implementación y escritura de reglamentos, es urgente no perder de vista la productividad, para tener una mirada de eficiencia de los recursos desde el inicio, ya que la probabilidad de generar excesiva regulación y burocracia es significativa y puede exigir requerimientos de recursos que ya son escasos. Al menos existen en la ley siete planes de mitigación y 11 de adaptación, aparte de estrategias y reportes nacionales e internacionales, que deben coordinarse por sector económico y a nivel subnacional. El riesgo de sobrecargar y duplicar permisos, normas y trabajo administrativo es latente y eso puede incidir en retrasar las inversiones y postergar la meta trazada en la ley.
Una buena forma de dimensionar los recursos existentes para operacionalizar la ley es entender la información que esta disponible para los presupuestos 2016-2020 donde el promedio de gasto en inversión asignado bajo la metodología propuesta identifica 217 proyectos que suman US$ 191 millones en el Sistema Nacional de Inversiones (SIN) según Dipres en Cordova et al (2021). En esta muestra se constata una tendencia al alza llegando a duplicarse el valor en 2020 con respecto a 2016 en términos reales. Estos proyectos además responden a necesidades locales siendo adaptación 89% del total donde el Ministerio de Obras Públicas concentra la mayoría destinando los recursos a proyectos de agua potable rural en zonas que ya experimentan cambios climáticos con escasez hídrica.
Si ampliamos la información incluyendo gobierno general y consideramos el financiamiento para inversiones en Metro, Ferrocarriles, Buses urbanos y otros conseguida entre 2019 y 2021 en su mayoría en mitigación, obtenidas gracias a la emisión de bonos soberanos etiquetados ya que se destina cerca de US$ 7.700 millones en proyectos verdes y US$1.500 millones en proyectos sostenibles (verdes y sociales).
Estos recursos públicos, que en alguna parte se hubieran realizado de cualquier manera, ahora los identificamos con un atributo adicional, el de contribuir a la gestión climática. Además, deben entenderse como señalizador para el aporte privado que es y será determinante si se quiere lograr la carbono neutralidad. Muestra de ello es la revolución solar lograda en generación eléctrica que junto a la eólica promedian ya los US$ 3.000 millones por año en el último quinquenio.
Es tan importante la medición de estos gastos e inversiones que también nos permitirán poner en la balanza el gasto que se efectúa en contra sentido, vale decir, el gasto en exenciones por combustibles fósiles, el que, en caso de reducirse, no solo podrían aportar recursos a la tarea climática, sino también ser destinados a los gastos en salud o educación.
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