La esperanza está puesta en la conciliación, dicen en el mundo legal. Andes Iron, la empresa controlada por las familias Délano y Garcés y dueña del controvertido proyecto minero y portuario Dominga, podría ver algo de luz el próximo 12 de enero, día en que se reunirán en la Corte Suprema los ambientalistas que se oponen a su instalación y los abogados de la empresa, para tratar de ceder ambas partes y destrabar el proyecto que ya lleva ocho años de tramitación.
Lo que tienen claro los Délano y los Garcés es que no se van a rendir. Ya han invertido del orden de US$ 400 millones en prospecciones y en la elaboración de los estudios ambientales, por lo que seguirán tramitando el proyecto, contra viento y marea. Además, están convencidos de que la tecnología que usan es de las más innovadoras, lo que aminora los efectos en el medioambiente.
De acuerdo a abogados consultados, la señal que dio el 1 de diciembre la Tercera Sala de la Suprema, al llamar a conciliar, podría ser un indicio de que la Sala liderada por el juez Sergio Muñoz espera que el proyecto se transforme o mejore para poder destrabarlo. Andes Iron ha mostrado su interés en ceder su puerto al Estado, o usar infraestructura cercana a sus instalaciones mineras, y también mejorar las mitigaciones ambientales que ya prometieron.
El ruido político, dicen entendidos, no los haría retroceder. A pesar de que en la campaña presidencial todos los candidatos, incluido el presidente electo Gabriel Boric, se mostraron contrarios al proyecto, si es que la Suprema dice que Dominga va, sería extraño que si eventualmente el Comité de Ministros del futuro gobierno dijera que no de nuevo, la Suprema cambie de parecer en una eventual apelación de Andes Iron.
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