Una orden de investigar a la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, peritajes a correos electrónicos y la solicitud de un informe al Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto del comportamiento de algunos contribuyentes. Esas son algunas de las diligencias que ayer pidió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la querella que presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago contra el ex senador de la UDI y ex ministro de Economía, Pablo Longueira.
La acción legal, de 33 páginas, señala que el ex secretario de Estado del gobierno de Sebastián Piñera cometió el delito de cohecho agravado y reiterado en el marco del caso SQM.
Y para respaldarlo el organismo que dirige Juan Ignacio Piña realizó un informe detallado de las gestiones que en 2010 llevó adelante el ex parlamentario mientras militaba en la UDI, para beneficiar a la minera no metálica y obtener beneficios económicos de ella.
“Mientras el senador Longueira recibía ingentes sumas de dinero, favoreció los intereses de SQM en la tramitación de la denominada Ley de Reconstrucción o Royalty minero (Ley 20.469), tramitada durante el año 2010 en el Congreso”, apunta en el texto el CDE.
Y agrega: “Esto es, se entregó un beneficio económico a un funcionario público para que éste, con infracción a los deberes que imponía su cargo de senador de la República, obtuviera en la tramitación de la ley señalada la incorporación de una disposición que favorecía los intereses de la empresa que entregaba dicho beneficio”.
“Traje a la medida”
Según el CDE, funcionarios de la minera no metálica se encargaron de redactar el artículo que posteriormente fue llevado por Longueira al ex ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, como si la propuesta hubiera sido de él.
Asimismo, recalca el consejo, Longueira defendió la “disposición en el Senado para obtener su aprobación” y votó por ella “para que el beneficio de la invariabilidad tributaria alcance también a las empresas de SQM”.
Para el CDE lo que hizo Longueira fue un “traje a la medida” para la minera no metálica.
“(El ex ministro operó) como un verdadero gestor particular de SQM al realizar diversos actos orientados a favorecer los intereses particulares de esta empresa, con detrimento de los intereses públicos que debía representar”.
Pero posteriormente y para recibir los pagos de la compañía, apunta la querella, el ex senador incurrió en “maniobras de falsedad a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por terceros que nunca trabajaron para SQM”.
¿Para qué? Según el CDE la emisión de boletas buscaba dos objetivos. “Primero, ocultar que los dineros fueron entregados a Longueira mediante la triangulación de los fondos, y, segundo, la obtención de medios que permitirían ilícitamente a SQM rebajar su base imponible en el pago de impuesto”.
La acción legal añade que “con ello, SQM no sólo conseguía los favores de un senador de la República sino que, además, el ocultamiento de una dádiva ilícita y una rebaja tributaria”.
Con ello, se lee en la querella, “queda de manifiesto que este procedimiento doloso y fraudulento se ocupó para ocultar el pago de coimas a Pablo Longueira”.
El ex senador será formalizado por eventuales delitos tributarios y cohecho el próximo miércoles 1 de junio a las 10 horas en el Centro de Justicia.
Ese día el fiscal Pablo Gómez también levantará cargos contra y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, por soborno y delitos tributarios.
Para la próxima semana se postergan medidas cautelares para Jaime Orpis
Una nueva suspensión de la aplicación de medidas cautelares se produjo en la audiencia de formalización de ayer del senador Jaime Orpis, debido a que su desafuero no ha sido notificado aún; por lo que la jueza Ana Emilia Elthit postergó la audiencia para la próxima semana, a partir del miércoles en adelante.
La jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago explicó ayer que pese a que existe una resolución de la Corte Suprema sobre el desafuero de Orpis, ésta no fue debidamente notificada al tribunal, tal como lo indican los protocolos.
Por lo que todavía no procede que el parlamentario sea sometido a medidas cautelares. Frente a este escenario es que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidieron la suspensión de la audiencia, que sería realizada a partir del miércoles de la próxima semana. Mientras que el abogado defensor, Carlos Cortés, señaló que "estamos satisfechos con la resolución, la magistrado ha dado plenas garantías de que se está respetando la ley y se realizará una audiencia cuando se hayan cumplido los requisitos".
Ello, dado que "la ley establece ciertos requisitos para que se realicen las audiencias respecto a personas que gozan de fuero parlamentario".
Una posición muy distinta expresó la fiscal del Ministerio Público; Ximena Chong, según quien existiría constancia en el sitio del Poder Judicial acerca de ayer mismo se había notificado el desafuero, por lo que a su juicio "el tribunal está habilitado para discutir medidas cautelares".
También este miércoles, el entorno de Orpis difundió una declaración pública de 29 carillas en la que insiste en que "si bien recibí aportes de Corpesca para financiar pagos y deudas de campaña, en mis votaciones y acciones relacionadas con el sector pesquero, he mantenido siempre mi independencia -a veces concordando con la opinión de la pesquera y otras veces no- votando y actuando de acuerdo a mis convicciones".
Y que su actuación correspondía a lo que "como cualquier parlamentario responsable haría con un gremio importante de su zona, solicité o ellos me hicieron llegar minutas, opiniones o propuestas en diversas materias, las que consideré o deseché".
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