Inicialmente, se presentaría el 12 de mayo. Luego se postergó para este miércoles 20 de mayo. Pero finalmente, se dará a conocer el próximo lunes 25 de mayo.
Se trata del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la era de José Antonio Kast en La Moneda, que será presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.
La postergación del documento se debe a dos razones: que la semana pasada el secretario de Estado estaba fuera del país, participando del ChileDay en Nueva York y Toronto; y que este martes y miércoles coincidiría con la votación del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación en la Cámara de Diputados. En el IFP, Hacienda actualizará sus proyecciones de crecimiento del PIB, de ingresos y del gasto público, así como la proyección de déficit fiscal.
La postergación del documento no cayó nada de bien en el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Así quedó plasmado en el acta de la reunión del organismo del pasado martes 19 de mayo, donde la entidad enfatizó su "preocupación" por los dos cambios en la fecha de publicación del reporte, en virtud de la necesaria transparencia de la información fiscal y presupuestaria.
"El Consejo expresó su preocupación por una nueva postergación de la fecha de publicación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 (IFP1T26) informada por la Dipres. Lo anterior, en virtud de que la claridad, transparencia y oportunidad en que se actualizan las cifras fiscales constituye una buena práctica que debe ser preservada, especialmente en un escenario de mayor estrechez fiscal", señala el documento de la entidad presidida por Paula Benavides y que tiene como vicepresidente a Sebastián Izquierdo y como consejeros a Hermann González, Marcela Guzmán y Joaquín Vial.
Posteriormente, dice el acta, el Consejo planificó el trabajo de las próximas semanas para efectos de dar adecuado cumplimiento a los plazos estimados de publicación del informe sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones, "considerando la incidencia de la postergación del IFP1T26 en su planificación original".
Asimismo, el Consejo acordó solicitar trimestralmente a la Dipres, a través de la Gerencia de Estudios, la información actualizada sobre las proyecciones de deuda pública, incluyendo los insumos y supuestos utilizados para su construcción. Lo anterior, con el objeto de poder realizar un monitoreo permanente de dicho indicador fiscal.
El debate por la ley de reconstrucción
Esta no es la primera vez que se genera un choque entre el Ejecutivo y el CFA.
El martes 5 de mayo, el organismo apuntó a nueve riesgos fiscales respecto al proyecto del Ejecutivo de reactivación y reconstrucción nacional, que el Ejecutivo envió al Congreso el 22 de abril.
Luego, el 7 de mayo, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, respondió a cada uno de los planteamientos, donde partió realzando cómo el discurso del CFA coincidiría con el del Ejecutivo, en términos de destacar el foco en crecimiento económico y eficiencia del gasto público de la propuesta.
“No tenemos discrepancias con los números y valoraciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo”, dijo el directivo, aunque acto seguido planteó la principal diferencia con el diagnóstico del organismo.
“Cuando el CFA analiza cada medida, hace lo que los economistas llaman un equilibrio parcial. Cada medida individual no captura por sí mismo el efecto del crecimiento. Se requiere la imbricación de todos los efectos juntos: las medidas regulatorias, las medidas tributarias, las medidas de facilitación de trámites. Todas ellas se conjugan para lograr el crecimiento, por lo cual es muy difícil convenir fácilmente que el impacto de cada medida se tiene que medir individualmente”, manifestó el ingeniero.
En el primer tema -que la rebaja del impuesto corporativo no compensa en su totalidad el impacto fiscal a través de un mayor crecimiento-, Gómez manifestó que aquello es una lectura “simple” del informe financiero del proyecto y volvió sobre la explicación de tomar todos los artículos en su conjunto: “El efecto crecimiento se produce por la imbricación del conjunto de todas las medidas propuestas por el proyecto de ley”.
La segunda alerta que planteó el Consejo se relaciona con el alto costo fiscal (US$ 1.400 millones) del crédito tributario al empleo y dudas respecto a cómo conversaría con el Subsidio Unificado al Empleo. El director explicó que el crédito tributario al empleo comienza a decrecer en el tiempo, mientras que el Subsidio Unificado al Empleo entra en vigencia al tercer año, y que las fuentes de información utilizadas por Hacienda son distintas a las del CFA respecto a la trayectoria de ambos mecanismos.
El tercer punto se relacionaba con la suspensión por un año del IVA a la vivienda. Gómez manifestó que si bien es un riesgo fiscal que haya un mayor uso del beneficio al esperado, en contraposición aquello derivará en un mayor crecimiento en actividad por el efecto en empleo que tiene la construcción.
Gómez defendió que la compensación al Fondo Común Municipal (FCM) por la exención de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores se discuta cada año en la Ley de Presupuesto y que las proyecciones que hacen en la materia son conservadores.
En cuanto al quinto punto levantado por el CFA sobre un potencial menor ahorro vía control del mal uso de licencias médicas, el director explicó que su estimación es “conservadora” porque se está asumiendo una disminución de solo 10% del gasto en suplencias, explicando que a modo de referencia el año pasado el sobregasto en reemplazos fue de un 33% en comparación al 2022.
Sobre el sexto punto, que el CFA cuestionaba si se podían lograr los ahorros por el aumento de cupos de incentivo al retiro de funcionarios del Estado, Gómez explicó que el informe financiero asume un cálculo conservador de que las dotaciones se mantienen en el sector público.
Respecto al séptimo punto, relativo a la posibilidad de que no se logre la recaudación por reducción de evasión de impuestos al tabaco, Gómez justificó que la proyección se realizó en base a una recuperación de un 20% en el impago de ese gravamen, lo que deriva del promedio de recaudación de los últimos ocho años.
En cuanto a la observación sobre la ausencia de una proyección del monto que implicaría para el Estado la compensación por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) rechazadas, Gómez dijo que esos montos serán incluidos en el informe anual de activos contingentes que elabora la Dipres.
Finalmente, el director abordó la preocupación del CFA por el uso de ventanas para adelantar recaudación, señalando que “no entendemos” que se esté financiando gasto permanente con ingresos transitorios, en particular porque el efecto de estas ventanas se materializan en 2026 y 2027, pero luego se reversan en los años posteriores.
Al cierre, Gómez dijo que acogería alguna de las recomendaciones del CFA, como por ejemplo establecer mecanismos de seguimiento verificables de algunas medidas.
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Sebastian Valdenegro
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