Un respaldo mayoritario, en el que destaca la bancada de la Democracia Cristiana, concitó ayer la conformación de una segunda Comisión Caval a fin de investigar las aristas que surgieron durante el proceso de la primera instancia. Sorprendió que el diputado socialista Osvaldo Andrade se abstuviera, pese a que se opuso a ampliar la prórroga de la original, lo que para muchos de sus pares era argumento suficiente para que el legislador rechazara la propuesta.
Con 61 votos a favor y nueve abstenciones -seis socialistas y tres comunistas-, la Cámara de Diputados se apronta a iniciar la investigación, según han señalado los interesados, de las aristas que surgieron de la primera comisión Caval y luego que declararan personas como el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, o la superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro.
Y si bien se había asegurado que administrativamente el mandato de la nueva comisión debía ser distinto al de la primera, lo cierto es que el contenido de siete puntos que sirve de argumentación para Caval I es el mismo que para Caval II, algo que incluso especifica uno de los querellantes de la causa que está en manos del Ministerio Público, el diputado de RN Nicolás Monckeberg, quien asegura que la instancia aprobada ayer "es idéntica a la primera. Tiene como único objetivo terminar la investigación que la Nueva Mayoría impidió", lo que atribuye a que el oficialismo, particularmente el ex timonel del PS, busca "blindar a la Presidenta y su familia". E insistió en que "es necesario que se investiguen a fondo las responsabilidades políticas", porque "hay funcionarios públicos involucrado, aquí hay una querella criminal que el gobierno quiso desacreditar desde el día uno y que el tiempo ha demostrado que valía la pena presentar".
Si bien Monckeberg plantea que no se puede formar la convicción de que la presidenta Michelle Bachelet pudiera tener relación con los hechos que se investigan porque el proceso aún está en curso, sí aclara que se debe hacer una investigación exhaustiva "y ojalá descartar la participación de la Presidenta".
Mientras tanto, las bancadas tienen 10 días para presentar los nombres de quienes los representarán y esta segunda comisión, a diferencia de la primera, tiene un mandato original de sólo 30 días. Los partidos definen cómo moverán sus piezas para esta nueva fase de investigación. El actual presidente de la Comisión Caval, el DC Gabriel Silber, expresó su deseo de continuar; en el PS, Juan Luis Castro hizo lo propio, pero el jefe de la bancada, Manuel Monsalve, dijo que eso se resolverá el próximo martes. En el PPD esperan que regrese al país el diputado Guillermo Ceroni para abordar el tema, por cuanto su compañero Felipe Letelier manifestó su deseo de participar dado que representa al distrito donde sucedieron los hechos. En la oposición plantean que en primera instancia se mantendrán los mismos representantes.
La Democracia Cristiana fue uno de los partidos oficialistas que más votos aportó a la aprobación de Caval, ya que 12 de sus 21 representantes se inclinaron por respaldarla. De hecho, el propio Silber destacó que "macizo espaldarazo" que la Cámara dio para la conformación de la nueva comisión, en el que su partido jugó un rol importante. De ahí que el jefe de bancada, Ricardo Rincón, sostuviera que lo que la DC espera de la nueva instancia es "básicamente que los nuevos antecedentes que se han allegado a Caval I que no alcanzaron a ser procesados, que parece que son muchos" y, agregó que de no hacerse esto "la investigación va a aquedar totalmente trunca".
Andrade aclaró que no rechazó la constitución de Caval II por respeto al derecho de las minorías a usar este mecanismo de fiscalización. Pero acotó que "a lo que le tengo fe es a la investigación que está desarrollando el Ministerio Público" y añadió que lo razonable habría sido conocer el informe de la primera comisión –que está en proceso de elaboración- para ver si era necesario otra comisión.
Hacienda quiere directores independientes en empresas públicas
Un conjunto de indicaciones destinadas a perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y fortalecer la Dirección del Servicio Civil anunció ayer el Ejecutivo.
"Queremos sumar nuevos avances en el cumplimiento de nuestro objetivo de profesionalizar la función directiva en el sector público", afirmó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al presentar los cambios -que ingresarán la semana próximaen la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entre los ajustes se propone incorporar integralmente con su primer y segundo nivel jerárquico a la Dirección del Trabajo y la Conadi.
Valdés explicó que recogiendo las discusiones sobre modernización de las empresas públicas, se incorporará un artículo transitorio que dispondrá el envío de un proyecto de ley "que fortalecerá el Sistema de Empresas Públicas con el objeto de representar de mejor manera los derechos y deberes del Estado en su rol de propietario e incorporar en los directorios de las empresas públicas dependientes del SEP a directores independientes".
También se refirió a otra norma que plantea el proyecto, referida a la facultad que se concede a los futuros Presidentes de la República para nombrar, directamente durante los primeros tres meses de gobierno, un número acotado de altos directivos que cumplan con los requisitos estipulados por el sistema ADP. En este ámbito, dijo, "queremos rebajar el número de estos cargos de 15 a 12". También se creará un procedimiento de reclutamiento para jefaturas de programas presupuestarios dependientes de las subsecretarías, que manejen recursos relevantes y que estén identificados como ítem en la Ley de Presupuestos.
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