La jornada de este martes marcará un hito para la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación nacional del Ejecutivo. La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará la votación en particular de la normativa, con el Ejecutivo y los parlamentarios negociando indicaciones a la emblemática propuesta del Ejecutivo.
La tarde de este lunes, el Ministerio de Hacienda ingresó a trámite un primer set de ajustes. A lo largo de 79 páginas, el gobierno plasma modificaciones a distintos tópicos, como la norma que eximía del pago de derechos de autor el uso de ciertos contenidos; la invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de inversión desde US$ 50 millones; la exención de impuesto territorial a viviendas principales de adultos mayores; el crédito tributario al empleo; y la restitución de parte del Estado a los inversionistas cuando un proyecto se judicialice y se rechace una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Sin embargo, en las propuestas no hay cambios de fondo al proyecto, aunque enmiendas de esa naturaleza podrían ingresar en los próximos trámites por parte del Ejecutivo, particularmente en el Senado.
DFL-2: impuesto optativo, pero con restricciones
El proyecto establecía la ampliación del beneficio tributario de DFL-2, desde la tercera vivienda, pero con un impuesto único de 5% para los ingresos percibidos por rentas de arriendo con superficie de hasta 90 m².
Las indicaciones mantienen este esquema, pero ahora el impuesto específico será opcional para personas naturales desde la tercera vivienda. También se incorpora expresamente a las bodegas y estacionamientos asociados en el esquema. Y en el caso de personas jurídicas o empresarios individuales, se les exige giro exclusivo de explotación de viviendas económicas.
Nuevo DL 600: se permite que inversionistas locales o extranjeros que hayan iniciado proyectos nuevos o conexos entre el ingreso del mensaje presidencial y la publicación de la ley puedan celebrar contratos de inversión si cumplen requisitos, solicitándolo dentro de seis meses.
Fondo por uso de derechos
El artículo 8 del proyecto original era uno de los más controversiales, ya que eximía del pago de patentes por el uso de una serie de datos y contenidos para así promover el desarrollo de sistemas amplios de procesamiento de datos.
En las indicaciones, el Ejecutivo crea un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual por un mínimo de 70 mil UTM anuales (más de US$ 5 millones) para que accedan los titulares de los datos explotados a modo de compensación.
Crédito tributario: cambios acotados
Otro de los temas se relaciona con el crédito tributario para la protección del empleo, de hasta 15% de las remuneraciones mensuales individuales hasta UTM 7,8, decreciente hasta extinguirse sobre UTM 12.
Mientras las enmiendas del Ejecutivo no se hicieron eco de la crítica de técnicos y parlamentarios en cuanto a lo oneroso del esquema para el Estado (US$ 1.400 millones al año) y que se aplicaba para contrataciones actuales y no nuevas, las primeras enmiendas del Ejecutivo; sí abordaron aspectos específicos.
Hacienda agrega una regla de reliquidación anual para remuneraciones variables. O sea, si se usó el crédito en exceso, debe rebajarse el remanente o reintegrarse al Fisco para evitar un mal uso del instrumento.
Se amplía exención de contribuciones a adultos mayores
El proyecto mantiene uno de los artículos más relevantes a nivel ciudadano: el que exime de contribuciones de bienes raíces a la vivienda principal de los adultos mayores.
Las enmiendas establecen que bodegas y estacionamientos asociados pueden formar parte de la vivienda principal, quedando exentos del tributo; se mantiene la exigencia de domicilio electoral para acreditar que la vivienda es la principal del contribuyente; y se ajustan reglas de copropiedad, uso mixto, fiscalización y pérdida del beneficio.
Cambios relevantes en RCA
Otra de las principales innovaciones del proyecto era que se establecía que el Fisco debería compensar a los titulares de proyectos por los gastos directos y efectivos cuando el proyecto se judicialice teniendo una RCA aprobada que fuera anulada judicialmente. El Ejecutivo acogió comentarios de la Corte Suprema en sus indicaciones.
Así, amplía la restitución a RCA “anulada o dejada sin efecto”, además de que se agrega que el único efecto de esa anulación o decisión es la restitución; la restitución se declara incompatible con demandar indemnización por falta de servicio por los mismos hechos. También la indicación precisa que el reclamo es ante la Corte de Apelaciones de Santiago y reduce el plazo de reclamo de 20 a 15 días hábiles.
Invariabilidad tributaria: Hacienda toma control
Otro de los artículos innovadores del proyecto era el que crea un nuevo régimen de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión, locales o extranjeros, con un monto desde US$ 50 millones, beneficiándose de este esquema por hasta 25 años.
Si bien las críticas de técnicos y parlamentarios se centraron en la duración de la ventana, Hacienda ingresó enmiendas en otro sentido.
Por ejemplo, la cartera y no Invest Chile serán la contraparte central de los inversionistas que quieran firman el contrato/ley; se aclara que el contrato de inversión no aprueba el proyecto ni sustituye permisos; se cambia el tope de carga tributaria total de 35% para extranjeros, las condiciones que imperen al momento de firmar el contrato; se elimina la invariabilidad de impuestos indirectos como el IVA, manteniéndolo para el IVA de importaciones de bienes de capital; se incorporan reglas de reorganización empresarial; se exige contabilidad separada para proyectos conexos; y se crea un mecanismo de arbitraje forzoso mixto para controversias.
Otra novedad: permite que inversionistas locales o extranjeros que hayan iniciado proyectos nuevos o conexos entre el ingreso del mensaje presidencial y la publicación de la ley puedan celebrar contratos de inversión si cumplen requisitos, solicitándolo dentro de seis meses.
Otro ajustes
Las enmiendas incluyen un artículo nuevo : se faculta a la Tesorería General de la República a entregar convenios de pago para créditos de educación superior con garantía estatal hecha efectiva, con hasta 48 cuotas, congelamiento del saldo en pesos y posibilidad de extinguir saldos remanentes hasta 100%, 90% o 70% según cumplimiento. La ventana para convenios dura 90 días desde la publicación.
En cuanto a la rebaja transitoria de un 50% del impuesto a las donaciones por un año, los cambios fijan que la rebaja aplicará “por una sola vez respecto de cada donante”; permite distribuir libremente entre potenciales asignatarios de legítimas y cuarta de mejoras; y baja el tope máximo de donación acogida de 75% a 50% del patrimonio total.
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