Concertación condiciona avances en Alta Dirección Pública a cambios estructurales

Por Ángela Chávez M.




Nada de bien cayeron en la Concertación las declaraciones del asesor del Ministerio de Hacienda, Salvador Valdés, quien acusó a los parlamentarios del bloque de no haber cumplido el acuerdo que se había alcanzado para aprobar la ley corta que perfeccionaba el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Es más, en el pacto advirtieron que “no es verdad” que se haya sellado un acuerdo y que por el contrario, si bien siempre mostraron voluntad para mejorar el proyecto e incluso avanzar en “cambios más de fondos”, fue el gobierno el que hizo “oídos sordos”.

De ahí que los mismos diputados que rechazaron la iniciativa, entre ellos Carlos Montes (PS), Pablo Lorenzini (DC) y Alberto Robles (PR) anuncian que están dispuestos a volver a discutir el tema pero siempre y cuando se avance en modificaciones más profundas al sistema que permitan superar la “discrecionalidad política” que -dicen- habría quedado en evidencia con el cambio de gobierno.

En esa línea, el diputado Montes recuerda que en el debate que se dio en la Comisión de Hacienda de la Cámara, la Concertación propuso avanzar hacia cambios estructurales pero “ellos (gobierno) estaban muy cerrados”.

Además, agrega su colega Lorenzini, la propuesta del Ejecutivo, también llamada “ley corta, mejoraba el sistema pero al final se convirtió en un maquillaje de indeminizaciones y subidas de sueldo y nosotros queremos es que esto sea un servicio más allá de cualquier gobierno, independiente y bien gestionado”.

De ahí que Montes acuse que el “sistema se deslegitimó por como lo trató este gobierno” por lo que asegura que en el “futuro las desvinculaciones tienen que estar vinculadas a un proceso y a un sistema de evaluación, sobre todo para los cargos del 2° nivel y donde la norma de selección no debe pasar porque se opte por la gente del sector de gobierno”.

Con todo, los diputados confirman su voluntad de legislar sobre un nuevo proyecto que perfeccione el sistema ADP, pero “donde se discuta el fondo del tema”, dice el radical, Alberto Robles, y que incluya aspectos como “poner fin a los secretismos que afectan al proceso desde la selección al término del concurso, definir cuáles son los cargos de confianza y cuáles no, incorporar a nuevos organismo incluyendos aquellos dedicados a fiscalizar como la Superintendencia de Bancos, entre otros”, añade Lorenzini.




Modelo a seguir


A diferencia de lo que plantean los parlamentarios de oposición, el gerente general de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo del BID, Koldo Echebarría, evalúa de manera positiva el sistema ADP chileno, destacando incluso que organizaciones como el Banco Mundial o la OCDE lo están “utilizando como un antecedente no solamente en América Latina, sino que en otros continentes porque representa una innovación institucional de extraordinario valor”.

Es más, el personero advierte que de acuerdo a la forma en que está definido y regulado el sistema se incorpora la posibilidad de una remoción discrecional de parte de la autoridad competente y “eso está dentro de las reglas del juego y no es algo que atente contra el sistema”.

Echebarría también reconoce que “el porcentaje que he visto de remociones no me parece exageradamente alto, después de una transición de una coalición a otra de muchos años en el gobierno, creo que hay unas circunstancias políticas que explican ese volumen”. Aludiendo al hecho que de 422 cargos del 2° nivel un 27% fueron desvinculados, mientras que de 73 directivos de 1° nivel un 63% fue removido.

Con todo, el experto confirma que es posible adoptar mecanismos que permiten perfeccionar el sistema como: “aumentar las limitaciones de los nombramientos interinos o transitorios y tener un mecanismo que permita que las remociones tengan algún fundamento, es decir que cuando se remueva discrecionalmente a un directivo, la autoridad justifique dicha acción ante el Consejo de la ADP”.