Esta mañana el diputado Ernesto Silva (UDI) hizo un llamado al gobierno para que en marzo patrocine un proyecto de ley que modernice el actual sistema de revisiones técnicas para vehículos particulares.
Según el parlamentario, el sistema actual "no da para más" agregando que las pérdidas anuales estimadas por los tiempos de espera alcanzarían más de $ 2.000 millones, equivalentes aproximadamente a un millón de horas perdidas para las personas.
La propuesta del gremialista incluye la extensión de los plazos en que los vehículos nuevos deben realizar la revisión técnica. Se pasaría de un régimen anual a uno más extenso, con la primera revisión a los cuatro años de uso. Luego se realizaría cada tres años hasta alcanzar el décimo, y sólo desde esa fecha en adelante la revisión tendría carácter anual.
La justificación para esta medida, según Silva, vendría dada por los altos estándares de construcción de los vehículos actuales.
Los vehículos muchas veces hoy día tienen muy buena calidad, especialmente durante los primeros años, afirmó el parlamentario de la UDI.
En su propuesta, Silva añadió la posibilidad de controles al azar a los vehículos, de tal manera de incentivar el cuidado por parte de los dueños. En su opinión, si se llegara a implementar esta medida los tiempos de espera en las plantas de revisión, que en la Región Metropolitana sólo son 25, se reducirían enormemente, mejorando también la calidad de vida de las familias que viven en las inmediaciones.
Alta Dirección Pública
En otro punto, el diputado gremialista se refirió al proyecto de modernización de la Alta Dirección Pública, donde participa activamente.
Silva valoró el instructivo que actualmente limita al Ejecutivo en sus funciones relativas al sistema de ADP, como asimismo el proyecto presentado por el gobierno en enero.
Sin embargo también espera que se genere un debate sobre lo que él considera el problema de fondo, que es cómo los directivos de alto nivel pueden ser capaces de mejorar la gestión pública.
Para eso hay que hablar de la institucionalidad de la Alta Dirección Pública, de los convenios de desempeño y de la relación de la ADP con los distintos ministerios y servicios, concluyó.
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