Una reunión sostuvo la tarde de este martes el ministro de Hacienda Jorge Quiroz con los senadores Sergio Gahona -jefe de bancada de la UDI- y el oficialista Matías Walker, ambos representantes de la Región de Coquimbo, preocupados por los efectos en su zona del primer temporal de lluvia, cuyos efectos requieren un pronto proceso de reconstrucción, coincidieron ambos.
A la salida de la cita, pasadas las 15:00 horas, Walker señaló que se suscribió un acuerdo con Quiroz para garantizar los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo. El documento establece la creación de un Fondo de Reconstrucción compuesto con “recursos extraordinarios, no por reasignaciones y no por fondos del Gobierno Regional, recursos frescos públicos y privados”, los primeros provendrán -según detalló el senador- de la enajenación de activos prescindibles del Estado; y, a la vez, acogiendo a la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco a la Ley 20.444, que establece un Fondo Nacional de Reconstrucción, que permite fondos públicos y privados.
“Vamos a tener la determinación del monto total de la reconstrucción, a través de una comisión técnica, donde van a participar los gremios de la región, empresarios, pescadores, agricultores el mundo del turismo y, tal como habíamos pedido, esto se garantizó por escrito”, detalló Walker.
Por su parte, el senador Gahona valoró que finalmente se suscribiera el protocolo de acuerdo, según el cual “el gobierno compromete y garantiza los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo, específicamente para los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, porque tenemos grandes problemas”.
Compatibilizar con responsabilidad fiscal
El escueto documento de dos carillas y cinco puntos terminó de sellar el compromiso de estos dos senadores con el gobierno para aprobar el último tramo del proyecto misceláneo, el informe de la Comisión Mixta que propone un mecanismo de compensación a las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.
El texto establece que se constituirá una mesa técnica para cuantificar los daños provocados por los temporales de julio y a definir el monto total de recursos requeridos para la reconstrucción; una vez definido el citado monto, el gobierno incorporará dichos recursos en el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público de 2027; se creará un fondo para financiar la reconstrucción, que recibirá aportes provenientes de la venta o puesta en valor de activos fiscales, los que podrán incluir, de manera no exclusiva, activos inmobiliarios y terrenos prescindibles de propiedad de reparticiones públicas, incluyendo el Ministerio de Bienes Nacionales y otros organismos del Estado, así como participaciones minoritarias carentes de valor estratégico.
Sin embargo,
en su último punto, el texto también establece que la implementación del protocolo “deberá compatibilizar el financiamiento de la reconstrucción con la responsabilidad fiscal y con el objetivo de recomponer gradualmente los ahorros soberanos, en especial el Fondo de Estabilización Económico y Social, fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar futuras emergencias”.
De este modo, el gobierno puede respirar tranquilo sólo una hora antes del inicio de la sesión de Sala en que los senadores debían refrendar el informe de la Comisión Mixta, para aprobar el último artículo del proyecto misceláneo que quedaba por tramitar.