Por Rodolfo Carrasco M.
A la Cámara de Diputados ingresó el proyecto que modifica el Código del Trabajo, creando un nuevo contrato especial que tiene por objeto establecer una regulación acorde a las necesidades de los estudiantes de educación superior, entendiéndose por tales a quienes tengan entre 18 y 24 años de edad inclusive, que se encuentren cursando estudios regulares en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado y que quieran compatibilizar sus responsabilidades académicas con una actividad laboral.
La norma anunciada por el presidente en cadena nacional el 1 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, establece un contrato de trabajo, con jornada reducida, que no excederá de 30 horas semanales, no pudiendo pactarse horas extraordinarias ni distribuirse en más de seis días seguidos, con la posibilidad de discontinuarla durante el día para adaptarse a los horarios de clases y, de esta manera, que el trabajador estudiante pueda seguir atendiendo sus responsabilidades académicas.
En el caso que estos trabajadores sean causantes de asignación familiar o hayan sido aceptados por una institución de salud previsional como cargas no cotizarán para salud, por lo que el empleador estará exceptuado de la obligación de declarar y pagar las cotizaciones destinadas a financiar prestaciones de salud. Sin embargo, el estudiante podrá optar, si así lo desea, por cotizar para salud y así acceder a los mismos beneficios que cualquier trabajador cotizante del sistema.
Los empleadores estarán obligados a declarar y pagar las cotizaciones para pensiones y para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, siendo estas últimas de su cargo.
Conforme a esta iniciativa, las remuneraciones obtenidas en virtud de este contrato no se considerarán para efectos de determinar la condición socioeconómica del estudiante o su grupo familiar a objeto de acceder a diversos mecanismos que tienen por objeto financiar los estudios en una institución de educación superior o los gastos asociados a ellos.
La determinación del costo de este proyecto de ley obliga a realizar un conjunto de supuestos respecto de empleo del grupo relevante, cotizaciones de hombres y mujeres, ingresos y gastos de Fonasa, entre otros. Las cifras que siguen reflejan los valores esperados para los distintos componentes de gasto que deriva de la estructura de supuestos indicada: el costo total del proyecto de ley en el presente año asciende a $ 103 millones, aproximadamente.
El detalle del costo fiscal es de $ 11,5 millones en el presente año asociado a los trabajadores estudiantes que opten por cotizar para salud en el Fonasa y hagan uso de las prestaciones médicas y pecuniarias a las que tengan derecho.
Las mujeres jóvenes que opten por cotizar para salud podrán acceder a los Subsidios Maternales y Enfermedad Grave del Hijo Menor de un año con un costo fiscal de $ 4,7 millones para 2013.
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