Economía y Política
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Publicado: Miércoles 30 de mayo de 2012 a las 05:00 hrs.
- ¿Qué pueden esperar las empresas que destinan recursos a estas entidades sociales?
- Hoy las ONGs, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil se han afirmado como contraparte permanente de las empresas. Las empresas están invirtiendo, pues son su interface con su público de interés y como estamos viviendo en un entorno de tremenda desconfianza, nos parece fundamental que la empresa pueda confiar, a quién le está dando el dinero y con qué eficiencia se utiliza. En la medida que eso se despeje la empresa privada va a estar mucho más dispuesta a canalizar recursos importantes a estas organizaciones.
- ¿Se podría prevér, entonces, un florecimiento de estas entidades?
- Hoy podemos hablar que en Chile se construyó un tercer sector de la economía, lo que en Europa se llama el sector social, tercer sector o sector no mercantil, que tiene sus propias leyes, regulación e institucionalidad y que hoy ha madurado tanto, que estamos en la necesidad de estructurarlo.
- ¿Dado que son entidades que también reciben recursos del Estado, no corresponde a éste implementar mecanismos de transparencia y regulación?
- Habiendo cuantiosos recursos del Estado involucrados, uno habría esperado que esta iniciativa surgiera del aparato gubernamental, finalmente, los más interesados han sido las propias instituciones que se dan cuenta que en la medida que sean más transparente van a generar confianzas. El Estado, en general, ha sido bastante ciego ante la emergencia de este sector no mercantil y no ha tenido una conceptualización que le permita verlo y por tanto no ha sido capaz de regularlo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.