Por Bárbara Gutiérrez P.
La dinámica del año electoral también llegó al ámbito de la transparencia. Así lo confirma a DF, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, en medio de casos ampliamente destacados por los medios de comunicación, pero que, a su juicio, aún dan cuenta de un conocimiento muy bajo y “elitizado” de la ley en cuestión.
- Tras cuatro años desde la implementación de la Ley de Transparencia hay cierta avidez por acceder a información pública...
- Si y no. Hemos hecho estudios, encuestas nacionales desde que este consejo existe, y el conocimiento que se tiene de la Ley de Transparencia es bajo, como promedio, un 20%. Si se pregunta cuál es el órgano encargado de hacer respetar el derecho de acceso, el consejo tiene un conocimiento inferior a ese 20%. Entonces, en esa línea no vería esa avidez. Pero por otro lado, hemos tenido una sostenida y persistente alza de las reclamaciones, primero de las solicitudes de acceso, que son las que se presentan ante los órganos respectivos, y después un incremento en los amparos, que es cuando la gente reclama ante el consejo. En esta vía si hay una cierta avidez, pero estamos hablando de unos 6.500 casos en torno al amparo y del orden de 165 mil solicitudes de información recibidas por distintos órganos del Estado a la fecha.
- ¿Qué se está haciendo para aumentar esas cifras?
- Esperamos un crecimiento mucho más importante a partir de abril porque acabamos de inaugurar un portal de transparencia del Estado, donde están todos los órganos del gobierno central y por lo tanto, va a ser muy fácil que un ciudadano entre a la web, haga la solicitud y el portal canalice la solicitud. En todo caso creo más bien que hay situaciones que los medios trasparentan, o que ponen en el debate público que generan inmediatamente una cierta hambre de conocimiento de transparencia. Ahora, más allá que estos casos desnuden ciertas carencias de los órganos, es propio de un país que que carece de una cultura de transparencia de forma maciza hasta ahora.
- Este año electoral, en todo caso, parece haber un interés más específico por conocer sobre ciertos temas...
- Ha existido cierta maduración en el solicitante de información. En la instalación de esta política pública, lo que había era una cierta curiosidad por conocer detalles que no tienen mayor relevancia desde el punto de vista del control social, por ejemplo, cuanto gana tal o cual funcionario público. Eso ha ido evolucionando, la gente se ha empezado a dar cuenta de que el acceso a la información es una herramienta eficaz para el control ciudadano. Estamos con ciudadanos más críticos, que piensan más de una vez lo que reciben desde todos lados y por lo tanto, y que han ido encontrando paulatinamente, en la herramienta del derecho de acceso, una herramienta eficaz para hacer un control social de las disposiciones y de los actos del Estado.
- ¿Qué le pareció lo ocurrido en el caso de la solicitud de información sobre la inscripción electoral de un candidato entregada por el Servel?
- En ese caso hubo un derecho de acceso, se ordenó la entrega de cierta información, y el organismo entregó otra que no era lo que se había ordena entregar, pero el solo hecho de que se ponga en duda la capacidad de gestión de datos del Estado es una amenaza relevante. Eso se soluciona no solamente con transparencia, sino dando las explicaciones que procedan y siendo muy rigurosos en la entrega de la información y de las opciones metodológicas que cada uno de sus estudios o estadísticas ha de tener. Como Estado no tenemos una cultura registral de la información, no tenemos buenos catastros de información.
- ¿Cuál es el perfil de quienes solicitan información?
- Estos 165.000 que solicitan y los que se amparan, son más un ciudadano, antes era más bien un curioso, y esa evolución, lamentablemente tiene un riesgo que es la elitización, gente que obedece a un cierto perfil, gente ilustrada y de un ingreso medio hacia arriba, no es todavía el chileno medio el que está haciendo uso de su herramienta como control social, o como para ejercer otros derechos. Que este año por ser electoral haya más interés, es esperable y ojalá no sea una moda pasajera, porque el hecho de que sea sostenido en el tiempo hablaría de una cierta madurez del solicitante de acceso.
- ¿Cuáles son los desafíos del CPLT?
- Necesitamos avanzar, aún más, en la construcción de prestigio institucional, y eso no sólo está dado por la solidez o fundamentación de nuestras decisiones, sino que además tiene que ir acompañada de una decisión de instalar mucho más la discusión sobre la transparencia, no solamente en la opinión pública, sino que en aquellas comunidades que puedan ser aliadas de la transparencia.
- ¿Aún a costa de ser “la piedra en el zapato” del gobierno de turno?
- Creo que el gobierno, cualquiera que este sea, tiene que entender que una cultura de la transparencia y un derecho de acceso a la información macizo, contribuye notablemente a la robustez y a la credibilidad de las instituciones. En los últimos años hemos observado que Chile, que normalmente era percibido como una isla en la región por su mayor fortaleza institucional, hoy parece más bien contaminado por la tradición en el resto del continente, de una debilidad institucional, que se ha manifestado en la falta de credibilidad en los distintos actores institucionales, particularmente en los actores políticos.
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