M. Sánchez / M. Helguero
Ad portas de ingresar al Congreso está el proyecto de ley de probidad pública, que busca normar sobre la figura de fideicomiso ciego y la declaración de interés y patrimonio de las autoridades.
Si bien no existe completo acuerdo entre los parlamentarios y el Ejecutivo, a principio de mes acordaron -tras el término del trabajo de un grupo de asesores designados para acercar posiciones en esta materia- redactar un proyecto que será enviado antes del 31 de marzo. Para que sea, precisamente, en el Congreso donde se zanjen las diferencias entre las partes.
El gran mérito, a juicio de los legisladores, es que el gobierno accedió a juntar en una sola iniciativa legal estas dos materias que se encontraban en proyectos distintos: una enviada por la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, (fideicomiso), y la segunda por el actual gobierno (declaración de patrimonio e intereses).
Así lo destaca, por ejemplo, el diputado del Partido Por la Democracia (PPD), Felipe Harboe, quien precisa que “sólo falta que el gobierno envíe el proyecto para avanzar en la discusión”.
A juicio del diputado Edmundo Eluchans, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), “el haber reunido en un mismo proyecto las dos iniciativas es un gran paso”.
El foco
Fuentes de gobierno subrayan que la unión de las dos iniciativas produjo un cambio en el foco de lo que se quería legislar. Ello, porque ahora “las autoridades deberán declarar sus intereses y si algo de ello puede generar conflicto se constituye un mandato (fideicomiso). Si ese mandato no funciona se llega al proceso de enajenación”.
Es decir, explica Eluchans, “lo primero que tenemos que saber es qué es lo que tiene cada una de las autoridades que podría eventualmente reportar un conflicto de interés, y luego aplicar medidas”. Es que el problema, añade, que tenía el proyecto anterior de fideicomiso es que “establecía parámetros muy amplios en donde se obligaba a enajenar o a constituir mandato”.
Declaración de intereses
De ahí que los diputados consultados afirman que el gran punto de coincidencia es en la declaración de intereses y patrimonio.
Aquí, indica el diputado Jorge Burgos de la Democracia Cristiana (DC), “estamos de acuerdo en un cien por ciento, porque se busca mejorar las normas actuales, que son vagas y bastante menores”.
Por ejemplo, indica, “si este proyecto de ley se aprueba no bastará con que la persona diga soy dueña del 33% de una sociedad, pues tendrá que especificar qué implica ese 30%”.
Para el diputado Eluchans, “es fundamental entregar los instrumentos para dar la mayor transparencia para que todos sepan lo que tiene una persona, más que obligarla a enajenar o entregar en administración sus bienes”.
Mandato de administración
El segundo punto -donde empiezan a aparecer las diferencias- es el fideicomiso, pero que en esta iniciativa legal se llama mandato de administración.
Fuentes que han participado en estas conversaciones señalaron que el gobierno propuso que en este caso se distinga entre el mandato ordinario (administración ciega) y el diversificado (que la administración sea gradual).
No obstante, parlamentarios de la Concertación no están de acuerdo con este punto.
El diputado Jorge Burgos (DC) señala que durante el debate le plantearon al Ejecutivo que “esa distinción no es necesaria, no queremos que exista un mandato con ciertas reglas. Creemos que hay que hacer un solo tipo de mandatado atendida las características del patrimonio de la persona”.
Venta de activos
La tercera parte de este proyecto -que tampoco tiene acuerdo- es la enajenación de activos, donde se distinguen dos áreas.
Se deberá definir quiénes serán las autoridades que estarán obligadas a enajenar sus activos una vez declarados y comprobado el conflicto de interés.
Fuentes parlamentarias indican que el gobierno propuso la división en grupo de autoridades, donde todos deben declarar sus intereses, pero dependiendo del cargo se obligará a enajenar. De hecho, un primer grupo estaría conformado por el presidente de la República, los parlamentarios y el contralor; en el segundo grupo estarían los ministros y los subsecretarios, que todavía están en evaluación.
El diputado Burgos sostiene que “aquí el gobierno no quiere colocar a los intendentes regionales y nosotros creemos que no hay ninguna razón para excluirlos”.
Mientras que Eluchans va más allá. “Soy partidario de incluir a todas las autoridades estableciendo proporcionalmente el nivel de obligaciones. Se tienen que agregar, por ejemplo, a los fiscales, los consejeros del Banco Central, o sea, todo aquel que de acuerdo a su cargo pudiera tener conflicto de interés”.
Una segunda área en la enajenación de activos, manifiesta Burgos, es “cuando se trate de concesiones de bienes públicos, porque deberíamos establecer con más claridad ciertas situaciones de personas que tengan adjudicadas algunas concensiones y que asuman ciertos cargos. Por ejemplo, una persona que es concesionaria acuícola y que llegue a la subsecretaría de Pesca.
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