por M. Helguero / A. Chávez
El gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para revertir la “jugada” de la Concertación en el Senado, donde si bien aprobó el proyecto que extiende el post natal a seis meses, rechazó el tope de las 30 UF que tendría el subsidio durante los segundos tres meses en que se amplía el permiso maternal, lo que en definitiva, obligaría al Estado a costear las 66 UF que se pagan en la actualidad.
La decisión fue informada en La Moneda -tras una serie de reuniones- por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, flanqueado por los ministros de la secretaría general de la Presidencia, Cristián Larroulet; del Sernam, Carolina Schmidt y; la vocera, Ena von Baer.
Leyendo un comunicado y sin contestar consultas de la prensa, el jefe de las finanzas públicas explicó que “conforme al artículo 65 de la Constitución, es al jefe de Estado a quien corresponde la decisión de iniciativa legislativa en todas las materias que involucren financieramente al Estado”. Enfático añadió que “buscando resguardar las instituciones que aseguran la responsabilidad fiscal, el Ejecutivo ha decidido presentar un requerimiento de inconstitucionalidad al TC”. Larraín argumentó que en “cualquier gasto o subsidio es una materia de iniciativa exclusiva presidencial, y frente a ella el Parlamento puede únicamente aceptarlo, disminuirlo o rechazarlo”.
La ministra Schmidt anunció que si bien el proyecto inicia hoy su tramitación en la Cámara, se le quitó toda urgencia mientras el TC no resuelva, con lo que en la práctica, queda suspendida su tramitación.
Según altas fuentes del Ejecutivo, la medida busca evitar que se repitan este tipo de situaciones en el Congreso, donde la Concertación tiene mayoría.
La vocera dijo que la tramitación en el TC es paralela a las eventuales negociaciones que pueda mantener el gobierno con la oposición en la Cámara Baja. “Necesitamos un pronunciamiento del TC (...) el Ejecutivo tiene que cuidar las instituciones del Estado y acá el Congreso violó instituciones que son fundamentales”.
Respecto de la eliminación del tope, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, afirmó que “en 21 años que estuve en el Congreso, nunca había ocurrido algo tan grave”. Y explicó que “en esto no está en juego el límite del post natal, sino el futuro económico y financiero del país, si la disciplina fiscal seguirá siendo responsabilidad del ministro de Hacienda o si los parlamentarios buscarán las formas para que haya más gasto como ellos quieran. Donde se ha roto esta regla, se han visto las consecuencias, como en Portugal o Grecia”.
Las reuniones
El Ejecutivo resolvió recurrir al TC tras una reunión almuerzo en la que participaron los ministros Rodrigo Hinzpeter, Von Baer, Larroulet, y los jefes de bancada, senadores Pablo Longueira, Andrés Chadwick (ambos UDI), Alberto Espina (RN), y los diputados Cristián Monckeberg (RN) y Edmundo Eluchans (UDI), quien reemplazó a José Antonio Kast en su calidad de abogado constitucionalista. Más tarde se unió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
La decisión comenzó a analizarse desde temprano en la habitual reunión de comité político donde se evaluaron tres caminos para llegar al TC: que el gobierno lo hiciera a través de un requerimiento -como finalmente sucedió-; que un quórum mínimo de parlamentarios lo hiciera y el menos inviable -según las fuentes consultadas- que fuera el propio tribunal que actuara por oficio, sin requerimiento alguno. Algunos plantearon que la mejor alternativa era que la presentación la hicieran los parlamentarios para evitar que el gobierno pague el costo político, porque según el análisis de la Alianza, recurrir al tribunal afectará sí o sí a la imagen del oficialismo y del gobierno porque quedaría en evidencia que no hay disposición de “meterse la mano al bolsillo”.
En la Alianza algunos apostaban a que fueran los parlamentarios los que hicieran la presentación, a lo que algunos senadores se opusieron porque “este es un tema que debe resolver el gobierno”.
En el Ejecutivo estarían seguros que la decisión será declarada inconstitucional y de hecho el ministro Larroulet, habría hecho las consultas pertinentes a varios abogados constiucionalistas que así se lo aseguraron.