Una inyección de $ 400 millones destinados a la reconstrucción local y la reactivación urgente de una cartera de inversiones paralizada son los principales aportes que traería a la Región del Biobío la eventual aprobación del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.
Así lo detalló el ministro de Hacienda (s), Juan Pablo Rodríguez, durante su exposición ante el mundo gremial del Biobío en la Universidad del Desarrollo.
En su intervención, donde además estuvo acompañado del economista Cristian Larroulet y del presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, desglosó el impacto territorial de la iniciativa, que ya superó su primer trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y la repercusión de las medidas tributarias que componen la iniciativa del Ejecutivo para recuperar el crecimiento.
El eje central para la zona radica en las medidas recaudatorias transitorias de la normativa, las cuales permitirán suplementar el Fondo de Emergencia Transitorio para asumir el proceso de reconstrucción de las zonas siniestradas por los incendios forestales en Biobío, Ñuble y Valparaiso.
Esta inyección de capital, va de la mano con medidas que contribuirían a enfrentar el complejo escenario laboral de la región que, según cifras entregadas por la autoridad, se traducen en 80 mil personas desocupadas y una tasa de desempleo del 10%, la más alta del país. "Este gobierno va a romper los huevos que sean necesarios para que cuando esas familias salgan a buscar sustento para vivir, lo tengan", declaró Rodríguez ante la urgencia planteada por el Gobierno para romper el estancamiento en que está Chile desde hace 12 años.
Según los datos de Hacienda, el país arrastra un desempeño económico insuficiente para asegurar el bienestar futuro de la población. En esa línea, proyecto que "si es que seguimos creciendo al 2%, en 60 años vamos a duplicar nuestro PIB per cápita. Si logramos, como es la meta de este Gobierno, volver a crecer al 4%, en esos mismos 60 años vamos a octuplicar, vamos a multiplicar por 8, nuestro PIB per cápita", aseguró Rodríguez.
Inversiones estancadas
El estancamiento al que se refiere, se basa principalmente en un “desplome por un sostenido de la inversión”, un escenario que ha afectado a la motriz productiva del Biobío. “Nuestra región es manufacturera y en los últimos años no registra inversiones en grandes proyectos, intensivos en mano de obra”, comentó el presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananías.
Al respecto, Juan Pablo Rodríguez detalló que "si entre en 1994 y el 2014, la inversión aumentaba en promedio 7,6 puntos al año, hoy día eso es de 1,7". Este descenso en la inyección de capitales se evidencia en la disminución de permisos sectoriales. "Por ejemplo acá, en la Región del Biobío, el número de permisos (…) se redujo a menos de un cuarto en la última década", sentenció.
Bajo esta realidad local, que no es exclusiva de la zona, es que la iniciativa gubernamental busca reducir drásticamente la tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, revirtiendo la realidad en que los plazos para aprobar proyectos han aumentado un 158%. “Hoy día un proceso de evaluación de impacto ambiental, en promedio, dura 37 meses. En los últimos 10 años, eso es más, y ha duplicado 36 meses para obtener, eventualmente, una resolución de verificación ambiental favorable”, relató.
Economía local
Desde el empresariado local, la agilización de estas normativas es vista como un paso indispensable para sostener la competitividad del sur de Chile. Álvaro Ananías, valoró las directrices del proyecto y enfatizó que la región necesita certezas para reactivar sus motores históricos, como la industria forestal, el sector pesquero y la logística portuaria.
"Esta es una discusión social-política, los gremios somos parte, podemos entregar información, sabemos lo que está pasando en nuestras empresas, por lo tanto tenemos que aportar y ser parte", concluyó el dirigente, reafirmando el rol activo del sector productivo para que estas políticas públicas se traduzcan en un desarrollo real para el Biobío.
Asimismo, planteó el desafío de apoyar el escalamiento de las empresas medianas que nacen en la zona, evitando que frenen su crecimiento al perder beneficios estatales tras superar ciertos márgenes de venta. Criticó que al superar el umbral de las 100 mil UF, las compañías quedan marginadas de apoyos estatales como los créditos de BancoEstado o los programas de exportación de ProChile.
"Con US$ 4 millones de venta al año pasas a ser una empresa grande (…) y no hay más ayuda del Estado". Esta barrera institucional, advirtió, no solo frena el desarrollo de empresas con alto potencial de contratación, sino que también motiva la fuga de compañías, por ejemplo, de base tecnológica desde el Biobío hacia el extranjero.
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