Economía y Política

“Hay cierta percepción de que la inversión puede generar daño pese a cumplir con la normativa”

Destaca que el avance de la Agenda de Impulso Competitivo llega a un 80% con 49 medidas implementadas de un total de 60 que se vienen trabajando desde 2010.

Por: Cristián Bastías FLORES
 | Publicado: Sábado 25 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
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Joanna Davidovich, la directora ejecutiva de la Oficina de Competitividad del Ministerio de Economía, se ha transformado en el verdadero sello de las agendas de impulso competitivo y pro inversión del gobierno. “Llegué con Juan Andrés Fontaine, quien tuvo la visión de crear la agenda, percibió la necesidad de mejorar la competitividad en Chile y con quien hicimos la arquitectura de la agenda. Después vino Pablo Longueira que tuvo la visión de seguir con la agenda, de impulsarla y darle importancia, y ahora el ministro De Vicente que viene con el mismo ímpetu, las mismas ganas de seguir y sacarla adelante”, relata en entrevista con DF.


- ¿Cuáles son los avances concretos que ha tenido la Agenda Impulso Competitivo?

- La agenda busca eliminar barreras y trabas al emprendimiento, a la libre competencia, a la inversión y por eso abarca una cantidad importante de temas, en distintos ámbitos, que tienen que ver con PYME, innovación, logística y transporte, entre otros. Hay 20 ministerios involucrados en esto y por eso la Oficina de Competitividad es relevante en la coordinación y en la visión pro competitividad de cada una de las iniciativas. Tenemos actualmente, 60 medidas en la agenda y ya hay 49 implementadas, es decir, más de un 80%. Estamos próximos a anunciar una nueva que es el contrato laboral especial para jóvenes estudiantes. Por otro lado, tenemos la Agenda Pro inversión, 20 medidas de las cuales se han implementado siete, y estamos ad portas de la octava.


- ¿Cuál sería la octava medida?

- Es de Bienes Nacionales, es un contrato para licitaciones de proyectos de energías renovables no convencional. En el norte la mayoría del territorio es propiedad del Estado y, cada cierto tiempo, se hacen licitaciones para vender esos terrenos para desarrollo productivo. Se está creando un sistema más expedito de otorgamientos de concesiones y un sistema en que los privados puedan gatillar las licitaciones cuando encuentran un lugar especialmente adecuado para el desarrollo de energías renovables no convencionales, ya sea apto por viento, por sol o por alguna condición específica.


- De este 80% de avance de la AIC ¿cuáles ya están en marcha y cuáles en etapa de implementación?

- La mayoría está implementada o terminando el proceso de implementación. Lo que está por implementarse es el contrato especial para jóvenes estudiantes, que es bien importante en términos económicos. Una de las áreas importantes en que estamos al debe en competitividad es en el área laboral. Ahí, en el segmento de los jóvenes, el desempleo es mucho más alto que el general, y la tasa de participación laboral muy baja. Y eso básicamente pasa porque los jóvenes en general, están estudiando, cosa que nos parece a todos muy positivo, pero no pueden compatibilizar los estudios con el trabajo. El Código Laboral es bastante rígido. Entonces se está creando un contrato especial de trabajo para jóvenes estudiantes que les permita compatibilizar sus estudios con un trabajo de jornada reducida, que podrá ser interrumpida y puedan pactar distintas alternativas de distribución de horas para aprovechar de manera eficiente las horas libres que tengan durante el día. Un millón de jóvenes podrían acceder a este contrato.


- ¿Cómo han recibido esta medida las empresas?

- Esto está a punto de ingresar al Congreso y espero que sea bienvenida por todos, tanto por los estudiantes, como por los empleadores, ya que genera más flexibilidad y posibilidad de adaptarse para que, obviamente con acuerdo de ambas partes, puedan establecerse las mejores condiciones.


- Respecto de la Agenda Pro inversión, antes de dejar el Ministerio, Pablo Longueira, aseguró que no existe voluntad política para sacarla adelante...
- Lo que busca la Agenda es dar mayor certeza jurídica a la inversión y hacer más eficientes los procesos y la regulación. Creo que ese es un objetivo compartido por todos. En la Oficina de Competitividad trabajamos durante varios meses levantando problemas desde el sector privado y luego intra gobierno en los distintos ministerios, para ver los ajustes necesarios en diversos cuerpos legales y regulatorios para cada tema (recursos hídricos, medioambientales, mineros, concesiones, entre otros). Hicimos en primer lugar, un diagnóstico. Hay un stock importante de proyectos de inversión en carpeta, de casi 
US$ 200.000 millones, la mayoría son mineros y energéticos que no se llevan a cabo o se demoran porque hay muchas trabas burocráticas, de regulación, de permisos, de temas de atribuciones y competencia entre servicios que dan los permisos y no están claras (…), hay proyectos que requieren más de 60 permisos para poder llevarse a cabo. Queremos un estado que facilite la inversión y no que genere obstáculos, obviamente, cumpliendo a cabalidad con la normativa. Hay cierta percepción de que la inversión puede generar daño pese a que está cumpliendo con la normativa.


- ¿Cuál es el estado de esta Agenda?

- Esta agenda tiene dos líneas: una es la agenda de gestión que básicamente tiene 20 medidas en distintos ámbitos. Son pequeños cambios o mejoras en regulaciones para generar mayor certeza jurídica, que hacen los procesos más expeditos, más eficientes y que evitan esta duplicidad de procesos y problemas de atribuciones y competencias no muy claras. Para esta agenda nos auto impusimos plazo hasta fin de junio para cumplirla. La segunda línea es un proyecto de ley que toma diferentes cuerpos legales en distintos temas con la misma visión de destrabar inversiones, obviamente, cumpliendo con la normativa y con todos los requisitos impuestos en la regulación. Pero hay ciertos vacíos legales o detalles no especificados en algunas leyes, procedimientos que se pueden mejorar de manera quirúrgica para facilitar este proceso. Además, estamos próximos a enviar a Contraloría los reglamentos de vivienda y de salud para lograr una solución integral a la Calificación Industrial. La normativa actual genera incertidumbre en los inversionistas para el emplazamiento de proyectos. Es un tema de mucha importancia que estamos solucionando. Hay también mejoras de gestión en servicios claves. Por ejemplo, en Bienes Nacionales, por ejemplo se están agilizando licitaciones de proyectos de terrenos en el norte, para un stock de proyectos de desarrollo productivo: industriales, energéticos, turísticos. Esto libera bastante terreno que es un problema que tenía el norte, donde los precios de los terrenos estaban altísimos, y se genera crecimiento y más empleo. Lo que hicimos fue empaquetar todo esto en un proyecto Pro inversión con la idea de que vaya al Congreso con cierto nivel de consenso en los actores políticos.


- ¿Pero está optimista?

- Creo que es clara para todos la necesidad de concretar los proyectos de inversión y de sostener el crecimiento, es especialmente notorio con el alto costo de la energía que debemos enfrentar como país. Entiendo que hay voluntad de hacerlo. Ojalá que se siga porque es un buen proyecto que genera certeza jurídica para el desarrollo productivo chileno.


- ¿Cuál es el impacto de la Agenda de Impulso competitivo?

- La Agenda recién se está implementando. Estos cambios no son inmediatos y sus efectos se van a ir viendo a lo largo del tiempo. Hay dos líneas de acción, las medidas de gestión y regulatorias, en que se ha hecho una especie de reingeniería de procesos en varios servicios públicos -SAG, Sernapesca, Inapi, ISP, DT-, nuevos programas y mejores regulaciones. Ahí estamos logrando efectos concretos en reducción de costos y tiempo de trámites. La otra línea requiere proyectos de ley para lograr las mejoras. Dos ya fueron aprobados con la reforma tributaria y en este momento hay 12 proyectos de ley en el Congreso en trámite y ojalá se implementaran lo antes posible para que tengan efectos reales en la productividad. Entre ellos, el de cabotaje marítimo, la adaptabilidad laboral para el sector agrícola y para el sector turismo, la agilización de los permisos de edificación, la digitalización, firma electrónica avanzada, la reforma de los notarios y conservadores, entre otros.


- ¿Y para las PYME?

- Mucho de la agenda tiene que ver con trabas al emprendimiento y todo emprendimiento es una PYME. El 99% de las empresas de Chile son PYME y generan un 60% del empleo. Todos los trámites a los que se tienen que enfrentar los estamos mejorando, simplificando, mejorando los procedimientos, haciendo reingeniería de procesos. Otra cosa que las favorece es la reducción del promedio de días de pago de todas las PYME proveedoras del Estado, a través del Chile Paga.

 

AGENDA DE IMPULSO COMPETITIVO Y SUS EFECTOS
Menos burocracia y agilización de trámites: ahorro de tiempos y costos SAG:
Sistema de Emisión Electrónica de Certificados sanitarios de exportación que redujo en un 40% el tiempo de emisión del certificado. ISP: automatizó más del 80% de los trámites de productos farmacéuticos y cosméticos y redujo los tiempos de renovación de registros de productos farmacéuticos y cosméticos en más de un 50%. Inapi: Portal y Plataforma de Servicios Electrónicos, en que el 90% de certificados se piden por Internet.

Ministerio de Salud: el 55% de las solicitudes de autorizaciones sanitarias por alimentos pueden realizarse en línea.

Más competencia y eficiencia en transporte y logística Apertura unilateral del transporte aéreo doméstico o cabotaje. Dos compañías extranjeras han ingresado a operar al país: West Air Sweden (Suecia) y Damojh S.A. de C.V. (México). Pavimentación de alrededor de 200 tramos de caminos productivos en zonas rurales para desarrollo regional por 766 kms.

Favorecimiento PYME ChilePaga: reducción del promedio de días de pago del fisco a sus proveedores en un 35%, de 34 el 2010, a 22 días el 2012.

Creación del Fondo Corfo para la Reconversión Productiva. Ha

Favorecer inversión en áreas clave Concesiones marítimas: eliminación del déficit histórico de stock de mil expedientes pendientes por tramitar y reducción del tiempo promedio de tramitación de expedientes a 140 días.

Bienes Nacionales: reducción de los plazos promedio de tramitación de ventas, arriendos y concesiones desde 36 meses a sólo 6 meses,

Promoción de la innovación y el desarrollo digital. Creación de Fondode Equipamiento Científico y Tecnológico. Becas en inglés.

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