El proyecto Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que propone una reforma al sistema de permisos para reducir los tiempos de la tramitación de los proyectos de inversión, incorpora varios cambios y crea una institucionalidad: el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial (Sres), que estará a cargo de hacer cumplir los plazos perentorios para la tramitación de las respectivas autorizaciones.
Como parte del Sres también se propone la nueva figura de un Comité de Subsecretarias y Subsecretarios, que de acuerdo al proyecto de ley tiene como objetivo “servir de instancia de coordinación entre los distintos órganos de la Administración del Estado vinculados al otorgamiento de autorizaciones sectoriales, correspondiéndole conocer las recomendaciones de mejora regulatoria formuladas por el Servicio”.
Además, tiene el mandato de convocar sesiones al menos una vez por trimestre para determinar la colaboración necesaria de los distintos sectores para el cumplimiento de la ley, al igual que el de las reglas de tramitación de autorizaciones sectoriales y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adoptados en sesiones previas.
Según el documento, la integración del comité implica optimizar la acción de los diversos sectores regulados, sin crear más burocracia, agregando que “permitirá el desarrollo de mecanismos e instrumentos innovadores en materia de autorizaciones sectoriales, todos los cuales forman parte de una robusta modernización del Estado. Esta modernización no será sólo tecnológica, sino también regulatoria”.
Dicho comité será convocado por el director del Sres y presidido por el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, además de ser conformado por los representantes de las carteras de las Fuerzas Armadas; Hacienda; de Pesca y Acuicultura; Obras Públicas; Salud Pública; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Minería; Bienes Nacionales; Transporte; Telecomunicaciones; Energía; Medio Ambiente; y Patrimonio Cultural.
No obstante, de ser estimado conveniente también podrán ser convocados otros subsecretarios, jefaturas de servicio, autoridades y/o funcionarios del Estado. Mientras que la asistencia y participación recaerá exclusivamente en quienes lo integren o fueron citados y no podrá ser delegado.
La visión de los expertos
Para Sebastián Izquierdo, investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), el comité es “una buena medida”, ya que se hace cargo del diagnóstico emitido por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) de buscar una instancia de colaboración al interior del Estado para agilizar las autorizaciones sectoriales.
“Tenemos que ser capaces de conciliar lo económico, que muy bien lo representa el Ministerio de Economía, pero también tenemos que conciliar el interés público, que lo vemos justamente en Medio Ambiente, en Energía, en Bienes Nacionales, que están representados también en este comité, para poder conciliar y mejorar la normativa”, dice.
Así, explica que el rol de dicho comité es el de cumplir la tramitación de los permisos, además de proponer informes sectoriales, que “no quedan en el cajón, sino que justamente son habilitantes para que el Presidente de la República proponga al poder Legislativo aquellos cambios legales que se requieran, como también que cada uno de los sectores de los ministerios que están ahí representados cumplan o exista la instancia de poder darle mayor prioridad y agilidad a los proyectos en curso”.
Al contrario, para la socia de Bofill Escobar Silva Abogados y fundadora de la Red Procompetencia, Vanessa Facuse, “no es necesaria una ley para obligar a los subsecretarios a generar una instancia de coordinación”, ya que existe en la legislación el principio de colaboración y cooperación entre los organismos públicos.
A su juicio, “debería haber voluntad política” y propone que también se designe a una persona de cada subsecretaría como responsable de estos temas, “porque los subsecretarios son eminentemente políticos, pueden variar, incluso dentro de un mismo gobierno y, por tanto, lo que uno quiere es que la función pública tenga continuidad”.
También, estima que la Oficina de Grandes Proyectos, a cargo de la cartera de Economía, ya cuenta con un organigrama para la agilización de la tramitación.
“Podríamos dotarlos de más recursos, pero no sé si necesitamos una ley que cree un nuevo servicio, un nuevo comité para que esto funcione, siendo que uno podría fortalecer lo existente y de esa forma también agilizar la implementación de las reformas”, señala.
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