El 17 de septiembre, justo antes de que comenzaran las celebraciones de Fiestas Patrias, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que había comprometido el exministro de Hacienda, Mario Marcel, para garantizar la acumulación de recursos en los menguados fondos soberanos.
La iniciativa, de solo dos artículos y ocho páginas, firmada por el actual jefe de la cartera, Nicolás Grau, y el Presidente Gabriel Boric, busca garantizar el ahorro en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y en el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) en tiempos de bonanza fiscal.
El proyecto plantea dos cambios. Primero, propone que “cuando exista un superávit efectivo igual o superior al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del año anterior, se destinará un 50% de dicho superávit al Fondo de Reserva de Pensiones y el otro 50% al Fondo de Estabilización Económica y Social”.
En segundo lugar, se agrega de forma permanente una norma que se incorporó por primera vez en la ley de Presupuestos 2025, y cuyo propósito es que el Ejecutivo debe pedir la autorización al Congreso Nacional en caso de que los retiros del FEES superen el 0,3% del PIB.
Según los datos de la Dirección de Presupuestos, el FEES acumulaba US$ 3.805 millones a julio pasado, esto es, US$ 3.709 millones menos que a fines de 2022 y lejos de los más de US$ 20 mil millones que llegó a tener en 2008 en pleno boom del cobre. A su vez, el FRP tenía US$ 9.763 millones, y se ha mantenido relativamente estable tras alcanzar US$ 10.812 millones a fines de 2019.
Lo comprometido
A comienzos de 2025, en la última parte de la tramitación de la reforma previsional y tras recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el Ejecutivo se había comprometido a revisar las normas de acumulación y retiro del FRP, adecuándolo a la reforma, e incorporó además un compromiso que había hecho antes respecto de revisar la gestión del FEES. Así, en el artículo 47° de la citada iniciativa quedó establecido que, en el plazo de 180 días desde la publicación de la ley, el Gobierno ingresaría “una iniciativa legal que modificará la gestión fiscal” del FEES y del FRP, “con el fin de alcanzar una meta para el nivel en régimen para ambos fondos”.
Sin embargo, para algunos economistas, el proyecto no logró llenar las expectativas. Por una parte, no establece una meta a la que deberían llegar los fondos en régimen, que era uno de los objetivos principales; y, además, es muy poco probable que implique una acumulación real de recursos en el corto plazo.
“El espíritu de la norma es correcto en cuanto al objetivo que debemos fijarnos como país de recomponer nuestros ahorros. Sin perjuicio de ello, dado que los escenarios de superávit hoy día se vislumbran lejanos, hubiese sido aconsejable adicionar esfuerzos para redirigir todo superávit hacia esos objetivos, no solo cuando supere el 0,4% del PIB, al menos hasta recomponer un cierto nivel mínimo”, dice la exdirectora de la Dipres y actual directora del Centro de Políticas Públicas USS, Cristina Torres.
“Es positivo tener una regla que mandate a acumular recursos en el FEES y FRP cuando exista un superávit fiscal. Lamentablemente, dado el estado actual de las finanzas públicas del país, es muy poco probable que este criterio se cumpla. En la última década solo tuvimos un cierre superavitario en 2022, lo que respondió a condiciones muy particulares”, afirma el también académico del Centro de Políticas Públicas USS, Mauricio Carrasco. “Esta regla vuelve a poner de manifiesto que el verdadero desafío, y de primer orden, es ordenar nuestras cuentas fiscales”, agrega.
Hoy el FEES equivale a menos de 2% del PIB, y la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Chile es que el ahorro se ubique entre 5% y 7% del PIB a mediano plazo, para tener la suficiente solvencia en caso de que se requiera. Ello equivale a entre US$ 17.500 millones y US$ 24.500 millones.
En octubre de 2024, el CFA ya había advertido que en la actualidad el país cuenta con una menor capacidad para enfrentar crisis económicas en comparación con los últimos 15 años. El Consejo señaló que se deben buscar mecanismos para volver a tener superávit fiscales a futuro o, mientras, evaluar “la transformación de activos ilíquidos en activos líquidos del Tesoro Público”. Eso implicaría, por ejemplo, la venta de activos inmobiliarios o participaciones en empresas públicas. Ninguna de estas medidas fue considerada en el proyecto de ley.
Lo que fue mejor visto por los expertos es el límite de 0,3% a los retiros sin pasar por el Congreso. “Parece positivo el requerimiento de habilitación legal, por cuanto el uso de recursos extraordinarios, en cumplimiento del espíritu de la norma de la ley de responsabilidad fiscal, debiera ir en pro de circunstancias excepcionales y no para financiar gastos ordinarios de un año”, dice Torres.
En 2023 se retiró del FEES cerca de 0,5% del PIB y en 2024 en torno a 0,7% del PIB.
En esa oportunidad, algunos economistas cuestionaron la decisión, ya que se adoptó sin que hubiera una crisis económica.
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