La demanda por una mayor eficiencia en el gasto público está en boga por estos días, marcados por las investigaciones en el caso Convenios y los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por incorporar medidas de modernización del Estado en el pacto fiscal.
Pese a lo anterior, ya desde fines de los 90 el Estado realiza cada año un proceso de evaluación y monitoreo de los programas estatales, con la idea de detectar espacios de mayor eficiencia y corregir problemas en las políticas sociales.
Un informe elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD) valora dicho esfuerzo, pero advierte que su cobertura todavía tiene limitaciones respecto a la cantidad de políticas implementadas en el Estado.
El texto, elaborado por la coordinadora del Programa de Pobreza, Vivienda y Ciudad de LyD Paulina Henoch, parte señalando que se ha registrado un aumento importante en la cantidad de programas que son parte del monitoreo de la oferta, pasando de 478 a 700 entre 2012 y 2022. Sin embargo, recalca que dicha cobertura significa apenas un 23% del presupuesto total ejecutado por el sector público.
Esto último hace referencia al gasto total de los ministerios cuyos fondos no son parte de la evaluación o los presupuestos que están valorizados en dólares, como algunas partidas de las carteras de Defensa, Relaciones Exteriores y el Tesoro Público
Así, agrega que de los ministerios con programas evaluados, apenas un 25% de sus recursos son sometidos al escrutinio del proceso, destacando aquí carteras como Hacienda (un 1% de su oferta siendo analizada), el Tesoro Público (también con 1%) y Obras Públicas con un 5%.
En el otro extremo se ubican Educación y Desarrollo Social y Familia, donde el 93% y 92% de sus recursos ejecutados pasan por la etapa de evaluación, respectivamente.
El proceso de monitoreo anual es realizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social.
"Es necesario aumentar la cobertura del proceso de monitoreo, dado que se sigue dejando fuera parte importante de la oferta programática vigente", plantea la ingeniera
Alto gasto administrativo y deficiencias
Otra sección del análisis del centro de pensamiento se enfoca en los ministerios donde se detectan mayores problemas en los distintos criterios evaluados, como su cobertura, focalización y propósito.
Por ejemplo, la totalidad de los programas escrutados en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuentan con falencias en sus criterios evaluados. Un 83% de los programas de la partida de fundaciones dependientes de la Presidencia de la República muestra algún tipo de deficiencia. En el otro extremo se ubican las carteras de Obras Públicas, Bienes Nacionales y Transportes y Telecomunicaciones, cuya tasa oscila entre 0% y 10%. Eso sí, Henoch enfatiza que en el caso del MOP solo se evaluó un programa en el último proceso.
Por tipo de programa, un 60% de las iniciativas que entregan alguna prestación registra deficiencias, mientras que el 83% de los recursos de los programas que presentan criterios mal evaluados se concentran en la entrega de transferencias.
Otro foco de análisis de Henoch es el gasto administrativo en los programas analizados, definido como los desembolsos destinados a apoyo para que las iniciativas puedan funcionar, pero que no son recibidos directamente por los beneficiarios.
Así, el reporte concluye que un 77% de los programas estiman el gasto administrativo de manera correcta, un 21% lo hacen de forma incorrecta y un 2% no informan desembolsos por este concepto. Del total, un 43% de los programas ejecuta menos de $ 2.000 millones al año. De estos programas más pequeños, el gasto administrativo explica un 14% de su presupuesto, muy por sobre el 2% de las iniciativas más grandes que ejecutan más de $ 10.001 millones.
De la oferta analizada, un 16% de programas destina más del 20% de su gasto al funcionamiento administrativo, destacando en esta categoría Relaciones Exteriores (75%), Secretaría General de la Presidencia (Segpres, 63%), Hacienda (50%) y las fundaciones dependientes de la Presidencia de la República (40%).
"Es necesario coordinar, unir iniciativas y simplificar la oferta programática, dado que uno de los problemas de la fragmentación es que los programas de menor tamaño tienen en promedio un mayor gasto administrativo. El Estado debiera seguir reforzando el proceso de evaluación y monitoreo, siendo un buen espacio para utilizar estos antecedentes la próxima discusión de la Ley de Presupuestos 2024", plantea Henoch en las conclusiones del análisis.
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