Como una posibilidad de potenciar y mejorar la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos (SII), el director de la entidad, Julio Pereira, optó por dividir las funciones asignadas al Departamento de Defensa Judicial y Delitos Tributarios, para que dos estamentos independientes las ejecuten.
Según la resolución exenta del SII Nº 153 emanada el 23 de diciembre de 2011, se decidió modificar la organización del Departamento de Subdirección Jurídica estableciendo el Departamento de Delitos Tributarios. Dentro de esta unidad, se implementa también, la Oficina de Inteligencia Tributaria, que deberá participar en la “elaboración e implementación de un sistema de inteligencia fiscal, que mediante el empleo metódico de técnicas especializadas, permita establecer proyectos integrales para la detección y planificación de actuaciones contra el fraude tributario”.
Para expertos tributarios, esta nueva división es un “remake del sistema”, dado que en administraciones anteriores, aproximadamente cuatro años atrás, esta institución permanecia vigente. No obstante, explican que con el paso del tiempo se refundió el Departamento de Defensa Judicial con el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, “mostrando los énfasis de las pasadas administraciones”.
Según sostienen, esta decisión se debería a que anteriores directores del SII, consideraban poco conveniente que las mismas personas que investigaban fueran las que persiguieran las querellas por delitos tributarios, ya que esto podía antentar contra su objetividad. En ese sentido, resultaba mejor mantener separadas las funciones de investigación y de defensa de las querellas por delitos tributarios.
“Durante la administración 2006-2007 se consideró que esta situación no era eficiente y tampoco formaba parte de su prioridad perseguir delitos tributarios y refundió el departamento. Por alguna razón, en diciembre del año pasado, se optó por separar la fusión y crearon nuevamente el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios”, explican.
Esto, reconocen, puede ser un giro y un nuevo énfasis en la persecución penal de quienes cometen delitos tributarios y en el efecto fiscalizador.
Las atribuciones
Dentro de las atribuciones que tendrá la instancia, según el texto oficial, está “apoyar, coordinar, supervisar y formular directrices respecto de las actuaciones de detección, recopilación de antecedentes y cuidado de documentos recabados en los casos de irregularidades tributarias susceptibles de ser sancionadas con pena privativa de libertad”.
Junto con eso, agrega, “deberá remitir a las Direcciones Regionales y Dirección de Grandes Contribuyentes los antecedentes que correspondan para la aplicación de las sanciones de su competencia que fuesen procedentes y la determinación y cobro de los impuestos adecuados”.
La Oficina de Inteligencia
La creación de la Oficina de Inteligencia, a juicio de expertos, responde a una tendencia internacional, que incluso es muy usada en EEUU, que de alguna forma, se complementa con la Subdirección de Fiscalización y el Departamento de Prevención de la Evasión, donde se puede cruzar información que permita encontrar focos evasivos y mejorar las acciones de fiscalización para controlar esos posibles focos. Agregan que esta oficina no representaría un gran impacto en la toma de decisiones en términos macro, de perseguir el delito tributario.
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