Por Rodolfo Carrasco M.
En medio de su habitual jornada de trabajo, el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros judiciales de Chile, Alfredo Martin, hace un alto en la constante firma de documentos para analizar la reforma al sistema que prepara el gobierno. Aunque comparte la necesidad de modernizar la institucionalidad del sector, deja claro que ya existen muchos avances.
- ¿El ministro plantea que se debe incorporar la meritocracia en los nombramientos?
- No es que estemos exentos de meritocracia, porque en el sistema de nombramientos de notarios y conservadores intervienen dos poderes del Estado, el Judicial que hace una terna en base a los méritos y el Ejecutivo que elige a la persona que va a desempeñar el cargo, no se puede hablar que hay una falta de transparencia. No obstante, todo lo que apunte a hacer más transparente y entregar una idoneidad a las personas que van a desempeñar el cargo, bienvenido, en la medida que esos exámenes sean nacionales, objetivos y tomados por personas que tengan los méritos suficientes.
- ¿Por qué ha costado tanto hacer una reforma al sistema?
- Creo que acá se han enfrentado dos doctrinas: una impulsada por los economistas que es tratar de introducir un sistema anglosajón y la otra que es mantener nuestras instituciones en base al sistema latino. Cuando chocan estos dos bloques ideológicos estos proyectos tienden a entramparse.
- ¿El ministro asegura que si no se moderniza el sistema explotará?
- Creo que es un poco exagerado, el sistema requiere de modernización y nosotros la estamos impulsando permanentemente; hace 30 años las escrituras se hacían a mano y demoraban siete días en estar listas, hoy están en un par de horas. Así, no hay sesgo nuestro de impulsar modernizaciones o una situación en que si no se adecua la legislación al actual sistema esto vaya a explotar. El sistema funciona y bien y deben dictarse leyes para que lo haga mejor.
- Se contempla establecer una central de datos…
- La asociación dispone ya de un repositorio electrónico que es donde van a alojar todos los documentos que son emitidos, por eso nos parece interesante poder circular con documentos electrónicos donde las personas puedan validar su existencia. Hoy estamos sujetos a muchas falsificaciones, porque la tecnología ha ido avanzando tanto que facilita la clonación de documentos. Le hemos pedido al Registro Civil que seamos los notarios los que inscribamos las compraventas de vehículos como una manera de evitar las falsificaciones.
- ¿Hay alguno de los cambios que consideren inadecuados?
- En el tema de fiscalización lo que hemos escuchado es que se le estaría entregando una labor importante al Sernac, que es un organismo político y no nos parece razonable que organismos profesionales sean fiscalizados por organismos políticos, porque esto podría desnaturalizar la función fiscalizadora, no nos interesa ser plataforma política de nadie. No nos oponemos si el Sernac va a tener un papel mediador en algún cobro excesivo de arancel, lo que no compartimos es que se meta en la función de los notarios y conservadores.
- Se busca que no sean solo firmadores de papeles...
- No es así, si bien es cierto se le pueden agregar mayores responsabilidades a la actividad, somos todos abogados y como tal revisamos la legalidad de los actos. El notario y conservador abogado desarrolla bien su función, aunque creemos que es bueno que se aumente esa responsabilidad.
- Si los notarios cumplen bien su función, aumenta la certeza jurídica y se evita la judicialización...
- En eso no hay duda, una de las labores fundamentales del sistema notarial y registral es la justicia preventiva, que tiene un impacto económico tremendamente positivo, no solo para las personas sino también para el Estado. Realizamos 18 millones de atenciones al año, si el 15% estuviera mal hecha y generara un litigio, tendríamos 2.700.000 causas que entrarían a los tribunales. Hoy ingresan casi 3 millones de causas al año, o sea, habría que crear los mismos tribunales que hay hoy para poder cubrir esa necesidad. El presupuesto del Poder Judicial son US$ 580 millones, eso es lo que le ahorramos al Estado en justicia preventiva, con costo cero.
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