El fiscal nacional pide construir una cárcel especial para el crimen organizado, como en Italia

“Tenemos claro que la ciudadanía espera más del Ministerio Público. No somos indiferentes a esa mirada crítica y, en este contexto, nos estamos haciendo cargo de ese desafío”, señaló el fiscal nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, en el marco de la cuenta pública 2022, a la que asistió el Presidente de la República, Gabriel Boric.

La autoridad, que cumple 90 días en el cargo, indicó que “los delitos violentos han aumentado significativamente durante los últimos años; el crimen organizado es una grave amenaza para nuestra sociedad, especialmente el narcotráfico, que se ha tomado varias de nuestras ciudades y barrios, y la cibercriminalidad ha sido capaz de atacar a instituciones, empresas y personas”.

Por lo mismo, reafirmó su disposición en participar activamente en todos los proyectos de ley que puedan tener incidencia en materia penal, especialmente en aquellos que se relacionan directamente con la seguridad pública de nuestro país.

Recordó que así sucedió con el trabajo legislativo que ha permitido la modificación de la Ley sobre Control de Armas; la ley que modificó el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro; la ley que refuerza las funciones de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión; y, finalmente, la ley que fortalece y protege el ejercicio de la función policial.

Valencia planteó que “como institución creemos que el Congreso y el Gobierno deben evaluar la necesidad de impulsar una ley que permita una mayor utilización del procedimiento abreviado, lo cual es esencial en la persecución de la criminalidad organizada. También creemos necesario que exista un régimen específico de clasificación y segregación carcelaria, especialmente respecto de sujetos condenados por casos de crimen organizado, y que se bloquee las señales de teléfonos celulares que se emiten desde los centros penitenciarios”.

En este contexto, el timonel de la Fiscalía afirmó que “con mucha claridad lo quiero señalar: necesitamos que se establezca la creación de un recinto carcelario especial, como los que permitieron a Italia combatir, con pleno respeto a los Derechos Humanos, al crimen organizado”.

Por otro lado, sostuvo que “sabemos que contar con información respecto de las comunicaciones que realizan las personas involucradas en la comisión de un delito puede ser clave para su esclarecimiento, y por eso celebramos que se esté tramitando con urgencia el proyecto de ley que dispone la creación de un registro de chip telefónicos de prepago”.

Asimismo, agradeció el compromiso del Gobierno y del Congreso con la creación de la fiscalía supraterritorial, proyecto cuyo despacho está considerado para este año.

Señaló que el crimen organizado no se puede combatir únicamente con la persecución de los delitos que se han cometido en estos contextos, y que se necesita fortalecer e implementar programas de prevención y rehabilitación para abordar las causas subyacentes al crimen organizado y reducir la tasa de reincidencia.

El fiscal manifestó que uno de los aspectos en lo que aún la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen organizado no pueden superar al Estado, es en su capacidad para procesar cantidades gigantescas de datos, que sólo este último tiene, mediante inteligencia artificial.

Lo anterior sirve para “anticiparnos a sus acciones, detectar sus organizaciones y reconstruir sus modus operandi” y señaló que “sabemos que parte de la criminalidad organizada que hoy amenaza a nuestro país tiene capacidad para movilizar transnacionalmente a personas, armas y recursos materiales. Por eso, la cooperación y asistencia legal mutua internacional y con la sociedad civil, será una prioridad en mi gestión, tanto para favorecer y fortalecer la persecución penal como también para ayudar a la recuperación de activos y el comiso de bienes materiales”.

Valencia enfatizó que “si les quitamos las armas, si les incautamos los recursos financieros reforzando la persecución del lavado de activos, y si les bloqueamos sus negocios ilícitos, les haremos más difícil su operación en Chile”.