Informe valora transparencia en vacunación en A. Latina, pero alerta sobre compras públicas

Las medidas de respuesta a la pandemia han proporcionado múltiples ayudas a la población afectada por la crisis, pero de la mano de ellas también se ha reducido la rendición de cuentas y se han abierto espacios a riesgos de corrupción.

Este panorama analiza la Red Anticorrupción Latinoamericana (REAL) -integrada por centros de estudios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Perú, y Paraguay- que además de monitorear estándares de transparencia y prevención de conflictos de interés en pandemia, incorpora indicadores sobre los procesos de vacunación.

En su Informe regional: Transparencia y prevención de la corrupción en tiempos de pandemia en América Latina, la entidad liderada por Espacio Público destaca que hasta junio se han verificado mejoras -y mayores esfuerzos- en la publicación proactiva de información en varios países. Sobre el proceso de vacunación, indica que ha habido “gran transparencia” respecto del proceso, sus etapas y los criterios de priorización utilizados.

La directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, Valeria Lübbert, explica que el nivel de detalle varía según el país, pues algunos solo reportan la cantidad de vacunas diarias, y otros además entregan datos sobre el cumplimiento de las etapas.

“Por esto, no todos los países cuentan con información suficiente para fiscalizar el cumplimiento de las fases del plan de vacunación”, acota, y destaca que Argentina, Guatemala, Paraguay y Perú cuentan con páginas web con información pública sobre el proceso en formato de datos abiertos y reutilizables.

El reporte precisa que los antecedentes sobre el precio pagado por las vacunas y las condiciones contractuales de su adquisición han sido calificadas como “secretas” en todos los países contemplados.

En materia de compras públicas, Lübbert indica que “hay varios hallazgos que levantan alertas debido a nuevos espacios de riesgo para la corrupción”. Esto, porque se han debido hacer grandes gastos de emergencia y se tiende a recurrir más a compras directas, se han pagado sobreprecios, y se ha dificultado la rendición de cuentas y transparencia de tales compras.

REAL plantea como desafío establecer una regulación que “compatibilice adecuadamente las exigencias de probidad y transparencia sobre compras públicas en situaciones de emergencia”. La experta destaca que una buena práctica en Perú y Ecuador es el uso de plataformas con datos abiertos con información actualizada de todas las compras relativas a la pandemia, mientras que Argentina, Ecuador, Guatemala y Paraguay han identificado a los beneficiarios finales de tales compras.

En cuanto a la publicación de información sobre los beneficios o ayudas sociales por la pandemia, “la regla general ha sido la transparencia y gran difusión de las medidas por medios de comunicación masiva y campañas comunicacionales”, pero varios países destacan que “falta mucho por hacer en esta materia”, dice el informe.

“Relativamente bien”

A juicio de la experta de Espacio Público, “Chile está relativamente bien en comparación a la región”, pues se reportan altos niveles de transparencia, destaca el rol del Consejo para la Transparencia en facilitar el acceso a la información sobre gastos y medidas asociadas a la crisis, y la entidad ha seguido cumpliendo su rol con normalidad.

Tampoco se ha suspendido el acceso a la información ni se han flexibilizado estándares, y la Contraloría ha seguido cumpliendo “con gran rigurosidad” su rol, sin recursos extra pese a una mayor carga de trabajo, dice Lübbert.

Los desafíos del país van en línea con establecer mejores condiciones de accesibilidad de la información sobre gastos y medidas asociadas a la pandemia, así como destinar mayores recursos para fiscalización en emergencias, explica la directora.

También se insta a Chile a contar con un registro de beneficiarios finales de las compras públicas para saber si existen conflictos de intereses y poder prevenirlos, además de publicar información en formato de datos abiertos y reutilizables actualizada al menos semanalmente, sobre los gastos de la pandemia, entre otros puntos.