Tres meses lleva Carlos Pavez como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo creado hace casi 20 años para prevenir la utilización del sistema financiero o alguna actividad económica para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Designado por el Presidente Gabriel Boric luego de un concurso público realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública, este abogado e ingeniero comercial ha estado cerca del rol fiscalizador. Ejerció como director jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendente de Valores y Seguros y presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Y quizás, por lo mismo, tiene claro que uno de los desafíos de la UAF pasa por incorporar nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
“Necesitamos más fiscalizadores, no solamente para la inteligencia, necesitamos herramientas, software, equipamiento para ir mejorando ese trabajo y fortalecer algo que ya se está haciendo bien”.
Y este “fortalecimiento” -como dice- de las personas conminadas a entregar información requiere de una actualización del marco legal. Pero se trata de un paso que se le ha recomendado a nivel internacional a varios países de la región, explica. En el caso de Chile, es de la idea de sumar a abogados, contadores y de proveedores de servicios societarios, entre otros.
- ¿El caso de los abogados ya rige en otros países?
- Probablemente, es una de las actividades que ha generado mayor discusión a nivel internacional, porque tiene varias aristas. Las actividades dentro de la profesión de asesoría legal que deberían estar incorporadas -obviamente no son todas- son las relacionadas con estos servicios de asesoría, de provisión de servicio societario o de asesoría legal y no de defensa. Lo que más ha causado, al menos desde lo público, algún tipo de dudas tendría que ver, por ejemplo, si los abogados defensores -en el ejercicio de esas funciones- debieran estar incorporados a la obligación de entregar información. Yo diría que por ahí es donde hay más problema, pero es una actividad que está regulada hace mucho tiempo.
- ¿Hay otros sectores que esperan incorporar?
- Estamos en conversaciones para evaluar la incorporación de sujetos obligados de áreas que entendemos que son relevantes. Y también hemos planteado y tenido muy buena recepción de parte de la autoridad del Ministerio de Hacienda y de conversaciones que hemos tenido con el Ministerio Público como parte de la permanente coordinación que tenemos con ellos de definir bien si tiene sentido seguir agregando sectores como sujeto obligado o si, más bien, hay que focalizar en aquellas áreas que son más relevantes.
En el ámbito de lo que aportan como sujeto obligado, los abogados, los contadores, los profesionales que prestan servicios de asesoría societaria son relevantes.
- ¿A nivel regional en qué nivel regulatorio estamos?
- Estamos en un nivel alto de cumplimiento, en una posición más bien positiva en relación a la región. Pero sin perjuicio de eso, tenemos un desafío importante, la identificación de tener un sistema centralizado y de fácil acceso para todas las autoridades competentes con información de los beneficiarios finales de las personas o estructuras jurídicas. Es un tema sobre los cuales se está trabajando y, de hecho, hoy forma parte el proyecto del último proyecto de reforma tributaria. Hay distintas miradas y utilidades que se le da a la información que se va a generar a partir de ese registro.
“Necesitamos más fiscalizadores”
A propósito de diversas normas que analiza el Congreso desde 2018 y que buscan incorporar a automotoras, empresas de leasing, ventas de armas, clubes de tiro, pesca y caza; y hasta asociaciones de equinos de raza pura como sujetos obligados a reportar -pero que no robustecen la institución-, Pavez afirma que existe “bastante convencimiento” sobre la necesidad de fortalecer las facultades la UAF: “Nuestro trabajo tiene que ver con inteligencia financiera, como un insumo súper importante para que el Ministerio Público pueda hacer la investigación y persecución de los distintos delitos asociado al financiamiento del terrorismo. Por eso es que cuando planteamos este tema de fortalecimiento lo planteamos como una mirada integral. Necesitamos más fiscalizadores, no solamente para la inteligencia, necesitamos herramientas, software, equipamiento para ir mejorando ese trabajo, fortalecerlo, porque es tratar de mejorar algo que ya se está haciendo bien”.
Actualmente, la entidad tiene una dotación de 71 personas.
- Ustedes tienen acceso al secreto bancario. ¿Eso se podría mejorar?
- Efectivamente, nosotros tenemos acceso al secreto bancario con autorización de un tribunal, pero eso tiene un costo desde el punto de vista de la oportunidad y del desgaste también del órgano jurisdiccional, tribunales o cortes, que son las que tienen que autorizar. Hay que ver hasta qué medida podemos ejercer con mayor flexibilidad la facultad que tiene la UAF, en este caso de poder pedir información complementaria a la que viene contenida en los reportes de operaciones sospechosas para poder hacer un trabajo más completo. Es necesario ir avanzando un poquito más en ese sentido y estamos trabajando para ver cómo podemos mejorar o fortalecer también el sistema de intercambio de información, no solamente en el ámbito del secreto bancario, sino desde el secreto tributario y de otra información que podamos obtener de distintas instituciones públicas.
10 mil reportes sospechosos y
8 mil los sujetos que informan
Los sectores que más reportan son las instituciones financieras, los bancos en particular.
El director de la UAF, Calos Pavez, explica al cierre del primer semestre el envío de reportes de operaciones sospechosas sigue subiendo. “Estamos casi en los 10 mil”, precisa.
De ese “gran número”, explica, se ha mantenido más o menos el mismo porcentaje -alrededor del 5%- de reportes de operaciones sospechosas de carácter irregular que son enviados al Ministerio Público. El año pasado de los 12 mil reportes recibidos el 5% también fue derivado a la fiscalía.
En la actualidad, el universo de sujetos obligados a informar supera los ocho mil, lo que implica un 2% de crecimiento, y la expectativa es que a partir de las iniciativas legales en carpeta, esa cifra probablemente “va a aumentar en forma considerable”, dice Pavez, junto con reforzar la necesidad de fortalecer institucionalmente a la UAF desde el punto de vista de su recurso humano y herramientas de apoyo.
Los sectores que más reportan son las instituciones financieras, los bancos en particular, desde el punto de vista de número de sujetos obligados y representan un número importante de reportes de operaciones sospechosas. Otro ámbito importante se relaciona con la actividad inmobiliaria, tanto gestores inmobiliarios como corredores de propiedad; mientras unos 2.500 son usuarios de Zona Franca.
Notarios y conservadores, así como casinos de juego, también “reportan un gran número de operaciones sospechosas”, señala Pavez.
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