El gobierno saliente durante los dos últimos años ha desplegado sus esfuerzos en el ámbito de las obras públicas a través de un aumento importante de los contratos suscritos durante este período, avances en la ejecución de proyectos de EFE y METRO, el destrabamiento de mejoras sustantivas en algunos proyectos y el empuje que se le ha dado a nuevas concesiones a través de un programa de relicitaciones de la segunda generación de vías principales y de algunos proyectos nuevos. , ha tenido un efecto importante, al punto que hoy el sector de la construcción cuenta con un nivel de empleo similar al de antes de la pandemia.
La voluntad política permitió destinar una cantidad relevante de recursos del presupuesto público y desplegar inversión privada para enfrentar el desafío que significaba evitar una caída mayor en la actividad económica ya muy golpeada por la pandemia y preparar al país para una próxima reactivación.
Catalina Binder, Abogada, miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Estamos ciertos que estas inversiones han contribuido a que Chile se encuentre entre los países de la OCDE que más rápido ha salido de la crisis. No obstante, estas son medidas puntuales y con un gran mérito, pero acotado. Para enfrentar y superar los desafíos que Chile tiene en infraestructura pública, debemos contar con esa voluntad política en forma sostenida y no ligada solo a la contingencia, que permita diseñar para nuestro país un plan nacional de infraestructura, que resuelva la falta de integración en la planificación, producto de la alta dispersión de agencias, que establezca mecanismos de coordinación, hoy inexistentes o inadecuados, que de estabilidad y certeza a la volatilidad que caracteriza las propuestas de políticas, imprimiendo una mirada de mediano y largo plazo, más allá del ciclo político.
Por otra parte, el gobierno saliente no logró disminuir en forma significativa las enormes brechas existentes en la dotación y calidad de la infraestructura no solo entre las distintas regiones del país, sino también respecto de los distintos sectores y comunas de una misma región.
Esta situación compromete al gobierno entrante a hacer un significativo esfuerzo por avanzar en la dotación de la infraestructura necesaria para nuestro desarrollo y nivelar las diferencias que han surgido como consecuencia de un crecimiento desigual, transformándolo en una herramienta para el desarrollo con equidad.
La evidente escases de recursos públicos para inversión producto de la fuerte caída en la actividad económica no puede ser una vez mas la justificación que limite el actuar. La Asociación Público Privada ha sido una exitosa herramienta para el avance en infraestructura en Chile, utilizada hace décadas e imitada a nivel regional. Este es el momento para profundizar en su institucionalidad, extendiéndola a otras áreas y también abarcando proyectos de menor envergadura.
Este esfuerzo debería también considerar un marco normativo que incorpore estándares modernos en materia de contratación, proyectos en los que su ejecución no se entrabe por falta de decisiones o por interpretaciones contradictorias, donde el interés de cada parte esté debidamente resguardado, y que sean el reflejo de una equilibrada colaboración de todos los actores.
Estos necesarios cambios, como expresión de una renovada colaboración público-privada, aumentarían la productividad, la sostenibilidad y pondrían a Chile en una posición de liderazgo en la región.
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