Por Gonzalo Cerda
El acuerdo que fue aprobado en 2009 por la Cámara de Diputados y que permitía que Chile se situara a la vanguardia de la protección de los derechos de propiedad respecto de las semillas modificadas, hoy está en tela de juicio.
Tras los recientes reparos que presentaron algunos senadores de la Concertación e independientes, a la ratificación del convenio internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Upov 91), la discusión se trasladará mañana al Tribunal Constitucional (TC).
Según el explicó a DF el miembro del TC, José Antonio Viera-Gallo, en la oportunidad se dará cuenta de este requerimiento y la entidad deberá resolver su admisibilidad el martes de la próxima semana.
Qué dice el convenio
En el marco de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos -que comenzó a regir en 2004- se estableció la necesidad de que nuestro país adhiriera al convenio Upov 91, el que fue incluido en el capítulo de Propiedad Intelectual de dicho acuerdo.
El convenio protege las obtenciones vegetales (modificaciones geneticas a semillas o variedades vegetales) que actúan como una suerte de patente estableciendo que cualquier persona puede inscribir y obtener derechos sobre una variedad vegetal.
A juicio de los parlamentarios, esta situación violaría los derechos constitucionales que poseen todos los chilenos ya que “el Estado debe promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
Según Viera-Gallo las disposiciones impugnadas se encuentran en los artículos referidos al derecho de propiedad sobre los privilegios del agricultor, la restricción a este privilegio que se aplica a semillas y cultivos adquiridos desde un obtentor que aún no ha dado sus respectivos frutos y semillas.
A lo anterior se suma el planteamiento del senador Jaime Quintana (PPD), quien advierte que este convenio impedirá que se continúe con un ciclo de “producción limpia” que es “la recolección de semillas de los años anteriores y utilizandolas en la siembra, situación que afectará directamente a los pueblos originarios, que no han sido consultados”.
Quintana agrega que esto “va a significar un grave perjuicio para la economía familiar campesina, fundamentalmente, lo que es la selección, intercambio, e incluso la comercialización, además de abrir las puertas al comercio de transgénicos y entregar una serie de condicionamientos para que las cuatro grandes multinacionales que tienen intereses en esta materia, se posicionen en el país”.
El otro camino que resta para evitar la aplicación del Upov 91, tal como lo explica el senador, es la discusión de la Ley de Obtentores Vegetales que debe ser presentada en paralelo a este convenio. En esta instancia, el parlamentario espera que la discusión se dé de manera “más responsable” y que sea el Congreso quien rechace este proyecto.
La cultura del “no”
Una postura abiertamente diferente tiene el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, quien subraya que en Chile “hay mucha gente que produce semillas, el INIA, don Erik Von Baer, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Talca, etc. no hay que ser una tremenda empresa para poder hacerlo”.
Mayol acusó que en esta discusión hay una cultura de “no”, lo que a su juicio, es algo preocupante porque “nosotros somos dirigentes gremiales, pero nos preocupa cuando el progreso del país y de nuestras actividades tienen sesgos que no son técnicos sino más bien políticos”.
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