El número de condenas judiciales por prácticas anti sindicales durante el primer semestre de 2014 es similar al del segundo semestre de 2013, según lo registra la nómina divulgada hoy por la Dirección del Trabajo, cumpliendo así con su deber permanente de proteger la actividad sindical de acciones que persigan desalentarla.
En efecto, según el jefe de la repartición, Christian Melis, durante el primer semestre del año 2014 los juzgados dictaron 14 sentencias condenatorias versus las 14 del segundo semestre del año pasado.
Las sentencias de los tribunales durante el primer semestre de 2014 significaron multas por 1.175 UTM, las que en su valor actual equivalen a $49.559.150.
En la nómina divulgada hoy se repiten empresas que en los últimos cuatro años han recibido condenadas por vulnerar de distintas formas el derecho a asociación de los trabajadores.
Una de ellas es la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM S.A.), dos de cuyas filiales fueron condenadas por prácticas antisindicales durante el segundo semestre de 2013.
Ahora SQM S.A. fue multada con 150 UTM por obstaculizar el funcionamiento del sindicato mediante amenazas de pérdidas de beneficios y por entorpecer la negociación colectiva, al condicionar el pago del bono de cumplimiento de metas al encontrarse las negociaciones colectivas anticipadas cerradas.
Además de las ya mencionadas, otras dos empresas de la lista actual también han sido condenadas otras veces.
Una de ellas es SCM Corporación de Desarrollo del Norte, esta vez condenada con una multa de 10 UTM por no pago de permisos sindicales. Durante el primer semestre de 2012 recibió dos condenas con multas de 100 UTM cada una por reemplazo ilegal durante una huelga y por no descontar la cuota sindical.
También es condenada nuevamente la Universidad del Mar, ahora con una multa de 50 UTM por separación ilegal de trabajador con fuero sindical. La anterior condena, en el segundo semestre de 2012, consistió en una multa de 40 UTM por no pago de una cuota sindical.
Durante los últimos cuatro años el 76% de las 317 denuncias que terminaron en condenas fue llevado a tribunales por la Dirección del Trabajo, tras formarse plena convicción de que sí constituían prácticas anti sindicales, previa investigación de las denuncias presentadas por organizaciones representativas de los trabajadores.
"La Ministra del Trabajo ha sido clara y tajante al respecto, y nosotros, en la Dirección del Trabajo, hemos dado instrucciones precisas a nuestros funcionarios para que en su labor diaria ayuden a promover los derechos colectivos, dentro de los cuales la libertad de asociación es primordial", expuso Melis.
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