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Publicado: Viernes 15 de junio de 2018 a las 11:03 hrs.
La senadora por Valparaíso, Isabel Allende Bussi, lamentó el cierre de la danesa Maersk Container Industry en San Antonio y advirtió que causará un conflicto social grave en ese puerto, según recoge radio Agricultura.
"Lamentamos esta decisión, pues son más de 1.200 trabajadores, quienes junto a sus respectivas familias se quedarán sin su principal fuente de ingresos. Es necesario que la empresa realice un esfuerzo y reevalúe su decisión", declaró la parlamentaria socialista.
Sobre las razones de esta medida, dijo que "podemos imaginar y hasta visibilizar la crisis, y la racionalización económica que vive la empresa, pero nos cuesta aceptar y entender un escenario tan drástico, que causará un conflicto social grave en San Antonio, del que el principal responsable sería la empresa".
Agregó que "de ser irreversible está determinación, el llamado es a que el empleador respete el compromiso que ha planteado en orden a pagar una indemnización mayor, cumpliendo cabalmente con todos los derechos que a los trabajadores les asiste frente a esta situación".
"De igual manera, la Dirección del Trabajo debe colocar especialmente y de manera exclusiva, los recursos humanos y técnicos, que garanticen y aseguren el efectivo respeto y protección de cada uno de los trabajadores afectados", añadió.
Finalmente, Isabel Allende señaló que siempre es posible encontrar alternativas y revisar estas decisiones económicas. Llamamos también, al Gobierno a que se ocupe y aplique los instrumentos que permitan aminorar los costos sociales que esto ocasionará".
La inmobiliaria ligada a Jorge Gálmez, que ya vendió 197 parcelas, anunció que evaluará el futuro de otras 75, a la espera del nuevo marco normativo de la ley de parcelaciones, actualmente en el Congreso.
El Consejo de Corfo define qué proyectos de investigación y desarrollo se financian con el dinero de los contratos de arriendo del Salar de Atacama. Hasta ahora, ambas compañías han entregado unos US$ 200 millones.
La medición también constató que el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo.