Un pronto desenlace podría tener la idea que comenzó a rondar en 2011, de construir un megapuerto en la zona central del país, donde las empresas portuarias de Valparaíso (EPV) y la de San Antonio (EPSA) desarrollaron sus proyectos, pero hasta el momento no existe una definición.
Incertidumbre que terminará dentro de los próximos meses, según el presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Carlos Álvarez, quien recalca que el hecho que los proyectos de desarrollo portuario en curso aseguren absorber la demanda por transferencias de carga marítimas para los próximos 10 años, no retrasa el proyecto de un Puerto de Gran Escala (PGE).
"Es un proyecto que, dependiendo cómo evolucione la carga y los tiempos de construcción, da cuenta de los requerimientos de 2023 o 2025", dice.
Comenta que el Ministerio de Transportes y las empresas portuarias de San Antonio y Valparaíso han trabajado intensamente para avanzar en los estudios de ingeniería necesarios para ese efecto. "El ministerio también está haciendo estudios de proyección de demanda e infraestructura complementaria para el complejo", señala.
"Si bien es una decisión que se toma a nivel de ministerio (la construcción del PGE), entiendo que los antecedentes necesarios para tomar la decisión estarán disponibles en los próximos meses", aclara.
La dimensión de esta iniciativa -que podría albergar entre tres a seis millones de Teus anuales- supera con creces cualquier instalación portuaria en Chile, por lo que podría ser atractiva para grandes operadores a nivel mundial, los que no están presentes en el mercado nacional.
Álvarez comenta que es una opción que participen grandes consorcios internacionales, pero desdramatiza el hecho de que no estén presenten en el país actualmente, como sí lo están en Perú, uno de los principales competidores en la región. "Estos han sido procesos abiertos, en los que se ha permitido la posibilidad de inversionistas extranjeros. Han sido sometidos a una competencia y eso quiere decir que lo están haciendo bien, lo que es una buena noticia para el país", opina.
¿Nuevas concesiones?
Pero no solo el PGE puede ser una oportunidad de inversión para los privados interesados en la infraestructura portuaria.
Aunque el presidente del SEP recalca que ya están en fase de construcción o pronta entrega terminales como Puerto Central (San Antonio), la extensión en 120 metros de uno de los terminales de TPS en Valparaíso, o las concesiones de Coquimbo y Talcahuano, siempre analizan llamar a nuevas licitaciones.
"En la medida en que se identifiquen requerimientos de demanda, tiene sentido poner en marcha procesos de concesión", sostiene.
"En Iquique, luego de la recuperación del molo (por el terremoto de 2014), se ha contemplado la posibilidad de poner en marcha un nuevo proceso de concesión. La primera tarea es reconstruirlo -lo que comenzaría el próximo año- y luego de eso se harán los estudios para definir si ponemos en marcha un proceso de concesión", comenta.
Fondo de infraestructura
El fondo de infraestructura planteado por el Ejecutivo para financiar obras productivas, entre las que se incluyen puertos, dice Álvarez, es una alternativa que se analizará en su momento para financiar las nuevas obras portuarias que impulse el SEP, ya que todavía "está en pañales".
"Habrá que evaluarlo, pero la decisión es práctica, luego de ver cuál es la cartera más razonable de proyectos que pueden realizarse, decidirán si se incluyes puertos o no (en el fondo)", opina.
Agrega que "si emergen nuevas inversiones, y si así se estima conveniente, pueden ser apoyadas por ese fondo, pero también es posible utilizar el esquema actual, en el que las concesiones son llamadas por el empresas portuarias del SEP, las que nunca han tenido mayores dificultades de levantar interés privado que financian 100% de la concesión (...) tampoco avizoramos problemas de financiamiento".
Gobierno corporativo
El Sistema de Empresas Públicas (SEP) será noticia dentro de los próximos meses cuando ingrese al Congreso un proyecto de ley de gobierno corporativo. El presidente del organismo, Carlos Álvarez, dice que si bien hoy se funciona de manera "bastante cercana" a las guías de la OCDE, su marco legal es todavía frágil.
Dice que el proyecto robustecerá la institución, lo que se traduciría, por ejemplo, en su transformación a servicio, que dependa del ministerio de Hacienda o Economía, secretarías de Estado que afinan en la iniciativa.
También incluiría un consejo directivo más estable en el tiempo, para que no cambien de gobierno a gobierno. "También, formalizar cosas que en la práctica hacemos, como establecer requisitos para los directores de las empresas", señala.
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