Para el veedor de Subus, Enrique Ortiz D’Amico, la propuesta que se votará este miércoles en el marco de la reestructuración judicial que hace la operadora del Transantiago, “es susceptible de ser cumplida, tomando en consideración las condiciones del deudor” y es “razonablemente conveniente para los acreedores”.
Así lo consigna en el informe que presentó ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, donde destaca sus recomendaciones.
Dice que la propuesta de pago está solventada por el flujo de caja entregado por la colombiana hasta el término de la concesión. Si bien considera una pérdida en el flujo de caja disponible para 2016 de $ 5.353 millones, eso se revierte en los años siguientes.
En este ítem se espera alcanzar $ 1.216 millones en 2017 de flujo positivo; $ 5.836 millones en 2018; y $3.238 millones y $ 4.925 millones para 2019 y 2020, respectivamente.
Lo anterior responde básicamente, explica, a que los ingresos que se proyectan en el flujo tienen variables estimadas como las validaciones, valor de tarifas, kilómetros recorridos y cumplimiento del plan operacional.
Recomendaciones
Ortiz recalca que “se hace estrictamente necesario desarrollar un plan de rebaja de costos tanto en el funcionamiento de la empresa, como del Plan Operacional actualmente vigente, de tal manera de optimizar los activos que tiene la deudora en dicho plan”.
Por ejemplo, la empresa proyecta una baja de las multas en 27 mil UF por cada año de vigencia de la concesión, lo que a su juicio, es una meta “poco agresiva si lo que se busca es pagar el 100% de las acreencias”.
Otro reparo que tiene el veedor ante la propuesta tiene que ver con la reserva para el finiquito de los trabajadores al término de la concesión, que contempla la retención de un 30% de lo que se obtenga en la Revisión Excepcional. Dicho monto, dice, podría resultar insuficiente.
“Una rebaja en los costos de funcionamiento de la empresa, un mejor adecuamiento de los activos a un nuevo plan de operaciones, y el resultado de la Revisión Excepcional deberá resultar en un mejoramiento del Ebitda de la empresa, y parece sensato reservar una parte de esa utilidad en la contingencia laboral”, indica.
El informe advierte que si bien los inmuebles no podrán ser vendidos hasta que termine la concesión, “lo anterior no obsta a que puedan indagarse modalidades de enajenación de estos bienes que supongan que éstos sigan sirviendo a la concesión, y al mismo tiempo satisfacer el legítimo derecho de los acreedores hipotecarios de ver pagados sus créditos”.
También hace recomendaciones relativas a las atribuciones del interventor y al Plan Operacional
Eventual liquidación
El veedor informó el monto probable de recuperación que le correspondería a los acreedores en caso que el acuerdo de reorganización no fuera aprobado. Esta estimación, consigna el documento, se hizo considerando que la empresa debe tener continuidad de sus operaciones, por lo tanto la liquidación de los bienes propiamente tal deberá realizarse después de agosto de 2020.
Así, la valoración de los activos de la operadora alcanza los $ 62.824 millones (ver tabla), donde más del 50% corresponde a los inmuebles de Subus.
En todo caso, en dicho periodo podría ser decretada la continuidad de giro, o la intervención por parte de un administrador provisional designado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
La propuesta
La propuesta que se votará el miércoles establece un plan de pago a sus acreedores que tienen deuda garantizada, la que totaliza $ 71.800 millones.
En primera instancia se pagarán amortizaciones por $ 14,9 mil millones en tres cuotas, partiendo en diciembre de 2018, con $ 6 mil millones; luego en diciembre de 2019 se pagarán otros $ 1.700 millones y, finalmente, otros $ 7.200 millones en agosto de 2020.
También se contempla una segunda fase de pagos, la cual estará supeditada al acuerdo que la empresa logre con el gobierno en la revisión excepcional, donde busca nuevos recursos económicos.
En el caso de los créditos que no tienen garantía ($ 19.781 millones), se especifica que aquellos proveedores con créditos inferiores a
US$ 5 millones tendrán su pago normal para facturas futuras, mientras que las facturas ya emitidas serán canceladas en los próximos 12 meses una vez ejecutada la reorganización. Los créditos superiores a los US$ 5 millones se pagarán de igual forma que los con garantías hipotecarias o prendarias.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
transantiago
