En la década de los 2000 comenzó a tomar forma la idea de renovar el Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría. En 2013, durante el primer Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, se oficializó el inicio del proceso de licitación bajo la modalidad de concesión.
US$ 400 millones es la inversión del proyecto
El cronograma original era simple. La construcción debía comenzar en 2015 y el recinto -cuya inversión alcanza los US$ 400 millones- abrir sus puertas en 2019. Sin embargo, los plazos se extendieron mucho más de lo previsto. Las obras comenzaron recién en 2019, el mismo año en que se suponía que el hospital debía estar operativo, con una nueva fecha de apertura proyectada para 2024. Pero un año después de ese plazo, el edificio sigue en construcción.
De acuerdo con los informes de estado mensual del proyecto publicados por la Dirección General de Concesiones (DGC), la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la Puesta en Servicio Definitiva (PSD) del hospital -a cargo del Consorcio de Salud Santiago Oriente, controlado por el grupo mexicano GIA y con participación del fondo BlackRock- se reprogramaron nuevamente. Ahora están previstas para enero de 2026 y enero de 2027, respectivamente.
¿Nuevos retrasos?
Durante estos años, la concesionaria ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos, como retrasos en el inicio de las obras, hallazgos arqueológicos, el estallido social y la pandemia.
A ello se sumó un nuevo contratiempo este año, relacionado con la conexión eléctrica a cargo de Enel. Según se informó en ese momento, la empresa de capitales italianos no concluyó las obras necesarias para la conexión definitiva, impidiendo la realización de pruebas previas esenciales para la puesta en marcha de los sistemas.
Este escenario -señaló el Ministerio de Obras Públicas (MOP)- fue uno de los factores que obligó a reprogramar el cronograma. Sin embargo, podría no ser el último ajuste.
En junio de este año, el MOP debía pagar una de las cuotas del subsidio fijo a la construcción, equivalente a unas UF 800 mil, condicionado a que el Inspector Fiscal validara un avance físico del 98%.
Pero esa meta no se alcanzó debido al contratiempo de las conexiones eléctricas. De acuerdo con el último informe disponible en la web de la DGC, a agosto de este año el progreso físico de la obra era de 96,15%, las instalaciones alcanzaban 95,64% y la arquitectura 97,65%.
La consecuencia fue inmediata. El pago del subsidio se postergó a noviembre, generando -según fuentes del sector- tensiones financieras dentro del proyecto. Esto habría obligado a la Constructora de Infraestructura de Chile (CICH), también ligada a GIA y encargada de las obras, a operar con un esquema de trabajo más limitado “por la falta de caja”, ralentizando el avance.
Actualmente, indicaron las mismas personas, el MOP y la concesionaria mantienen mesas de trabajo para evaluar un eventual reajuste presupuestario que permita retomar el ritmo de construcción. De no lograrse un acuerdo, el proyecto podría volver a sufrir nuevos atrasos.
Desde el MOP explicaron que “durante el período de construcción se contempla un próximo pago condicionado al cumplimiento del hito del 98% de avance, actualmente en revisión por la inspección fiscal y la comisión externa de peritos tasadores. Posteriormente, los siguientes pagos se efectuarán en la etapa de explotación, previo cumplimiento de todas las obligaciones contractuales”.
Sobre posibles retrasos, la cartera aseguró que se encuentran fiscalizando “permanentemente los avances y el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad concesionaria”.
Desde el consorcio, en tanto, no emitieron declaraciones.
Las distintas disputas que enfrenta la sociedad concesionaria contra el MOP
La relación entre el ministerio y la concesionaria no ha estado exenta de conflictos. En julio pasado, la sociedad a cargo del hospital llevó al MOP ante la Comisión Arbitral, buscando revertir unas multas impuestas por la DGC.
Según un documento al que accedió DF, las sanciones están relacionadas con movimientos de faena dentro de la obra y con diferencias en la conexión del cableado eléctrico, entre otras cosas. A la fecha, este proceso sigue en curso.
En paralelo, el consorcio acudió al Panel Técnico de Concesiones acusando que el Inspector Fiscal lo obligó a ejecutar obras no contempladas en el contrato -como ajustes en el sistema eléctrico, calderas, tabiques y movimientos de faena-, lo que habría implicado un mayor gasto para la concesionaria. Por ello, solicitó una compensación de UF 155.573 (alrededor de US$ 6,4 millones).
Sin embargo, la recomendación del Panel no fue tan favorable para la empresa, por lo que fuentes de la industria estiman que la disputa escalará a la Comisión Arbitral. Además, según se desprende de la discrepancia ingresada, la concesionaria dejó abierta la posibilidad de presentar un nuevo reclamo por los plazos adicionales que, según alegan, derivaron de estas obras extra.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Laura Guzmán
