La empresa Edyce Metalúrgica -autodenominada como la mayor fábrica de estructuras metálicas del país, ligada a la familia Rocco Quiroz- está en medio de un proceso para evitar la quiebra. Como parte de éste, la firma presentó una nueva propuesta de acuerdo de reorganización concursal a sus acreedores, la que, entre otros puntos, plantea un “potencial cambio de control”.
El proceso partió a fines del año pasado, cuando la compañía solicitó la apertura de un proceso de reorganización judicial, revelando pasivos por más de $ 33 mil millones, siendo sus principales acreedores el Banco Santander Chile, Hyundai Corporation y la Tesorería General.
Al justificar su decisión, la firma (asesorada por Ricardo Reveco, del estudio Carey) planteó: “La sociedad se ha visto afectada en los últimos años por una combinación de factores externos y coyunturales -entre ellos, la profunda crisis del sector de la construcción, la inexistencia de la inversión en proyectos mineros (principal fuente histórica de demanda) y el encarecimiento sostenido de los costos de operación, sumado a la desaceleración de la inversión pública y privada- que han impactado temporalmente su flujo operacional y rentabilidad".
Según informara, la compañía cuenta con 350 trabajadores y una capacidad instalada superior a 2.500 toneladas mensuales y un área industrial de más de 100 mil m2 en la comuna de Talcahuano.
“Edyce ha continuado adjudicándose los contratos existentes en los sectores de minería e infraestructura, lo que demuestra su sólida reputación técnica, capacidad operativa y competitividad incluso en un escenario económico más exigente”, dijo la compañía en su nueva propuesta de reorganización. “Junto con lo anterior, la empresa ha debido mantener operativos los equipos automatizados de última generación indispensables para producir mayores volúmenes para evitar su deterioro y estar preparados para enfrentar la reactivación de la demanda”, añadió.
En su propuesta a sus acreedores, planteó que sus objetivos, en términos generales, son: “pagar la totalidad de los créditos, reprogramando calendarios de pago de las acreencias”, “asegurar la continuidad operacional para efectos de generar nuevos ingresos y mantener su participación en el mercado”, “consolidar la reestructuración operacional de la compañía ya en curso” y “potencial cambio de control.
Luego, señaló que el acuerdo tendrá vigencia hasta lo primero que ocurra de entre los siguientes eventos: el pago de al menos el 45% del total de la deuda reorganizada; o el cambio de control de la empresa, lo que deberá ser aprobado por la comisión de acreedores y el interventor concursal.
Propuesta de modificaciones
Patricio Jamarne, veedor titular, emitió un informe sobre la fórmula plantea por la empresa. En éste, sostuvo: “Es importante destacar que sin perjuicio de que la propuesta señala como objetos propios de la misma la consolidación de la reestructuración de la compañía y un eventual cambio de control, son materias que no son reguladas por las disposiciones de la propuesta, y no se hace mayor mención a las mismas”.
Así las cosas, añadió, en caso de que dichos elementos sean parte fundamental del objeto de la propuesta “necesariamente deben ser tratados en la misma”.
En su escrito, además, el veedor sostuvo que en el escenario de una liquidación de la sociedad apenas se pagaría 76% de las acreencias garantizadas, sin que los prestamistas valistas tengan posibilidad de recuperar algo.
“Respecto de la conveniencia del ARJ (Acuerdo de Reorganización Judicial), es del parecer de este veedor que resulta notoria la conveniencia de un acuerdo por sobre una liquidación”, sostuvo Jamarme, quien precisó que “en términos generales la propuesta de acuerdo de reorganización judicial, se encuentra conforme a derecho, sin perjuicio de las modificaciones que este veedor estima que deben efectuarse”.
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