Sigue y crece la polémica por la compra de CGE por parte de la gigante estatal china State Grid, y cada vez son más los actores que se suman al debate, esta vez siendo el turno de los senadores Rodrigo Galilea (RN) y Felipe Harboe (PPD).
En una carta publicada por El Mercurio, los parlamentarios plantean que la concentración resultante de la compra -que implicaría que los chinos tengan el 52,4% de los clientes de distribución eléctrica, equivalentes a 3,7 millones de personas- no es el único problema.
Harboe y Galilea -que señalan que la transacción avaluada en US$ 3 mil millones es la mayor operación del 2020-, alertan que la firma es estatal, con lo que quien adquiere los porcentajes de la distribución eléctrica es el gobierno del país, que además recuerdan que es el principal destino de las exportaciones nacionales.
"No se trata entonces de una mera operación de cambio de mano de una empresa con gran presencia en la industria eléctrica nacional, sino de la acumulación mayoritaria de la distribución de un servicio esencial y estratégico en manos de otro Estado", dice la carta.
En línea con ello, los parlamentarios afirman que no es conveniente para los intereses nacionales que se materialice dicha operación, ya que aseguran que "deja a Chile en una situación de potencial fragilidad ante un Estado económicamente muy poderoso y con enorme influencia geopolítica".
Además, advierten que Chile podría "comprometer su potestad regulatoria en materia de fijación de tarifas eléctricas", pues al tratarse de una empresa de capitales estatales chinos, el país podría -eventualmente- "condicionar la compra de productos nacionales a la fijación de tarifas convenientes a sus intereses".
Los senadores indican que en Estados Unidos el Comité de Inversiones Extranjeras revisa y autoriza ciertas transacciones comerciales cuando involucran inversiones externas, para "anticipar posibles efectos en la seguridad interior del Estado".
Así, sugieren que Chile debería implementar un modelo similar, "permitiendo que la autoridad pública tenga voz vinculante cuando se trate de la adquisición -por capitales foráneos- de servicios básicos o esenciales que puedan poner en riesgo la seguridad nacional".
Pero, mientras eso no ocurra y ante la situación actual, dicen que la Fiscalía Nacional Económica debe revisar y emitir una opinión antes de que se realice la transacción, al menos en lo que respecta a "los porcentajes de concentración del mercado de la distribución eléctrica, su posición dominante y los riesgos para la libre competencia", dice la misiva.
Ante esto, proponen avanzar en una "ley express" que justamente cree una institucionalidad similar a la estadounidense.
Los parlamentarios también plantean que esta situación podría provocar conflictos políticos entre ambos estados, que hasta ahora tienen buenas relaciones diplomáticas y también de cooperación pública-privada.
Pero, según la carta, "una eventual desavenencia entre el regulador (Estado de Chile) y el regulado (State Grid) podría devenir en un conflicto político y diplomático", que no necesariamente implicaría que la venta no se lleve a cabo.
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