Un nuevo conflicto se abrió para Codelco. A la mediática disputa que enfrenta con la Chilena Consolidada, ahora se suma un litigio con la eléctrica Colbún. La empresa generadora -ligada al grupo Matte y que abastece de energía a la minera estatal- busca traspasarle el costo del denominado impuesto verde, gravamen a la emisión de contaminantes de fuentes fijas.
En diciembre pasado, Colbún inició un procedimiento arbitral previsto en el Contrato de Compraventa de Electricidad con Codelco de enero 2010, para obtener de parte de esa empresa el reembolso del pago de impuesto a las emisiones de los años 2017 y 2018, así como sus periodos siguientes. Codelco solicitó el mismo procedimiento para resolver aspectos vinculados a dicha transacción.
Los procesos se encuentran en su etapa inicial, estando constituido el Tribunal Arbitral y las demandas en proceso de presentación, según informó Colbún en sus últimos resultados. “La administración en base a los antecedentes y opiniones de expertos disponibles a esta fecha, estima razonablemente un resultado favorable y que en definitiva el cliente debiera reembolsar los valores demandados”, señaló la eléctrica.
Ambas compañías declinaron referirse al tema. No obstante, fuentes conocedoras del proceso afirman que el arbitraje involucra varios millones de dólares.
Las compañías firmaron dos contratos de suministro en enero de 2010, con lo cual la minera estatal aseguró energía para el largo plazo. Uno es a quince años, por 176 MW, vigente hasta diciembre de 2029 y otro a 30 años, por 334 MW, que concluye en diciembre de 2044. Ambos acuerdos son para abastecer las divisiones de la zona central de la estatal: Salvador, Andina, El Teniente y Ventanas.
Según los estados financieros de Codelco a septiembre de 2019, el segundo contrato se basa en la producción de energía proveniente de la central térmica Santa María de propiedad de Colbún, por lo que su insumo principal es el carbón.
¿Quién paga?
En 2017, las empresas eléctricas pagaron US$ 171 millones en impuestos verdes, mientras que en 2018 la cifra se elevó hasta los US$ 176,6 millones. De ahí que se abriera una disputa entre mineras y eléctricas por quién se hace cargo de ese costo.
En diciembre de 2017, Angamos –filial de AES Gener- presentó dos demandas arbitrales bajo los contratos de compraventa de energía suscritos por la eléctrica con Minera Escondida y Spence, ambos de marzo de 2008, por diferencias surgidas entre las partes relativas a la aplicación de las cláusulas que regulan el impuesto que grava las emisiones provenientes de fuentes fijas.
Las mineras contestaron la acción e interpusieron una demanda reconvencional requiriendo el término anticipado del contrato, fundamentando dicha solicitud en pretendidos incumplimientos por parte de Angamos. Según los estados financieros de Aes Gener a septiembre de 2019, actualmente se encuentra vencido el término probatorio, aunque todavía quedan pendientes ciertos peritajes.
SQM, en abril de 2017, presentó demandas arbitrales en relación a los contratos de compraventa de energía suscritos con Empresa Eléctrica Cochrane, de febrero de 2013, y con AES Gener y Empresa Eléctrica Cochrane, de marzo de 2012.
La minera solicitó al tribunal arbitral que declare que el impuesto verde no constituye una Nueva Exigencia Regulatoria, por lo que a su juicio no deben ser considerados para efectos del cálculo del precio de la energía contratada. Se esperaba que el proceso se resolviera en el último trimestre de 2019.
Casi en paralelo, AES Gener y Eléctrica Cochrane presentaron dos solicitudes de arbitraje, también por los contratos con SQM de marzo de 2012 y febrero de 2013, respectivamente, por diferencias al impuesto verde. En agosto del año pasado se realizó la audiencia de alegatos finales, y se esperaba la decisión del panel arbitral también para el último trimestre del año pasado.
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